(Por Télam) – La AFIP pidió ayer enviar a juicio oral y público al ex titular del organismo Ricardo Echegaray y a los dueños del grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Sousa,
bajo la acusación de defraudación al Estado a raíz del no pago de 8.000 millones de pesos del impuesto a los combustibles en la petrolera Oil Combustibles. Piden que se los juzgue por “administración fraudulenta”
En el escrito presentado por el abogado Ricardo Gil Lavedra ante el Juez Federal Julián Ercolini, el organismo pidió que se los juzgue por “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.
Según el texto al que accedió Télam, el ente recaudador sostiene que el delito cometido por Echegaray y los dueños del Grupo Indalo no fue “apropiación indebida de tributos”, como lo definió la Cámara Federal, sino fraude, algo que deberá resolver en la Cámara de Casación Penal.
“Se trató de un plan sistemático urdido desde la propia AFIP en los más altos niveles de conducción”, sostuvo Gil Lavedra en el escrito en el que sindicó a Echegaray como autor del delito y a los empresarios como partícipes necesarios.
Durante la gestión de Echegaray en la AFIP hubo una “planificación destinada a que los imputados pudieran desarrollar la maniobra sin ser molestados”, planteó el abogado del organismo al pedir el envío a juicio oral de los procesados en este expediente.
“Cristóbal Manuel López y Carlos Fabián De Sousa, a través de la sociedad Oil Combustibles SA, utilizaron indebidamente y en su propio beneficio el dinero no ingresado para capitalizar otras sociedades del grupo económico”, advirtió la AFIP en el escrito.
“La maniobra imputada consistió en la irregular incorporación mensual, en diferentes planes de pago generales y en el otorgamiento, por parte del ex Administrador Federal, de planes particulares, a la vez que se omitió ejecutar la deuda”, sostuvo Gil Lavedra.
La AFIP, querellante en la causa, presentó así su requerimiento de envío a juicio ante el juez federal Julián Ercolini y para la próxima semana se espera el pronunciamiento del fiscal del caso, Gerardo Pollicita.
El no ingreso a la AFIP de lo recaudado por Oil Combustibles en carácter de agente de retención del impuesto a la transferencia de combustibles líquidos y sobre el gas natural entre mayo de 2013 y agosto de 2015 formó parte de un plan y además está enmarcado en lo ocurrido en la causa judicial central de la cual esta pesquisa es un “desprendimiento”, recordó organismo.
En esa causa “central” se “investiga una asociación ilícita entre funcionarios del Estado y empresarios ligados a éstos, dentro de la que se enmarca una maniobra fraudulenta que ha ocasionado un perjuicio al Estado Nacional”.
López y De Sousa fueron excarcelados por la Cámara Federal porteña en una decisión que ahora revisará la Cámara Federal de Casación ante un pedido para que vuelvan a prisión realizado ya por el fiscal de apelación Germán Moldes, en el que también pidió la cárcel para Echegaray.
Los jueces de Casación Gustavo Hornos, Eduardo Riggi y Ana María Figueroa decidirán sobre la libertad de los empresarios y sobre la calificación del delito imputado luego de una audiencia prevista para el 26 de abril en la que escuchará la postura de Moldes y de las defensas de los acusados.
