El condenado según la Ley 26.485 se desempeñó como subsecretario de Trabajo durante la gestión del exgobernador Alfredo Cornejo. Quedó inhabilitado para desempeñar cargos públicos. Fue denunciado por haber realizado tocamientos en horarios de trabajo

El exsubsecretario de Trabajo de la provincia de Mendoza durante la gestión de Alfredo Cornejo como gobernador, Alejandro Jofré, fue condenado a 2 años y 6 meses de prisión en suspenso con inhabilitación para ejercer cargos públicos por abuso sexual.

La sentencia fue dada a conocer por el juez Luis Rafael Correa Llano contra el exfuncionario provincial quien se desempeñó entre 2015 y 2018 durante la gestión del actual senador Cornejo y fue llevado a juicio por haber sido denunciado por tres empleadas de esa cartera laboral. 

Según denunciaron las agentes estatales, Jofré les realizaba tocamientos en horario de trabajo y en dependencias del gobierno provincial. Tras la presentación, Jofré fue desplazado de su puesto en junio de 2018.

La sentencia estuvo basada en los testimonios que describieron 8 momentos en que las mujeres denunciantes describieron cómo fueron tocadas por Jofré durante las jornadas laborales que se produjeron durante acercamientos físicos forzados por el exfuncionario mendocino.

Según Julieta Nacif (foto), abogada de las víctimas, “Pedimos una condena de tres años de prisión en suspenso porque consideramos que una condena que sea privativa de la libertad, no era la solución a este caso, sino que realmente lo que nosotros aspirábamos era la inhabilitación perpetua para el ejercicio como funcionario público. Hoy Alejandro Jofre sigue ejerciendo un cargo público en la Facultad de Derecho, en la UNCuyo, en la carrera de Derecho Administrativo”.

“Cada una de las víctimas denunció diferentes situaciones donde les ocurrió esto, eran hechos que se desarrollaban cuando había un saludo de por medio con el exfuncionario. Esto provocaba una incomodidad y un avasallamiento hacia ellas”, describió la letrada.

El lunes pasado la querella contra Jofré había pedido, por cuarta vez, la imputación del acusado luego de que desde el Cuerpo Médico Forense incorporaron las pericias “que marcaron el grado de angustia” de las víctimas que lo llevaron ante la Justicia al exfuncionario mendocino.

“La defensa por parte de ellos fue todo el tiempo, acusarlas a las propias victimas como conflictivas o que querían sacar réditos de las denuncias. Ninguna de las denunciantes estaba sumariada, ni tenia ningún proceso de investigación. Fue parte de la defensa de ellos, como pasa siempre en esta sociedad patriarcal y machista, tratar de desprestigiar a las victimas y responsabilizarlas de alguna situación”, contó Nacif.