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Fracaso de la capacitación y violencia institucional en Mendoza

Sep 5, 2021

Por CAROLINA JACKY / Antes de entrar en tema, es muy importante aclarar en qué contexto hablamos de “violencia institucional”.

La Ley 26.485, conocida como Ley de Violencia de Género, al hablar de las modalidades de violencia contra la mujer nos dice en su artículo 6º:

“A los efectos de esta ley se entiende por modalidades las formas en que se manifiestan los distintos tipos de violencia contra las mujeres en los diferentes ámbitos, quedando especialmente comprendidas las siguientes:”

Su Decreto Reglamentario amplía esto diciendo: “Las definiciones de violencia comprendidas en el artículo que se reglamenta, en ningún caso pueden interpretarse en sentido restrictivo ni taxativo, como excluyentes de hechos considerados como violencia contra las mujeres por otras normas. Para ello deberá interpretarse la norma de forma armónica y sistemática con lo establecido en el artículo 4º, segundo párrafo de la Ley Nº 26.485, y con lo dispuesto en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Recomendación General Nº 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; los demás Tratados Internacionales de Derechos Humanos y las observaciones y recomendaciones que efectúen sus respectivos órganos de aplicación”.

Luego de esto en el inc. b del art. 6, refiere: “Violencia institucional contra las mujeres: aquella realizada por las/los funcionarios/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil.”

Con simpleza y claridad establece perfectamente los límites. Es bueno aclarar que estos derechos hacia las mujeres estaban en la Constitución Nacional de 1994, con la incorporación de la Convención CEDAW como parte de la misma.

En 2009, con la aparición de la Ley 26.485 y su Decreto Reglamentario de 2010 se confirman y afirman esos derechos que son de orden público.Incumplimiento de los deberes de funcionario públicoEl desconocimiento de estos derechos por parte de la administración constituye un incumplimiento a los deberes de funcionario público.

El Estado Argentino por la Convención CEDAW se comprometió a cumplir con las obligaciones asumidas, y luego por la Ley de Violencia de Género, el mismo Estado debía capacitar a los tres poderes, algo que luego la Ley Micaela vino a ratificar.No hay excusas para desconocer estas obligaciones.

Los incumplimientos provocan daño a las víctimas. Mucho de estos daños persisten en el tiempo, lo que se llama en derecho “daño continuado”.

Como los tres poderes del Estado conforman EL GOBIERNO, este es responsable de estos daños y debe repararlos.Hoy ya hay suficiente jurisprudencia que avala estos dichos.Cada juicio que debe pagar el Gobierno tiene detrás de si funcionarios responsables, y la Fiscalía de Estado debería preocuparse y velar porque esos responsables se hagan cargo del daño, y así recuperar el dinero que el Gobierno paga en cada juicio.

EL FRACASO DE LA CAPACITACIÓN

Con el dictado de la Ley Micaela surgió la esperanza de que con la reafirmación de la capacitación que ya preveía la Ley 26.485 terminaríamos, especialmente, con la violencia institucional.Lo que no se obtuvo con la Ley de Violencia de Género tampoco se ha logrado con la Ley Micaela.Alguna vez hablamos de que todo era un biri-biri y que las víctimas seguían siendo revictimizadas.

Hoy podemos decir sin equivocarnos que o no todos han sido capacitados, o la capacitación ha fracasado.

Podríamos mostrar escritos de Asesoría Letrada de Gobierno que denotan un total desconocimiento de la materia y una revictimización constante a las mujeres.

Algo similar ocurre con Fiscalía de Estado, la que parece que hasta ahora no se ha dado cuenta que los juicios que paga el Gobierno tiene también responsables en personas que forman parte del mismo, y que debería accionar para recuperar esos fondos.

Hay fueros, como el de Familia, donde la falta de capacitación es evidente. La Justicia Penal también nos viene demostrando que la capacitación en ese sector ha fracasado, algo que también se advierte en las Unidades Fiscales, salvo la de Violencia de Género.

No solo hay ejemplos de esto, sino que ya existen causas judiciales millonarias por el incumplimiento y que alcanzan a funcionarios del Poder Ejecutivo, como del Poder Judicial.

Hemos naturalizado las demoras en la resolución de los juicios, como algo común, sin advertir que el mandato constitucional y legal de orden público pide actuar con la “debida diligencia” y “dar respuesta oportuna” a las víctimas.

Actualmente encontramos como la Asesoría de Gobierno, en su defensa, brinda argumentos misóginos y discriminantes. Como justifica el actuar de funcionarios o magistrados con evidente falta de perspectiva de género.

Contestaciones de demanda de magistrados negando las normas de orden público que debían cumplir.

Fiscalía Correccional que rechaza aplicar la Ley de Violencia de Género y aceptar el beneficio de litigar sin gastos de la mujer.

Fiscalía sobre delitos contra la integridad sexual que no aplica los derechos garantizados por la Ley 26.485 cuando las víctimas son niños, niñas y adolescentes.

Hoy podemos encontrar variados dictámenes de distintas Unidades Fiscales, excluyo la de Violencia de Género, que evidencian una falta de capacitación.La pregunta que deberíamos hacernos es si el Estado realiza una evaluación de los supuestos capacitados, y en su caso deberíamos saber quién lo hace.

MARCHA ATRÁS EN LOS DERECHOS

Hoy hay que denunciar el retroceso en los derechos de la mujer.Vemos como candidatos a legisladores y actuales legisladores se manifiesta en forma misógina y demuestran desconocer derechos constitucionales.

Nos sorprenden diciendo que la Ley Micaela no debería ser obligatoria, demostrando un nivel de ignorancia grave sobre los derechos constitucionales.Mientras esto sucede en nuestra cara, nadie dice nada.

Hace un par de meses la Corte de Mendoza decidió desafectar a la Dra. STELLA SPEZIA quien tenía a su cargo la Dirección de la Mujer de la Corte.

Años de experiencia y capacitación en la materia para que, en silencio, a escondidas, en un verdadero acto de violencia institucional, de un día para el otro se la “desalojara” de su oficina, sin mediar palabra ni explicación.

En un actuar autoritario, posiblemente persiguiendo, no sé qué intereses políticos, no existe nada escrito de esta decisión, sino solo el hecho del desplazamiento.

Lo más grave en este caso es la falta de publicidad de este acto administrativo de la Corte. No se publicó Acordada o Resolución sobre este desplazamiento. Tampoco se dio explicación, una forma autoritaria de actuar que hoy afecta el derecho de las víctimas.

Hoy muchas víctimas de violencia de género que concurren a la Dirección que conducía la Dra. Stella Spezia manifiestan que son derivadas y no atendidas debidamente.

La Dirección de la Mujer de la Corte se está convirtiendo en otro espacio de violencia institucional.

No faltará mucho para que se inicien juicios por esa falla en la atención.Posiblemente se convierta en un gabinete para que sus integrantes hablen de violencia de género, mirándose el propio ombligo. Hacer que hacen sin hacer nada, pero todos debemos pagar esos costos.

El Gobierno de Mendoza, conformado por los tres poderes, deben una explicación a las víctimas de violencia de género, BASTA DE BIRI-BIRI, la mentada capacitación de la Ley Micaela está fracasando.

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