Por CAROLINA JACKY / Hoy una de las noticias que nos sorprende proviene de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. En medio de la pandemia y del agravamiento de los casos de COVID-19, tanto en Mendoza como a nivel nacional, el Poder Judicial es puesto en primera plana por actos provenientes de los otros dos poderes del Estado.
Sin dudas que nada tiene que ver uno con el otro, salvo por la particularidad, que ambos, están teñidos de especulación política.
En esta nota trataremos el caso de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, dejando para otro momento el tema nacional.
Todo empezó desde que el Dr. Jorge Nanclares, hoy ya ex Ministro de la Corte, presentó la renuncia dejando así un cargo libre para cubrir.
Para quien no lo sepa, los Ministros de la Suprema Corte son elegidos por el Gobernador de turno con acuerdo del Senado Provincial.
Ante esta vacante el Dr. Rodolfo Suarez tenía y tiene todas las facultades para elegir la sucesión, y como tiene mayoría en el Senado Provincial, tal designación es un mero trámite.
La conformación de siete miembros de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, con este recambio, permite que el gobierno de turno pueda tener una mayoría en el Alto Tribunal, cuatro sobre tres.
Este mero trámite no resultó tal, y esto nos lleva a pensar ¿que es lo que pasó?
¿No se analizaron las condiciones de la Dra. Teresa Day para acceder a la Corte?
Si se analizaron ¿nadie advirtió que existía una cuestión que podía ser motivo de impugnación?
Ante estas preguntas, es impensable de que no se hubiera advertido tal circunstancia, y menos que en el círculo más cercano no hubieran advertencias sobre lo que esto podía provocar.
Frente a esto, y teniendo en cuenta que el Poder Judicial es otro poder del Estado, y como tal la Suprema Corte, tiene un componente político natural del que nadie debería sorprenderse.
Es obvio que el Gobernador de turno coloque en este lugar, ante una vacante, un remplazo que entre otras cosas comparta su mirada política sobre la sociedad.
Una cosa son los Jueces inferiores y otra los Ministros del Superior Tribunal.
¿Por qué poner en crisis la institucionalidad en la provincia de Mendoza?
¿El Gobernador no tenía otro u otra candidata de confianza para proponer sin que tenga una dificultad como la Dra. Day?
¿Fue la intención provocar esta crisis institucional?
¿Todo esto solo es una demostración de poder o pura impericia en el manejo de las instituciones?
El escándalo que ha rodeado esta designación no tiene antecedentes.
Así como otros gobernadores han designado Ministros en la Corte con una impronta partidaria o ideológica, ¿Por qué el Dr. Suarez no puede incluir uno de su propio riñón?
La otra pregunta es: ¿La Dra. Day respondió a los deseos del Dr. Suarez o es el Licenciado Cornejo quien hizo esta jugada?
¿Cuál es el interés en provocar esta crisis, cuál es el objetivo?
No hay dudas de que esto tiene entretenidos a muchos, aunque poco sirve para olvidar lo que pasa con el COVID19.
Nadie puede creer que el Dr. Suarez o que el propio Lic. Cornejo no tengan un candidato o candidata que reúna sin inconvenientes los requisitos legales para ingresar a la Corte, y que este en línea con los pensamientos del gobierno.
Si detrás de esta designación está la intención de tener los votos necesarios para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de algunas leyes actuales o futuras, o el dar vía libre a una reforma constitucional que permita la reelección o el uso del agua para la minería, sorprende que no exista abogado o abogada con más de 10 años de ejercicio de la profesión que no responda a estos intereses y que brinde la confianza de los gobernantes de turno.
El Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado, hoy enfrenta una crisis provocada que podría haberse evitado.
Seguramente que cualquier candidato o candidata que propusiera el gobernador iba a ser discutida, pero nunca debería serlo por no cumplir con los requisitos constitucionales.
El hecho de que sea hombre o mujer, el que tenga o no perspectiva de género, que pertenezca a tal o cual ideología, siempre será motivo de discusión, pero, teniendo el Gobernador las mayorías necesarias para su designación todo quedaría en fuegos artificiales, y no en una caótica crisis institucional.
La pregunta es hasta donde se tensará la cuerda. ¿Cual es el propósito? ¿Qué fines oculta producir esta crisis? Y, si esto tiene que ver con una negociación nacional o de un posicionamiento para vaya a saber qué interés.
Aunque no sorprende que se utilice la institucionalización para fines políticos, como un espejo de lo que también ha sucedido y sucede en el orden nacional, no habla bien de quienes dirigen los destinos de esta Provincia de Mendoza.
Todavía no llegamos al fin de la película. Y mientras esto sucede en Mendoza, en el orden nacional, comienza a redactarse el guión de otra película que seguramente los ciudadanos seremos solo invitados a presenciar.
