La Organización de Naciones Unidas (ONU) recibió una denuncia por el desmantelamiento del área del Ministerio de Defensa que investigaba los crímenes de la dictadura, decidido por el ministro Luis Petri. La presentación fue hecha por la diputada porteña Victoria Montenegro, que preside la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura de la Ciudad.

Los equipos de relevamiento y análisis (ERyA) de los archivos de las Fuerzas Armadas se crearon en 2010. Funcionaron durante catorce años y aportaron más de 170 informes en las causas por crímenes de lesa humanidad. El miércoles 27 de marzo, el director nacional de Derechos Humanos, Lucas Erbes, les informó a diez de los trece trabajadores que estaban despedidos y que el gobierno iba a derogar las resoluciones que habían creado y ordenaban el funcionamiento de los equipos.

Entorpecimiento

Organizaciones de derechos humanos y fiscales advirtieron que la desaparición de los ERyA entorpecería no solo las investigaciones judiciales sino también el acceso a la verdad. Serán las propias Fuerzas Armadas las que deberán responder a los requerimientos de la justicia, lo que posiblemente de lugar a la aparición de solidaridades corporativas con quienes están siendo investigados.

En esa línea, Montenegro –que fue apropiada a sus trece días de vida y restituyó su identidad gracias a la búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo– le pidió su intervención al relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia y la reparación de Naciones Unidas, Fabián Salvioli.

“Al vaciar de técnicos y técnicas a los equipos, básicamente se les obstruye la capacidad de trabajo. Esto es aportar información y documentación clave para la investigación de los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar. En el mismo sentido, entorpece el acceso a los documentos y archivos que integran el acervo documental del Ministerio con las mismas consecuencias”, advirtió Montenegro en su presentación.

“Las medidas adoptadas impactan directamente en el derecho de las víctimas directas, de sus familias y de la sociedad en general a conocer la verdad sobre lo que sucedió, en el derecho a la investigación, juzgamiento y adecuada sanción de los responsables y en lo que hace a la construcción de la memoria colectiva”, añadió.