Por CAROLINA JACKY / Para quienes han vivido distintas crisis económicas, reconocen que no todas son iguales. Cada una ha tenido su característica.

La que estamos viviendo se diferencia de las anteriores en que pareciera que nadie sabe cuándo tocaremos fondo.

Cuando se toca fondo se produce un efecto rebote, y aunque no resolvamos lo que nos llevó a tocar fondo, por un tiempo todo será recuperación.

Hoy, y desde hace casi un año seguimos cayendo, no se ve, ni se aprecia cuando llegaremos a tocar fondo.
No solo cada día somos más pobres, sino que al no ver ninguna recuperación, y si ver como más gente queda sin trabajo, como si fuera una enfermedad terminal, esto nos desestabiliza y afecta nuestra psiquis.
Perdemos el derecho a tener un trabajo digno, perdemos el derecho a la salud, a la educación, a la seguridad social, a una vivienda digna… perdemos derechos.

Muchos de los derechos que perdemos son derechos humanos consagrados en nuestra Constitución Nacional.

El Estado deja de cumplir con sus deberes, y hasta propone cercenar más derechos con el pretexto de que de esa forma solucionará los problemas económicos.

Aparecen muchos economistas y políticos a explicar las reformas que se deben realizar, sin darse cuenta que muchas de ellas van contra Convenciones Internacionales que forman parte de nuestra Constitución.
Para justificar esto nos hablan de esa Constitución Nacional de Alberdi que hizo grande nuestro país, demostrando un total desconocimiento de que nuestra Carta Magna fue reformada en 1994, y que mucho de lo que proponen es inconstitucional. Esa Constitución de Alberdi ya no está.

El Estado Argentino ha asumido compromisos internacionales que debería estar cumpliendo y no lo hace.
En materia de derechos de la mujer no está cumpliendo con darle la asistencia legal, psicológica, médica, y económica como lo establecen las Convenciones CEDAW y BELEM DO PARA.

El Estado Argentino esta violentando a la mujer cuando no cumple con estas Convenciones, y por tanto es responsable y debe pagar por tal incumplimiento.

Ante la crisis recorta partidas presupuestarias, y lo único que logra es mayor responsabilidad por la revictimización que realiza.

La torpeza de los funcionarios lleva a que cada día se cometan más actos contrarios al derecho.
La falta de cumplimiento en nuestros hospitales de la debida atención que se le debe dar a las mujeres es moneda corriente de todos los días.

Así tenemos Hospitales Públicos con obsoletos protocolos que impiden que los padres puedan presenciar el parto, y recibir a su hijo, claro, en algunos casos se justifican diciendo no hay presupuesto para proveer al padre de la ropa necesaria para estar en un quirófano.

En Mendoza tenemos el Hospital Luis Lagomaggiore, donde su Director ha dispuesto un protocolo contrario a la Ley 26.485, obligando a su personal administrativo y médico a cumplirlo. Este personal, mañana puede ser demandado por revictimización, como así el Hospital y el Estado Provincial, este último por la obligación y responsabilidad que tiene frente a la ley.

El año pasado un sobrino nieto nació en ese Hospital, y su padre pudo estar presente porque hizo valer sus derechos, algo que no todos saben y pueden hacerlo.

La falta de capacitación no solo se advierte en los casos de violencia obstétrica, sino en las constantes revictimizaciones que se realizan en distintos tribunales de la Provincia de Mendoza.

Todavía tenemos Tribunales de Familia que fijan audiencias de conciliación cuando existe prohibición de acercamiento, con la mala costumbre de que algunos Jueces levantan la prohibición a fin de poder hacer la audiencia.

Por falta de presupuesto se vulneran derechos.

El 11 de marzo se cumplirán 10 años de la conocida y poco estudiada Ley de Violencia de Género, y seguimos cometiendo errores.

Los jueces, por desconocimiento, o por ignorantes, o por patriarcales, no cumplen con una ley de orden público. Tienen obligación de cumplir con la ley, aunque la mujer víctima no lo pida, ese es el concepto de “orden público”.

Ahora tenemos la Ley Micaela, esperemos que no decidan que cada poder del estado se capacite a si mismo, porque de nada habrá servido esta ley.

La capacitación deberá ser cruzada o auditada. Alguien se imagina que un empleado del Poder Judicial va a capacitar a un Ministro de la Corte, o a un Juez?

Una muy buena ley, pero seguro que la falta de presupuesto jugará en contra del derecho.

Desde luego que no es la misma capacitación la que requerirá un empleado administrativo del estado, que un juez, un legislador o un ministro, pero todos deben capacitarse.

En estos tiempos a todos nos preocupa la situación económica, sabemos que estamos en crisis, y que todavía no tocamos fondo, nos preocupa no saber como llegar a fin de mes, pero no debemos olvidar que tenemos derechos, que no los podemos perder, y que debemos luchar por esos derechos y exigir a nuestros gobernantes que cumplan con la Constitución Nacional del 94 y con las leyes de la Nación.

No debemos permitir que se afecten derechos que ya hemos conquistado, ningún gobierno puede vulnerar dichos derechos, esa debe ser nuestra lucha.

#NI UNA MENOS
Carolina Jacky