Tras la implementación del nuevo esquema de control carcelario, tres agentes penitenciarios fueron detectados intentando ingresar drogas a distintos penales en la provincia de Mendoza por lo que se endurecieron los controles en las cárceles.

La implementación del nuevo Sistema Único de Ingreso en las unidades penitenciarias de Mendoza ya arroja resultados concretos: en solo una semana, tres agentes penitenciarios fueron detectados intentando ingresar drogas a diferentes penales de la provincia. La medida, impulsada por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, junto al Servicio Penitenciario, forma parte de una estrategia integral para reforzar los controles y mejorar la seguridad intramuros. 

El plan, presentado el 1 de abril por el Gobernador Alfredo Cornejo y la ministra Rus, incluye cuatro pilares fundamentales: el control unificado de accesos, el bloqueo selectivo de señales de celulares, un nuevo sistema de videovigilancia y la incorporación de equipos de radiocomunicación. Esta política de seguridad penitenciaria busca prevenir el ingreso de elementos prohibidos y cortar los vínculos ilegales entre internos y personas externas o personal del sistema. 

En este marco, los controles permitieron detectar el 25 de julio, durante un procedimiento de rutina en el Complejo Penitenciario Boulogne Sur Mer, a un agente que ocultaba un bulto entre sus partes íntimas. La inspección determinó que se trataba de más de un kilo de marihuana. Días después, el 31 de julio, por la mañana, el nuevo sistema de ingreso en el penal de San Felipe permitió interceptar a otro penitenciario que transportaba una pequeña cantidad de cocaína. Ese mismo día, por la tarde, nuevamente en Boulogne Sur Mer, un tercer agente fue sorprendido al intentar ingresar 108 gramos de marihuana. 

“El sistema de acceso único es similar al que se utiliza en los aeropuertos. Toda persona que ingresa a la cárcel, sin importar su rango o función, debe pasar por controles con detectores de metales, registro fílmico y palpado físico. El objetivo es garantizar que no se introduzcan elementos prohibidos o restringidos. Un celular, por ejemplo, es de uso habitual en la vía pública, pero dentro de una unidad penitenciaria es un objeto prohibido”, explicó Eduardo Orellana, titular del Servicio Penitenciario. 

Orellana también remarcó que estos sistemas de acceso diferenciados se pusieron en marcha con la anuencia del Gobernador y permiten identificar no solo posibles ingresos de sustancias ilegales sino también vehículos o personas que puedan representar un riesgo para la seguridad del sistema. “Estas medidas refuerzan el trabajo de inteligencia previo que se realiza sobre los trabajadores y los visitantes ocasionales. En ese contexto, en los últimos días se detectó a tres funcionarios penitenciarios que intentaban vulnerar el sistema ingresando droga”, señaló. 

Además, el funcionario destacó el rol de la ministra Rus en la decisión de retirar los teléfonos celulares de las cárceles, una medida excepcional que había sido habilitada durante la pandemia de COVID-19. “La pandemia trajo consigo un problema de seguridad: no se podían realizar requisas ni controles biométricos, lo que derivó en situaciones irregulares. Con la vuelta a la normalidad, estos controles permiten detectar a quienes lamentablemente se apartaron del camino profesional”, afirmó. 

Con esta nueva etapa de control reforzado, el Servicio Penitenciario apunta a consolidar un sistema más seguro, transparente y profesional. “El trabajo sigue siendo el mismo: más requisas, más control, más uso de tecnología y más análisis de lo que ocurre. El objetivo es fortalecer la seguridad penitenciaria en los penales para que esto no influya negativamente en la vida de los ciudadanos libres”, concluyó Orellana.