Amnistía Internacional emitió un comunicado en el que exige el respeto a los Derechos Humanos durante las protestas en el país andino. “Cualquier mensaje que indique carta blanca para la impunidad es gravísimo”, señaló.

El decreto del gobierno de facto en Bolivia que “promueve impunidad para personal de las Fuerzas Armadas debe ser derogado inmediatamente”, y la autoproclamada presidenta Jeanine Añez “tiene la obligación de detener inmediatamente las violaciones a los derechos humanos, o atenerse a rendir cuentas”, advirtió Amnistía Internacional (AI).

“La grave crisis de derechos humanos que atraviesa Bolivia, tras las elecciones del 20 de octubre, se ha visto agravada por la intervención y el accionar de las fuerzas seguridad. Cualquier mensaje que indique carta blanca para la impunidad es gravísimo”, declaró en un comunicado la directora para América Latina de AI, Erika Guevara Rosas.

Añadió que “los nefastos precedentes históricos en la región respecto al rol de las Fuerzas Militares exigen máxima observancia y compromiso de respeto y protección de los derechos humanos”.

AI señaló en que el decreto 4078 del 14 de noviembre, que no fue publicado aún en el Boletín Oficial boliviano, exime de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos de restablecimiento del orden interno y estabilidad pública cuando sus miembros “actúen en legítima defensa o estado de necesidad”.

La organización expresó su preocupación por este decreto “que permite que las posibles violaciones de derechos humanos o crímenes de derecho internacional cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas queden en la impunidad”.

“La altísima tensión social no puede ser una excusa para que las fuerzas de seguridad actúen contrariamente a los estándares internacionales de derechos humanos, ni para fomentar una ola de odio y discriminación racial que ha emergido con fuerza en los últimos días”, alertó Guevara Rosas.

Añadió que Añez, “quien se proclamara presidenta interina, tiene la obligación de detener inmediatamente las violaciones a los derechos humanos, o atenerse a rendir cuentas ante mecanismos nacionales e internacionales”.