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Es lo que se promueve, con el proyecto de modificación de la DINAF, que pasará a llamarse Dirección General de Protección de Derechos de las Personas Menores de Edad. La propuesta plantea como novedad la creación de Equipos Técnicos Interdisciplinarios.

El Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes a través de la Subsecretaría de Desarrollo Social, trabaja en la creación de la Dirección General de Protección de Derechos de las Personas Menores de Edad como ente descentralizado, en lugar de la actual Dinaf.

El proyecto tiene por objetivo definir las incumbencias y acelerar los procedimientos administrativos, promoviendo un abordaje integral y un cambio de paradigma en cuanto a la promoción, protección y restitución de los derechos de las personas menores de edad.

Estas modificaciones se encuentran vinculadas a los objetivos propuestos por el Gobernador Alfredo Cornejo, para lograr abordajes y soluciones integrales a las problemáticas de familia y las personas menores de edad, a través del proyecto del Código Procesal de Familia y del Régimen Jurídico de Protección de las Personas Menores de Edad (ReJuProMen).

De esta manera se busca ordenar y agilizar los procedimientos, distribuir y fijar roles claros de cada actor involucrado, desarrollar acciones de cada área y Poder interviniente, el dictado de protocolos de acción y el trabajo de manera interdisciplinaria, entre otras modificaciones.

La propuesta se enmarca en los preceptos establecidos en la Ley Nacional 26061de protección integral de derechos de las niñas, niños y adolescentes, la Constitución Nacional, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, los Tratados Internacionales, el Código Civil y Comercial de la Nación y la legislación nacional.

Esto permitirá regular la protección integral de las personas menores de edad como sujetos principales de sus derechos y que las políticas públicas se orienten a la contención de los  menores en el núcleo familiar, prioritariamente, para lo cual el Estado implementará planes de prevención, promoción, asistencia e inserción social, arbitrando los medios necesarios para asegurar la protección y cuidado de los mismos a través de sus instituciones.

Además, promueve la corresponsabilidad que tienen la familia y los organismos del Estado para asegurar el pleno desarrollo de las personas menores para que puedan gozar de una vida plena y digna. Determina que el Estado debe establecer, controlar y garantizar el cumplimiento de las políticas públicas y la adopción de acciones y medidas de protección de derechos a través de sus distintos organismos.

“Estamos modificando la actual DINAF con la creación de una Dirección General de Protección a Menores de Edad que funcionaría como una unidad organizativa y un órgano descentralizado para agilizar los procesos administrativos. Además, va a modificarse algo fundamental en su organigrama donde las OAL pasarán a llamar ETI – Equipos Técnicos Interdisciplinarios- con los cuales queremos que ese mismo equipo acompañe al niño en los distintos abordajes y estamentos estatales hasta el final”, expresó la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Elizabeth Crescitelli.

El Estado priorizará sus recursos humanos, materiales y financieros para garantizar a las personas menores de edad la protección y el auxilio en cualquier circunstancia, la preferencia en la formulación y ejecución de las políticas sociales, educativas y de salud. Asimismo, estipula que el incumplimiento de los deberes establecidos, podrán ser sancionados por omisión de los deberes a su cargo.

En este sentido, la ministra destacó: “No se modificarán los recursos humanos y confiamos que nuestros legisladores nos den la posibilidad de contar con esta ley como una herramienta integral e integradora para la protección y también hacer corresponsables a los distintos estamentos del Estado, asociaciones civiles y familias para proteger a nuestros niños y asegurarles el pleno desarrollo de su personalidad y el goce de una vida plena y digna”.

Nuevo paradigma, nuevo organigrama

La Dirección General de Protección de Derechos de las Personas Menores de Edad tendrá a su cargo la Dirección de Cuidados Alternativos que estará conformada por un director, profesionales en materia de niñez, adolescencia y familia, y personal auxiliar de apoyo necesario para su funcionamiento, para brindar alojamiento alternativo y temporal a quienes se encuentran separadas de su familia de origen por haberse adoptado medidas de protección excepcional de derechos.

También contará con el Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia, constituido como un cuerpo de carácter consultivo y de asesoramiento no vinculante en cuanto a la promoción y protección de derechos de las personas menores de edad.

Y finalmente, la Dirección de Protección y Restitución de Derechos, que tendrá como objetivo intervenir en las situaciones de amenaza, vulneración o violación de los derechos de las personas menores de edad, a fin de restituirlos en el pleno ejercicio y goce de sus derechos, para lo cual podrá adoptar medidas de protección integral o excepcional propiamente dichas.

Esta dirección contendrá al Centro de Desarrollo Infantil y Familiar, los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y los Equipos Técnicos Interdisciplinarios.

Desde los Centros de Desarrollo Infantil y Familiar se preverá espacios de atención integral de personas menores de edad de hasta 12 años, ubicados en las zonas de mayor vulnerabilidad socioeconómica. La idea de estos espacios es acompañar en el crecimiento en acciones específicas como el cuidado infantil, el apoyo nutricional y escolar, la implementación de talleres para padres y el apoyo a familias que por situación de vulnerabilidad socioeconómica lo requieran.

Desde los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), se brindará atención integral a menores de edad de hasta 4 años, con el objetivo de garantizar el crecimiento y el desarrollo saludable de estas personas en situación de vulnerabilidad social.

Mediante la actuación de Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI) se promueve un abordaje integral y sostenido de cada caso, mediante delegaciones de gestión territoriales en cada departamento. Cada ETI departamental estará a cargo de un responsable e integrado por profesionales con título habilitante en materia de minoridad y familia y por los equipos de apoyo necesarios.