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Por CAROLINA JACKY / En el mundo de las ciencias jurídicas, por lo menos dentro de la República Argentina, existe un desprecio por todo lo referido al derecho de las mujeres a tener una vida sin violencia.
Desprecio por darle el lugar que le corresponde a esta nueva materia, que para algunos podría llegar a ser una rama del derecho que atraviesa a las dos ya existentes, la pública y la privada. Un atrevimiento de mi parte darle este lugar, pero una idea a la que adhiero fervientemente.

A muy pocos les interesa estudiar y capacitarse en perspectiva de género, y muy poco en aquello que signifique concederle derechos especiales a la mujer a fin de lograr la igualdad y equidad que se necesita como cambio cultural.
No existe como materia en las Facultades de Derecho, y menos se capacita como debiera a todos los operadores.

Poco importa que Naciones Unidas haya declarado “PANDEMIA” a la violencia de género, poco importa que existan Convenciones Internacionales expresamente dedicadas a esta temática, y mucho menos que tengamos una ley nacional, especial de orden público.
Por alguna razón muy pocos son los que estudian como materia el tema de la “violencia de género”.
Si a todo esto todavía le agregamos los fundamentalistas que involucran todo este cuerpo de normas jurídicas dentro del invento que llaman “ideología de género”, bueno, muy difícilmente podrán juzgar conforme a derecho, defender conforme a derecho o querellar conforme a derecho.

Los resultados, en los casos concretos no pueden terminar en otra forma que en fracaso, lo que significa una falta total de respuesta adecuada a la víctima.

Hasta nuestros legisladores, a la hora de introducir la figura del femicidio en nuestro Código Penal, cometieron sus errores.
Quienes de derecho penal algo saben, reconocerán que introducir el término “violencia de género” en el inc. 11 del art. 80, trajo sus complicaciones.

Ahora veamos nuestro Código Penal y 4 incisos del artículo 80 que agravan el homicidio con la pena máxima (35 años), dice este artículo: “Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare: 1º A su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge, o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia; 4º Por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión; 11° A una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género y 12° Con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación en los términos del inciso 1°.”

Lo importante a tener en cuenta es lo que el artículo 80 nos dice al final, y que marca una diferencia frente a cualquier homicidio agravado, de aquel producido en un contexto de violencia contra la mujer. Así es como nos dice: “Cuando en el caso del inciso 1° de este artículo, mediaren circunstancias extraordinarias de atenuación, el juez podrá aplicar prisión o reclusión de ocho (8) a veinticinco (25) años. Esto no será aplicable a quien anteriormente hubiera realizado actos de violencia contra la mujer víctima.”

Como se puede apreciar, el femicidio tiene una característica muy importante, LA PENA NO PUEDE REDUCIRSE, NO PUEDE ATENUARSE.
En los otros homicidios agravados se puede conseguir un atenuación de la pena, por lo que si la defensa consigue un cambio de calificación pasamos de 35 años de cumplimiento efectivo a de 8 a 25 años, UNA IMPORTANTE DIFERENCIA para quien está acusado, y ni hablar para los familiares de la víctima.

Sobre el femicida pende una condena de 35 años, sí o sí, y sin posibilidad de reducción, su destino será pasar 35 años en prisión.
Distinto es el caso de cualquier otro homicida, tiene alternativas, tiene posibilidades, tiene esperanzas.

¿Se puede valorar igual el conceder una prisión domiciliaria de quien tiene ante sí una posible condena por femicidio, respecto al que solo lo tiene por un homicidio agravado donde no se da el presupuesto de existencia de violencia contra la mujer víctima?

Las posibilidades de profugarse, por más fianza que se imponga, son reales, ya que en esa condición “la libertad no tiene precio”.

Este es solo un punto para que se entienda las diferencias que existen en materia de violencia de género.

Esta es una, pero hay muchas más consideraciones para hacer en estos casos y que ameritan trabajar en equipo y en forma interdisciplinaria durante todo el proceso.
Quien no trabaje en equipo, con especialistas con experiencia en la materia, con peritos de control en cada paso e instancia que se requiera, va destinado al fracaso.

Hasta que todos no entendamos que nos encontramos ante un NUEVO PARADIGMA, los errores se pagaran caro.

#NI UNA MENOS

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