La ministra de Hacienda y Finanzas, Paula Allasino, expuso este mediodía, en uno de los anexos de la Casa de las Leyes provincial, la propuesta del Ejecutivo que por tercer año consecutivo apunta a continuar con la reducción de la presión impositiva.

La ministra de Hacienda y Finanzas, Paula Allasino, acompañada por parte de su gabinete y de las autoridades de la Administración Tributaria Mendoza (ATM), presentó ante las comisiones de Hacienda de ambas cámaras los proyectos de Ley de Avalúo e Impositiva para el ejercicio fiscal 2019. En los proyectos propuestos se reflejan 3 ejes principales: continuidad de la política tributaria, ofrecer un marco de previsibilidad para los sectores productivos y aumentar las bases imponibles en un contexto de equidad tributaria y fortalecer la lucha contra la evasión y la informalidad.

Desde el inicio de su gestión, el Gobierno ha propiciado la diminución de los impuestos distorsivos (Ingresos Brutos y Sellos) y la recomposición de los impuestos patrimoniales (Automotor e Inmobiliario). En esa línea se han movido todas las leyes impositivas desde 2016.

Por tercer año consecutivo se continuará con la política tributaria de disminuir la presión fiscal sobre aquellos impuestos distorsivos que gravan toda la cadena y recaen sobre el consumidor final, y afianzando los impuestos patrimoniales. Mendoza fue la primera provincia del país en bajar el impuesto sobre los Ingresos Brutos cuando prácticamente todas lo aumentaron en distintos rubros. A fin de 2017, el Consenso Fiscal avanzó más aún y las provincias coincidieron en el objetivo de avanzar en la reducción de impuestos distorsivos y en llevar a que el Impuesto Inmobiliario se calcule en base a los valores de mercado de las propiedades.

A pesar de la situación macroeconómica del país, estos lineamientos de política tributaria permanecen inalterables, por lo que el paquete de leyes Impositiva y de Avalúos para 2019 se centrará en ello.

“Tener las cuentas públicas ordenadas le permite a Mendoza continuar en este camino de respetar el Consenso Fiscal y rebajar alícuotas, cumpliendo su palabra y dando así previsibilidad al sector privado de diversas maneras. Así, no se crean nuevos impuestos ni se aumentan los distorsivos. Muy por el contrario, se brega a la continuidad de la rebaja hasta llegar a la exención de varios de ellos”, destacó la ministra Allasino.

En cuanto al Impuesto Inmobiliario, se incrementan los avalúos fiscales por el índice de inflación previsto por el Presupuesto nacional (23%). Además, en tanto se establezcan los valores reales de las parcelas, se mantiene el Régimen de Autodeclaración de Valor de Mercado para el cálculo de las propiedades de mayor valor, que alcanza sólo al 1% del total de las parcelas, de tal forma que aporten más quienes más tienen, por razones de elemental equidad tributaria. Se continúa haciendo hincapié en encomendar a la Comisión para el Avalúo Fiscal la realización de los estudios necesarios para un revalúo general de todas las propiedades inmuebles de la provincia.

Lo que refiere a Impuesto Automotor, se mantiene el sistema de valuación (para autos modelo 2010 en adelante) conforme la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor, que los actualiza periódicamente a valores cercanos a los de mercado. Para el resto de los vehículos –que pagan montos fijos establecidos en tablas–, el impuesto se actualiza sólo 23%. Un dato no menor es que se mantiene el descuento del 25% para los contribuyentes cumplidores.

En cuanto al Impuesto de Sellos, se mantienen las exenciones para los contratos de alquiler de vivienda y créditos hipotecarios, incrementando los valores 286% entre los períodos 2017-2019. También se mantiene la exención a créditos productivos y de innovación tecnológica y se agregará una nueva exención a la emisión y transferencia de acciones, obligaciones negociables y otros instrumentos, a fin de abaratar el acceso al financiamiento.

El desafío actual en términos tributarios de la Provincia es aumentar la recaudación sin incrementar los impuestos a la actividad económica. Para eso hay que redoblar los esfuerzos contra la evasión y la informalidad, que son mucho más nocivas para la competencia privada que la presión tributaria.

En esa línea, la Ley Impositiva propone adecuar normativas para el cobro de IIBB a los servicios digitales prestados desde el exterior y adoptar el nomenclador nacional para simplificar la tarea del contribuyente y potenciar el intercambio de información con distintos organismos.