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La compra del predio del Instituto Próvolo por parte del Municipio de Luján generó una fuerte polémica en la provincia. Por mayoría, en el Concejo Deliberante se autorizó la compra, pero hubo dos concejales que se opusieron, uno de ellos es Nicolás Córdoba del FIT que presentó una denuncia en Fiscalía de Estado. Por otro lado, la concejala Paloma Scalco pidió frenar la operación comercial.

“La situación nos hace ruido, inició y salió en el mismo día, no cuenta con una declaración de impacto ambiental, el bien no ha sido tasado. El Estado está para otra cosa, gobernar para el bien común, no para hacer negocios privados”, dijo la concejala Paloma Scalco.

“Que el municipio negocie con el comisario apostólico Bochatey va e n contra de un deseo generalizado de nuestro país que es la separación de Iglesia y Estado”, añadió la dirigente del FIT Soledad Sosa.

“El fiscal de Estado tiene que investigar cómo se sancionó la ordenanza y la cuestión contractual, ver si hay perjuicio para el erario público”, consideró el abogado Carlos Lombardi.

“Se considera que vale $700 millones y se va a pagar $153 millones, lo que implica que esta institución se está vaciando y la municipalidad cumple un rol de cómplice”, agregó el concejal Nicolás Córdoba.

El fiscal de Estado Fernando Simón dijo que va a analizar el procedimiento legal y administrativo y si el valor pautado es razonable o no.

En tanto los abogados querellantes que representan a las víctimas de abusos sexuales en el instituto presentaron una cautelar para embargar el inmueble. “El predio no puede ser modificado, sigue estando judicializado. No se notificó la operación de venta que era una de las obligaciones que tenía la obra San José”, aclaró el abogado Oscar Barrera.

“Nadie sabe lo que van a decir 201 personas más, qué pasa si dicen me violaron en el baño de arriba, en el baño de abajo y en el parquizado  y lo rompen. Es una prueba menos”, añadió el abogado Sergio Salinas.

Por su parte Alberto Bochatey argumentó una situación económicamente desesperante para vender el predio. Manifestó que no reciben ingresos y tienen que hacer frente a demandas laborales de docentes, no docentes y personal de maestranza.

La mamá de una de las denunciantes Paola González dijo “qué se puede festejar ahí donde nuestros chicos pasaron horrores por años con complicidad de muchos. Si ya 29 de los sobrevivientes han declarado y la defensa se encarga de decir una y otra vez que mienten. Ahora que no va a estar el predio cómo hacemos”.