Seleccionar página

Por primera vez gremialistas, empresarios y contratistas del Estado serán parte del sistema de control para evaluar el crecimiento patrimonial que tienen. Hoy entra en vigencia el nuevo sistema de declaraciones juradas para, que ahora incluye al sector privado que hace negocios con el Estado. 

El gobierno provincial puso en vigencia el nuevo régimen de Declaraciones Juradas, que controlará el patrimonio -además de los funcionarios del Gobierno como se viene haciendo- de empresarios proveedores del Estado y autoridades de organizaciones sindicales, a través de la nueva oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública, a cargo de Gabriel Balsells Miró.

A través del decreto 1303 del Boletín Oficial, se dispuso la conformación del “listado de titulares de concesiones de servicios públicos y contratistas proveedores, conforme registros del Sistema SIDICO, que en el año calendario anterior hubieran sido titulares de contrataciones otorgadas por los organismos que conforman el Sector Público Provincial”, que involucra también a los titulares de la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM), la Empresa Mendocina de Energía S.A.(EMESA) y el Fondo Provincial para la Transformación y el Crecimiento.

Las DDJJ serán cargadas en la web y la información oficial de esa dependencia estará tambén en la página oficial: https://eticapublica.mendoza.gov.ar/

A la lista se agregan los tres poderes del Estado, los organismos descentralizados y autárquicos, los municipios y todos aquellos vinculados a las cuentas del Estado.

Estos son los funcionarios que deberán presentar las DDJJ: 

  • El Gobernador y la Vicegobernadora de la Provincia de Mendoza, los Ministros/as, Secretarios/as, Subsecretarios/as, Jefes/as de Gabinete, Directores/as, Directores/as del Poder Ejecutivo, y los titulares de los entes descentralizados.
  • Los Diputados/as y Senadores/as de la Provincia de Mendoza, Secretarios/as y Directores/as Generales del Poder Legislativo Provincial.
  • Los miembros de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Defensor/a General de la Provincia, el/la Procurador/a General de la Corte, el/la Administrador/ra de la Suprema Corte de Justicia, el/la Administrador/ra Financiero del Ministerio Público Fiscal y el o la responsable de Contabilidad y Finanzas del Ministerio Público de la Defensa y Pupilar, los/as Camaristas, Jueces, Conjueces, Fiscales y Defensores; y los/las Adjuntos/tas, Secretarios/as y Prosecretarios/as de todos los organismos mencionados o cargos equivalentes;
  • Los/las Intendentes Municipales, Secretarios/as y Directores/as de las Municipalidades; Contador/a general, Tesorero/a, Asesor/a Legal de Intendencia, Apoderados/as del Municipio, Subsecretarios/as.
  • Los/las Concejales, Secretarios/as y Directores/as Generales de los Concejos Deliberantes municipales.
  • El Fiscal de Estado, como así también todo el personal con categoría no inferior a director o equivalente de dicho organismo.
  • El Director General de Escuelas de la Provincia de Mendoza como así también todo el personal con categoría no inferior a director o equivalente de dicho organismo.
  • El Superintendente General de Irrigación y los Consejeros del Honorable Tribunal Administrativo, como así también todo el personal con categoría no inferior a director o equivalente de dichos organismos.
  • Toda persona que integre comisiones de evaluación de ofertas o de adjudicación en licitaciones públicas o privadas, de compra o contratación de bienes o servicios en que intervenga la Provincia de Mendoza, o que administre patrimonio público o maneje fondos públicos y funcionarios que tengan responsabilidad ante el Tribunal de Cuentas.
  • Los miembros del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza, como así también todo el personal con categoría no inferior a director o equivalente de dicho organismo.
  • Los/las directivos/as, síndicos e integrantes de los directorios de los organismos descentralizados, entidades autárquicas, las empresas y sociedades del Estado incluidas las sociedades anónimas unipersonales, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones, donde el Estado provincial tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias.
  • El Jefe de la Policía de Mendoza y los/las funcionarios/as policiales de la misma con el rango de Subcomisario/a o superior. En el caso del Servicio Penitenciario, funcionarios con cargo de Director/a y Subdirector/a.
  • El Director General de las Policías de Mendoza y Subdirector/a, los/las funcionarios/as policiales de la misma con el rango de oficiales superiores y los/las oficiales, jefes/as de las policías de Mendoza. En el caso de los servicios penitenciarios funcionarios/as con cargo de director/a y/o subdirector/a, los/las prefectos/as generales, los prefectos/as y los/las alcaides mayores del servicio penitenciario provincial.
  • Escribano/a General de Gobierno y su sustituto legal;
  • Tesorero/a General de la Provincia y su sustituto legal;
  • Asesor/a de Gobierno y su sustituto legal;
  • Contador/a General de la Provincia y su sustituto legal;
  • Auditores/a comprendidos en la Ley Nº 8706; y
  • Auditor y Directores de la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública.
  • Los Sindicatos y los Proveedores del Estado Están También comprendidos en el Régimen de Declaraciones Juradas PatrimonialesLas Autoridades de organizaciones sindicales con o sin personería gremial que ostenten la representación de empleados de los Poderes del Estado Provincial y/o Municipal, sus entes descentralizados y demás organismos públicos enumerados en el presente artículo, empresas, sociedades y otros entes del Estado o con participación estatal.
  • Todo miembro de organizaciones sindicales que perciban el pago de su licencia gremial por parte del Estado.
  • Proveedores y Contratistas
  • Las personas humanas y las personas jurídicas privadas, nacionales y extranjeras, que sean titulares de concesiones de servicios públicos.
  • Las personas humanas y las personas jurídicas privadas, nacionales y extranjeras que sean contratadas por los organismos que conforman el Sector Público Provincial (refiere el Art. 4° de la Ley Nº 8.706), cuyo monto de contratación supere en su conjunto la cantidad de sesenta (60) veces el monto máximo para contratación directa que fije anualmente la Ley General de Presupuesto.
  • Deberán presentar la declaración jurada dentro de los sesenta (60) días de la adjudicación y de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.