Uno de los agresores antimineros fue hallado culpable de incendios y coerción ideológica tras los disturbios del 24 de enero. Otros tres acusados aún esperan su sentencia

Los hechos de violencia ocurridos en Uspallata el pasado 24 de enero comienzan a tener consecuencias judiciales. En un juicio abreviado, Miguel Pablo “Mostro” González fue condenado a tres años de prisión en suspenso tras ser considerado responsable de iniciar incendios y de integrar un grupo que actuó con el objetivo de imponer sus ideas por la fuerza, enmarcado en el delito de “agrupación para la coerción ideológica”, previsto en el artículo 213 bis del Código Penal.  

La jueza Amalia Yornet dictó la sentencia luego de que la fiscalía, encabezada por Juan Manuel Sánchez, presentara pruebas que vinculaban a González con los disturbios. Si bien la condena no implica cárcel efectiva, el acusado deberá cumplir estrictas condiciones para no perder el beneficio de la pena en suspenso.  

Un ataque planificado por agresores antimineros 

El 24 de enero, cerca de 70 manifestantes irrumpieron en la inauguración de la Cámara de Proveedores Mineros en Uspallata. La protesta, impulsada por sectores ambientalistas en rechazo a la actividad minera en la zona, escaló rápidamente en violencia. Testigos relataron que el grupo comenzó a arrojar objetos contra los asistentes y a corear consignas agresivas contra empresarios y funcionarios presentes.  

El 24 de enero, cerca de 70 manifestantes irrumpieron en la inauguración de la Cámara de Proveedores Mineros en Uspallata.

En medio del caos, algunos manifestantes iniciaron incendios en comercios cercanos, generando pánico en el área. Videos que circularon en redes sociales mostraron a varias personas destrozando mobiliario y atacando a los asistentes con la intención de interrumpir el evento. Ante la escalada de violencia, efectivos del Cuerpo de Infantería y Grupos Especiales de la Policía intervinieron para controlar la situación y restablecer el orden.  

Cuatro detenidos y una investigación en curso  

Las fuerzas de seguridad detuvieron inicialmente a dos manifestantes, entre ellos González. Días después, la fiscalía amplió la investigación y ordenó la detención de otros dos implicados. Todos fueron imputados por el delito de coerción ideológica, una figura que castiga con penas de 3 a 8 años a quienes conformen agrupaciones que busquen imponer sus ideas a través del miedo o la violencia.  

Si bien González ya recibió su condena, el futuro de los otros tres detenidos aún está en manos de la Justicia. La fiscalía sostiene que el ataque no fue espontáneo, sino que respondió a una organización previa con el objetivo de generar disturbios y frenar la actividad minera en la región.  

Mientras avanzan las causas pendientes, la comunidad de Uspallata sigue con atención el desenlace judicial de un episodio que dejó en evidencia la creciente tensión entre sectores ambientalistas y la industria minera.