Agentes de la dictadura de Augusto Pinochet asesinaron hace 45 años (el 30 de septiembre de 1974) en Buenos Aires al general chileno Carlos Prats y a su esposa, Sofía Cuthberth, al detonar una poderosa bomba colocada en el auto en el que se trasladaba el matrimonio cuando retornaba a su casa ubicada en el barrio de Palermo.
Ese atentado constituyó el prólogo de lo que sería el Plan Cóndor, la coordinación represiva desarrollada a partir de 1975 por los regímenes militares de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, y a la que luego se sumarían las dictaduras de Ecuador y Perú.
Prats asumió la conducción del Ejército chileno en 1970, tras el asesinato del general René Schneider, perpetrado por un grupo de ultraderecha que buscaba con ese magnicidio crear un clima de conmoción que impidiera la asunción de Salvador Allende como primer presidente socialista de América latina que se imponía en elecciones libres.
Días después, Allende fue ratificado como presidente de Chile por el Congreso del país, y en una de sus primeras medidas ratificó la continuidad de Prats, designado por Eduardo Frei Montalva, el mandatario saliente.
Como Schneider, Prats se comprometió a seguir una política de compromiso con la institucionalidad y mantuvo fidelidad con este principio a lo largo del gobierno de Allende, durante el cual sofocó el levantamiento militar del “Tanquetazo”, el 29 de junio de 1973.
Pero el creciente clima de desestabilización que sufría el gobierno de Allende y malestar que generó en los mandos del Ejército que asumiera como ministro de Defensa, lo obligaron a renunciar a la comandancia y recomendar a Pinochet como sucesor.
El 11 de septiembre, a menos de un mes de haber asumido como jefe del Ejército, Pinochet encabezó un golpe de Estado en el que Allende murió, y Prats decidió dejar el país y buscar refugio en Argentina, donde fue recibido por Juan Domingo Perón, quien días más tarde sería electo Presidente por tercera vez.
En Buenos Aires, se alojó en una vivienda ubicada en la calle Malabia al 3300 y encontró trabajo en el sector privado, pero se sentía vigilado y le había confesado a varias personas de su círculo íntimo que había recibido amenazas.
Manuel Contreras, jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) – principal impulsor del Plan Cóndor- ordenó el asesinato de Prats en Buenos Aires, en la convicción de que el general exiliado podía ponerse al frente de una sublevación contra Pinochet.
El agente estadounidense de la CIA y colaborador de la DINA Michael Townley, en complicidad con el espía chileno Enrique Arancia Clavel, colocó la bomba en el FIAT 125 que utilizaba Prats, y en la medianoche del 30 de septiembre la hizo detonar, cuando el militar volvía con su esposa de una reunión.
El juez Alfredo Nocetti Fasolino se hizo cargo de la causa judicial por este asesinato, pero luego de una meses archivó el expediente al no poder identificar a los culpables.
Dos años más tarde, Townley participaría dos años más tarde el asesinato, en Washington, del ex embajador chileno Orlando Letelier y su secretaria, la estadounidense Ronnie Moffitt.
Por ese hecho quedaría en la mira de la Justicia de los Estados Unidos, que en 1978 le impuso una condena menor e inmunidad a cambio de señalar a cinco exiliados cubanos que colaboraron en varias actividades terroristas.
En 1991, luego de que en Chile se conociera el informe Retting que señalaba la responsabilidad de Contreras, la entonces cúpula de la DINA, Townley y Arancibia Clavel en el crimen de Prats y su esposa, se reabriría la investigación en Argentina.
La jueza federal María Servini asumió la instrucción de la causa, y tras tomar declaración en Italia a los neofascistas Stefano Delle Chiaie y Vicenzo Vinciquerra, a Townley en Estados Unidos –donde aún vive bajo el aparo del Programa de Protecciónd e Testigos–, y así reconstruyó parte de la red internacional que utilizó la DINA para atentar contra Prats en Buenos Aires.
“El crimen de Prats no pudo haberse cometido sin la apoyo de la SIDE. Fue el comienzo del Plan Cóndor, aunque no existiera todavía como tal, y de una estructura represiva que se salió del control de los Estados Unidos, que tuvo que intervenir para ponerle freno”, señaló en diálogo con Télam el jurista Luis Moreno Ocampo, que representó la querella que la familia de Prats presentó ante la Justicia argentina.
Con toda esta información, Servini detuvo a Arancibia Clavel, quien fue llevado a juicio y condenado en 2000 a cadena perpetua, sin embargo, por la aplicación del controvertido beneficio del 2 por 1, obtuvo la libertad en 2007, y cuatro años más tarde moriría apuñalado en su departamento.
En tanto que en Chile, Contreras, quien purgaba ya varias condenas por los crímenes cometidos durante la dictadura de Pinochet, recibió en 2010 una sentencia firme de 17 años por este doble asesinato. Cinco años más tarde moría en el Hospital Militar de Santiago de Chile, sin recibió honores en su funeral.
