Ante la inconstitucional decisión de dar de baja las pensiones por discapacidad/invalidez colocando a los beneficiarios en la obligación de demostrar que efectivamente la merecen. Presentándolos ante la sociedad como culpables que deben demostrar su inocencia, es imprescindible que la comunidad jurídica se sume para ayudar a este sector vulnerable de la sociedad.
El Estado es uno solo, no es K ni M, siempre es responsable de sus actos y no puede argumentar su propia torpeza para lesionar derechos otorgados. Si el Estado tiene dudas sobre alguno de estos beneficios otorgados deberá ser el propio Estado el que acredite que se equivocó al otorgarlo y dar derecho al beneficiario que se defienda, pero no exigirle que vuelva a acreditar su condición, suspendiendo el beneficio.
A tal punto ha llegado el accionar inconstitucional del Estado que se ha encargado de DISCRIMINAR a este sector de la población, logrando así que muchos los señalen como corruptos, desprestigiandolos ante la sociedad. Parece que es una constante invertir el principio de inocencia.
Para que no pierdas el derecho, para que puedas defenderte, debes hacer una presentación administrativa y otra judicial ante la Justicia Federal. Tenes que solicitar una medida que impida a ANSES dejarte sin el beneficio hasta que el Estado acredite que no mereces la pensión, y que ello quede firme.
