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Justicia digital en tiempo de pandemia

Por CAROLINA JACKY / Las Convenciones Internacionales indicadas en el art. 3 de la Ley 26.485 y la propia ley protegen a las personas indicadas en esas Convenciones.


Mujeres, niños, niñas y adolescentes.

Se tratan de derechos humanos que requieren de una pronta respuesta de la Justicia.


También que esa respuesta se realice con la debida diligencia y en lo posible por profesionales capacitados en la materia.
Así se indica en estas Convenciones.


La Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, más conocida por sus siglas CEDAW, forma parte de nuestra Constitución Nacional, y como la República Argentina también firmó el Protocolo Facultativo de la misma, las Recomendaciones emitidas por el Comité de Seguimiento de esta, son obligatorias para el Estado Argentino.
Esto es muy importante tenerlo en cuenta, aunque la mayoría de nuestros magistrados y profesionales del derecho lo desconocen.


A diario tenemos muestras de la falta de capacitación, pero también falta que las víctimas conozcan sus derechos.
Como también la Provincia de Mendoza adhirió a la Ley 26.485, que es de orden público, también está obligada a cumplir con estas normas.


La falta de cumplimiento a esto hace responsable a funcionarios, magistrados y profesionales, de los daños y perjuicios que ocasionen a las personas protegidas.


También hay que destacar que amén de las personas ya indicadas también deben protegerse a los activistas y defensores de estos derechos humanos.


La Recomendación General 33 de CEDAW (03/08/2015), una de las ya 37 Recomendaciones dadas y obligatorias para la República Argentina, y que muy pocos han leído, demostración de la falta de capacitación en la materia, trata sobre el acceso de las mujeres a la justicia.


Mucho se habla de la Ley Micaela, de la capacitación que parece no alcanzar a quienes realmente deberían poner toda su autoridad para cumplir con el conocimiento en perspectiva y violencia de género, y por eso seguimos teniendo sentencias o resoluciones que escandalizan a la sociedad.


JUSTICIA DIGITAL PARA #NI UNA MENOS


Veamos lo que nuestro Poder Judicial les debe a todas estas personas y especialmente a las mujeres.
Veamos en lo que se está incumpliendo:


La administración de justicia debe permitir el acceso a la justicia y a las causas judiciales sin ningún tipo de impedimento.
Esto no se está practicando, y hay muchos jueces que incumplen con sus obligaciones y hasta se niegan a cumplirla.
El mandato convencional con rango constitucional dice:


“II. Cuestiones generales y recomendaciones sobre el acceso de la mujer a la justicia.


A. Justiciabilidad, disponibilidad, accesibilidad, buena calidad, suministro de recursos y rendición de cuentas de los sistemas de justicia…15. Respecto de la justiciabilidad, el Comité recomienda que los Estados parte: … i) Aseguren que los defensores de los derechos humanos de las mujeres tengan acceso a la justicia y reciban protección contra hostigamientos, amenazas, represalias y violencia”.


“16. Respecto de la disponibilidad de sistemas de justicia, el Comité recomienda que los Estados partes: … a) Aseguren la creación, el mantenimiento y el desarrollo de cortes, tribunales y otras entidades, según se necesiten, que garanticen el derecho de la mujer de acceder a la justicia sin discriminación en todo el territorio del Estado parte, incluidas las zonas remotas, rurales y aisladas considerando la posibilidad de establecer tribunales móviles, especialmente para atender a mujeres que viven en esas zonas y utilizar de manera creativa modernas soluciones de información y tecnología cuando resulte posible; 17. En cuanto a la accesibilidad de los sistemas de justicia, el Comité recomienda que los Estados partes:.. d) Garanticen el acceso a la Internet y otras tecnologías de la información y las comunicaciones para mejorar el acceso de la mujer a los sistemas de justicia a todos los niveles, y presten atención al desarrollo de una infraestructura interna, incluidas las videoconferencias, para facilitar la celebración de audiencias y compartir, reunir y apoyar datos e información entre los interesados directos”.


Recomiendo volver a leer con detenimiento lo que manda la Convención, y pido que opinen si creen que se está cumpliendo con esto.


La opinión de ustedes es importante, y también en lo posible hagan propuestas.


Hoy en Mendoza muchos jueces se niegan a digitalizar las causas judiciales.


Todavía tenemos jueces enamorados del papel, y de expedientes cosidos con piolín.

Sí, Jueces de la Lexicón 80 (Vieja máquina de escribir).


Rechazan digitalizar las causas, pretenden que los profesionales pidan turnos para ver los expedientes. Todo esto demora las causas.


Otros jueces se resisten a las audiencias virtuales, y hasta se manifiestan en contra públicamente o por sus resoluciones.
Como la Suprema Corte de Mendoza tiene 7 Ministros, cada uno se ha hecho cargo de algún fuero, y también los profesionales de informática responden a distintos Supremos (Jueces de la Corte).


El Ministerio Público tiene un solo jefe, el Jefe de los Fiscales que conocemos como Procurador de la Corte.


La interna de la Corte también afecta la informática, y cada uno con su librito se encarga de su sector.

Cada uno tiene su jefe o encargado de informática, y cada uno compite en imponer su formato de trabajo.


Todo esto provoca que encontremos distintas formas de proceder de acuerdo al fuero, y ni hablar de los errores que comenten por falta de una sola unidad de mando.


Nadie sabe lo que hace el otro, y todo esto lleva al colapso de la justicia.


Todo termina en que cada Juez inferior hace lo que quiere, no hay un solo criterio y obviamente esto afecta la administración de justicia.


Si a todo esto le sumamos que hay muchos abogados que insisten en la atención personalizada y no virtual, entonces las víctimas de violencia de género sufren esta decadencia de la justicia, y esto se llama revictimización.


Como se advierte no se cumple con disposiciones de carácter constitucional.


Con urgencia la Corte debería ordenar digitalizar todos los expedientes, de todos los fueros, que hayan tenido movimiento durante este año, y los nuevos que se presenten.


Para evitar problemas o cuestionamientos gremiales deberían contratar empresas privadas de digitalización para que realicen esta tarea en el tiempo más corto posible.


Para aquellos expedientes que no tuvieron movimiento durante el 2020, y hoy alguien los impulsara, se derive su digitalización a otra empresa para evitar se retrasen los que hoy están en movimiento, suspendiendo todos los plazos durante la digitalización.


No es tan difícil, y aunque lo fuera, no solo es necesario sino que es urgente.


Como la idea no es solo criticar sino hacer un aporte, vayan algunos como ayuda.


El COVID19 está con nosotros y seguirá por mucho tiempo.

Si en Europa hay rebrotes cuando están entrando en otoño, pensemos que también nosotros tendremos rebrotes para el otoño 2021.


Todos los días tenemos cerrado varios juzgados, en cualquier momento se restringirá toda la actividad judicial.


Es urgente digitalizar todo el servicio de justicia, cerrar los tribunales para el ingreso de público y profesionales.


Es urgente despejar las playas de estacionamiento e instalar burbujas sanitizadas para la toma de declaraciones de testigos en audiencias por videoconferencia.


No olvidemos que tenemos el famoso y costoso Polo Judicial, nunca inaugurado, que si no se usa para el COVID19, que se use para las testimoniales virtuales.


Día a día algún tribunal está cerrado por desinfección o cerrado por COVID19. Magistrados, funcionarios o empleados con COVID19 o por presunto contagio, todos expuestos, pero esta negligencia mañana se puede llamar genocidio.


La Justicia no puede dejar de funcionar, no puede cerrar.


El servicio de justicia tiene que estar disponible para todos.


Porqué otras provincias tienen una justicia virtual y Mendoza no.


Porqué una provincia como San Luis hace años que la tiene digitalizada y nosotros no.


Porqué otras provincias ya han digitalizado y virtualizado todo o gran parte de su servicio de justicia y Mendoza no.


Están quienes entienden que invertir en justicia es un costo, y prefieren seguir cosiendo expedientes con piolín.

Cuando tenemos jueces que no saben ni como prender una PC, y mucho menos como establecer una comunicación virtual, estamos con un gran problema.


También hay abogados que no lo saben, pero esto no puede ser una excusa.


Es necesario que aquellos que tienen responsabilidad como dirigentes, desde sus cargos, resuelvan este problema.
El 12 de marzo de este año, en vísperas de la primera cuarentena, tuve una audiencia con el Gobernador de Mendoza, Dr. Rodolfo Suarez. En esa oportunidad le trasmití mi preocupación por la falta de digitalización de nuestra justicia.


Mi pedido de audiencia se debía a que entendía que con urgencia había que invertir en digitalización, y evitar una posible paralización de la justicia.


El 12 de marzo ya teníamos el diario del lunes, ya veíamos lo que pasaba en Europa.


En esa entrevista se habló de la existencia de una línea de crédito internacional disponible para Mendoza para aplicar a la modernización de la justicia.


Hoy, primera semana de setiembre, vuelvo a reclamar con urgencia invertir en la justicia.


Estamos a un paso de una cuarentena peor que la de marzo, esta vez con más afectados y más muertos.


El Poder Judicial de Mendoza ha perdido mucho tiempo, cada día tendrá menos magistrados, funcionarios y empleados para atender, el futuro no es bueno.


Nuestros legisladores también tendrían que estar elaborando nuevos códigos de procedimiento que incluyan la digitalización y la virtualidad.


La hora de la informática llegó a la Justicia y para eso hay que convocar a informáticos y no prestar tanta atención a los enamorados de la Lexicón 80.
No seamos testarudos, estemos abiertos a los cambios, escuchemos propuestas y opiniones, consultemos, y pensemos en nuestras víctimas.


#NI UNA MENOS
Carolina Jacky

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