El proceso judicial que va llegando a su corolario podría llevar al desafuero del ahora suspendido juez Walter Bento y, como consecuencia, la ejecución de la prisión preventiva en su contra

Este lunes marcó el inicio de la etapa final en el extenso proceso que determinará si se le retiran los fueros al juez federal Walter Bento, quien está siendo juzgado por presuntas actividades de corrupción en Mendoza.

El Jury de Enjuiciamiento ha ingresado a la fase de alegatos, y la acusación ha solicitado la sanción más severa posible contra el magistrado, lo que podría resultar en su detención efectiva.

Desde hace varios meses, la Justicia Federal ha mantenido firme una orden de prisión preventiva contra Walter Bento. Sin embargo, hasta el momento, la detención no se ha llevado a cabo debido a la inmunidad que le otorgan sus fueros. No obstante, este panorama podría cambiar drásticamente en las próximas semanas, ya que el proceso en curso en el Consejo de la Magistratura podría avanzar hacia la remoción de los fueros del magistrado.

En la jornada del lunes, se dio inicio a la etapa de alegatos en el Jury, con la intervención de Miguel Piedecasas, consejero que forma parte de la acusación junto a Roxana Reyes y Eduardo Vischi.

En su exposición, Piedecasas sostuvo que el juez federal habría incurrido en “mal desempeño por omisión de información en su declaración jurada, graves conductas personales que obstaculizaron el curso normal de la causa judicial y violaciones de normativas vigentes en el proceso de selección de magistrados”. Además, agregó que se ha demostrado “falta de idoneidad, mala conducta, falta de rectitud, deshonestidad y falta de buena fe”.

En su extenso discurso, Piedecasas señaló que el juez federal se defiende afirmando que “todos están conspirando en su contra”, pero en el Jury han presentado evidencia de que “actuó al margen de la ley”. Uno de los ejemplos mencionados fue la “inconsistencia patrimonial, ya que no se encontró ningún comprobante que respaldara los pagos de sus viajes y casi 1000 días en el extranjero”.

También resaltó la relación de Bento con el fallecido Diego Aliaga, señalando que, a pesar de haberlo imputado en dos causas penales, resulta llamativo que aceptara regalos de él, y que en el teléfono de Aliaga se encontraron 265 llamadas de Telegram con Bento.

Piedecasas concluyó su alegato afirmando que Bento “es plenamente responsable políticamente de sus actos y debe ser destituido”, antes de dar paso a la defensa.

Coimas

En cuanto al caso de las presuntas coimas en Mendoza y su conexión con Walter Bento, a mediados de 2020, el supuesto empresario Diego Aliaga desapareció y posteriormente fue encontrado asesinado. Este hecho generó rumores de que Aliaga tenía conexiones que le permitían liberar a presos relacionados con el contrabando y el narcotráfico dentro de la Justicia Federal. A finales de ese mismo año, Walter Bardinella Donoso, sospechoso de financiar una narcobanda, fue detenido, y en su teléfono celular se hallaron conversaciones que respaldaban esta hipótesis.

El fiscal federal Dante Vega siguió la pista y finalmente ordenó allanamientos, detenciones e imputaciones el 5 de mayo de 2021. Entre los sospechosos se encontraban el juez federal Walter Bento, su esposa Marta Boiza y varios abogados. La investigación continuó con nuevas imputaciones a lo largo de los meses.

En términos generales, la pesquisa sostiene que Walter Bento lideraba una organización ilícita que se dedicaba a gestionar coimas para obtener beneficios para presos, como arrestos domiciliarios o la libertad. Aliaga habría sido su mano derecha y se encargaba de contactar a personas detenidas por contrabando o narcotráfico para ofrecerles beneficios a cambio de pagos en efectivo, incluyendo dólares y propiedades. Luego, estos individuos eran representados por los abogados acusados, quienes presentaban solicitudes para que el juez dictara su liberación.

El fiscal Vega cuenta con un amplio grupo de testigos para respaldar sus acusaciones, así como evidencia en forma de mensajes y llamadas, generalmente a través de la aplicación Telegram, en los que los sospechosos discuten los sobornos y hacen referencia al juez Bento utilizando eufemismos. Por otro lado, los abogados defensores argumentan que se trata de un caso armado políticamente contra el magistrado.

Además, la acusación sostiene que Walter Bento y su familia habrían acumulado riqueza y lavado dinero procedente de las coimas, lo cual estaría respaldado por los numerosos viajes realizados por el matrimonio en los últimos años, las propiedades y vehículos adquiridos y las inversiones en negocios.