Los funcionarios brindaron asistencia a 17 ciudadanos que se hallaban en condiciones de vulnerabilidad

En las últimas horas, autoridades llevaron a cabo un operativo de allanamiento en una finca ubicada en la provincia de Mendoza en el contexto de una investigación por presunta trata de personas con el propósito de explotación laboral.

La pesquisa se inició tras una denuncia que fue tramitada judicialmente, y el magistrado a cargo ordenó la intervención del personal de Gendarmería Nacional. Como resultado de las diligencias previas, se emitió una orden de allanamiento específicamente dirigida a una propiedad en Lavalle.
El operativo contó con la participación de agentes de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Mendoza”, con el respaldo del Escuadrón 64 “Mendoza”. Asimismo, se sumaron representantes de la Agencia Territorial Mendoza del Ministerio de Capital Humano de la Nación, expertos del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas del Delito de Trata, así como referentes locales del RENATRE, UATRE y el Equipo Técnico Interdisciplinario de Lavalle.
Dada la extensión de la finca, el equipo interinstitucional dividió su labor en dos sectores: uno compuesto por dos grandes galpones, ocho habitaciones y tres viviendas con tres baños, y otro que incluía ocho viviendas y dos baños de uso común.

Presunta trata de personas con fines de explotación laboral

Durante la inspección, se constataron condiciones de vulnerabilidad y precariedad en términos de habitabilidad e higiene.
Se llevaron a cabo entrevistas y se realizó un relevamiento de datos con un total de 14 hombres y 3 mujeres, quienes se presumía podrían ser víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral.
La medida judicial fue emitida por el Juzgado Federal Nro. 1, Secretaría Penal “A” de Mendoza, con la intervención de la Fiscalía Federal Nro 1.
Este operativo marca el quinto accionar de la Unidad de Investigación de Gendarmería Nacional, sumándose a dos allanamientos previos en marzo, uno en abril y dos en mayo. En total, 84 personas recibieron asistencia en relación a casos judiciales por presunta trata de personas con fines de explotación laboral.