Por CAROLINA JACKY / En los últimos tiempos se escuchan tantos disparates referidos a nuestro derecho que llama la atención lo poco que conocemos sobre las normas que rigen nuestra vida.

Llama más la atención cuando estos disparates provienen de profesionales del derecho, funcionarios, candidatos y de los que por su actividad o profesión no podrían desconocer las normas.

Nuestro Código Civil y Comercial nos dice que “la ignorancia de las leyes no sirve de excusa para su cumplimiento”.
Nadie puede decir, “yo no sabía”.

Lo que la mayoría conoce, es que Argentina tiene una Constitución, y que esta es la Ley Suprema de la Nación.
Esto significa que ella está por sobre toda otra norma.

Desde este punto ya estamos en problemas.
Escucharan en algunos discursos de los candidatos hablar de la Constitución de Alberdi, de la Constitución del 53, y en esa arenga manifiestan que hay que cumplir con esa Constitución.

Quienes así hablan se quedaron en el pasado. La Constitución del 53 fue reformada, y la reforma más profunda es la de 1994.

La Convención Constituyente del 94 introdujo como parte de la Constitución Nacional a los Tratados y Convenciones Internacionales.

Los de derechos humanos han producido grandes cambios respecto a los derechos y garantías que protegía la del 53.

Cuando la República Argentina firma un tratado y luego el Congreso de la Nación por ley lo ratifica, este pasa a formar parte de la Constitución.

Muchos de estos Tratados o Convenciones tienen Comités de Seguimiento, los que emiten dictámenes que se les llaman “Recomendaciones”.
Estas pasan a formar parte del tratado y por tanto de nuestra Constitución.

Desde la Reforma del 94, la República Argentina tiene una Constitución que podríamos denominar flexible, ya que todos los años se autoreforma.

En realidad lo que hacen estos Comités de Seguimiento es controlar que los países signatarios estén cumpliendo con los compromisos que asumieron al firmar la Convención.

Cuando escuchamos a un político decir que hay que reformar el sistema previsional argentino. Cuando manifiesta esto sabemos que tal reforma afectará derechos adquiridos, ese político “no sabe nuestro derecho”.

Habría que informarle al FMI, que Argentina tiene normas de rango constitucional que no permiten realizar las reformas que se piden, ya sea en el sistema previsional o en el laboral.

Por ejemplo las jubiladas y pensionas tienen una protección especial, más allá de la que tienen los hombres, que surge de las Convenciones CEDAW y BELEM DO PARA. De esto pocos saben lo que dice la norma, y el derecho que tienen estas mujeres.

También habría que decir que no hay antecedente jurisprudencial de que alguna jubilada o pensionada haya solicitado este beneficio.

No basta leer estas dos Convenciones, también hay que leer todas sus Recomendaciones.

Por estas Convenciones y otras, Argentina se ha comprometido a adecuar su legislación.

Esto lo debe hacer mediante la derogación de leyes que se opongan a la Convención, o los jueces declarándolas inconstitucionales.

En estos días hubo en Mendoza un fuerte debate sobre el lenguaje inclusivo.

Hemos llegado a escuchar quienes han antepuesto a la RAE por encima de normas constitucionales.

Hace tiempo que nos independizamos de España, pero parece que algunos quieren volver a tiempos del Virreinato.

El lenguaje inclusivo surge de tratados internacionales, pero si queremos que nuestros hijos sean ignorantes como nosotros, entonces sigamos hablando sin saber, y dirigiendo la educación en la Provincia de Mendoza, sin saber.

Con la Reforma Constitucional del 94 mucho debería haber cambiado en Argentina.

Así también escuchamos hablar de la violencia de género como delito, cuando no existe ese tipo penal en Argentina.

El acoso sexual tampoco está tipificado en el Código Penal, pero hay fiscalías que toman esa denuncia, porque tampoco saben a dónde deben derivar a la víctima.

¿Alguien sabe que toda mujer que muere por la práctica de un aborto clandestino es un feminicidio del Estado, y que el Estado es responsable de esa muerte?

¿Alguien sabe que Argentina por esos Tratados se comprometió a despenalizar el aborto?

¿Saben que Argentina está emplazada a despenalizar el aborto y que por no hacerlo está siendo sancionada?

No obstante esto podemos escuchar a unos decir que, despenalizar el aborto, sería inconstitucional, y a otros pedir la despenalización.
La norma que penaliza el aborto es inconstitucional, pero nadie se presenta a la justicia a plantearlo.

Al igual que con el lenguaje inclusivo pareciera que quienes deben defender el derecho no conocen que esos derechos están protegidos con rango constitucional.

También parecen desconocerlos quienes lo atacan.

¿Puede ser que tantos militantes de uno y otro lado sean tan ignorantes, o solo usan estos derechos para activismo político, sin importar que los tilden de ignorantes?

La negación a capacitarse seriamente, a enseñar y aplicar este derecho es una constante.

Muchos dicen conocer y saber, pero si le preguntan que dice la Recomendación 24 de CEDAW, seguro que no tienen idea. Ninguno pasa el examen

Si preguntamos sobre fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han marcado jurisprudencia y que nuestra Corte Federal ha aplicado, veríamos que pocos pueden nombrar.

Muchos hablan de la Ley Micaela, me pregunto cuántos saben su origen y que es lo que dice esta ley.

No hay que sentirse mal por no saber, lo importante es darse cuenta que uno no sabe y a partir de ahí capacitarse y estudiar.

Si nuestros dirigentes, políticos, jueces y fiscales, abogados y docentes, si nuestras escuelas, facultades, casas de altos estudios no enseñan el derecho convencional, o sea si no se educa en la Constitución del 94, entonces vamos a seguir escuchando como en los medios se opine sin saber, se nos hable de una reforma laboral o previsional, muy difícil de llevar adelante con las normas que tenemos, o mencionando a la violencia de género como delito, cuando no lo es.

Ni hablar del invento de la “ideología de género”, un slogan inventado para contrarrestar derechos humanos, y que demuestra que quien lo usa, o es un ignorante que está siendo usado, o directamente es un perverso que discrimina a favor de un solo lado.

Hay muchos que se niegan a capacitarse y estudiar estas normas.
Se han vendido prejuicios como que los derechos humanos son de izquierda, o que la perspectiva y violencia de género tiene que ver con una supuesta ideología de género, o que los derechos sociales son cuestiones del populismo.

Que la defensa de esos derechos va contra el progreso o el crecimiento de las naciones, un discurso que nos quieren vender, mientras por otro lado nos presentan modelos como Noruega, Suecia o Finlandia.

Los mismos que nos dicen que la educación debe ser privada o paga, son los que se olvidan que en muchos de esos países modelos, es pública y gratuita.

Lo mismo sucede con modelos de salud pública que funcionan en “países modelos”, respetando todos estos derechos humanos que Argentina ha incorporado en su Constitución, pero que permanentemente retaceamos a nuestros conciudadanos.

Lo que no debemos permitir es que cualquier reforma económica vulnere derechos humanos adquiridos, los derechos no se ajustan.

Los derechos existen y están, el lugar para hacerlos valer es la justicia.
Para hacerlos valer hay que conocerlos, y para eso hay que enseñarlos y estudiarlos.

Carolina Jacky