El fiscal Carlos Stornelli imputó al dirigente social Juan Grabois; a la militante de su espacio Ramona Fernanda Miño, que estuvo al frente de la Secretaría de Integración Socio Urbana; a la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti y a Jorge Tanus, que fue presidente del BICE Fideicomisos durante la gestión de Alberto Fernández

Fue luego de la denuncia que se impulsó tras la auditoría ordenada por el gobierno de Javier Milei que reportó irregularidades en el manejo de fondos millonarios que engrosaron el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) durante el período 2020-2023.

En un dictamen entregado a la jueza María Servini, Stornelli sostuvo que “resulta objeto de investigación la presunta administración fraudulenta, y/o malversación de caudales públicos, y/o abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en relación al Fondo de Integración Social Urbano (FISU), ocurridos en el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2019 y el 10 de diciembre de 2023″.

Según la denuncia, la administración de los fondos que integran ese fideicomiso “se encontraría” en manos de la Unidad Administrativa del Estado (BIFISA) a cargo de Anabel Fernández Sagasti, Jorge Tanus, y por la Secretaría de Integración Socio Urbana, a cargo de Fernanda Ramona Miño, quien a su vez sería integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), agrupación que se encuentra encabezada por el dirigente sindical Juan Grabois. Grabois, según la denuncia, tendría alguna injerencia en el manejo y/o distribución de los fondos del FISU, señala el dictamen. Todos ellos, por eso, quedaron imputados.

La presentación señala que “a partir de una auditoría realizada por el Poder Ejecutivo Nacional, se habría advertido que el Fondo de Integración Social Urbano (FISU), cuyo objetivo principal era el de urbanizar barrios populares, habría concretado tan solo 400 obras de las 6.517 asignadas”. Para ello, se destinaron “fondos por hasta USD 1.000.000.00 en los últimos tres años”, los cuales habrían sido utilizados “para beneficio propio o para campañas políticas”. La denuncia apunta a “sobrefacturación y millones de pesos destinados en viajes y gastos no rendidos”.

En ese contexto, señaló el dictamen, “se desprende que el FISU habría incrementado sustancialmente su personal en el último período, pasando de tener tan solo 60 empleados a 600, siendo que la gran mayoría de ellos se encontrarían afiliados a la agrupación social Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE)”.