La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó a la justicia federal de San Luis que investigue al gobernador de la provincia, Alberto Rodríguez Saá, por un subsidio de 80 millones de pesos otorgado en 2017 a su cuñada, Gisela Vartalitis, esposa del senador nacional Adolfo Rodríguez Saá, para determinar si no existieron irregularidades en los trámites realizados y cuál fue el destino del dinero que, se presume, fue utilizado con “fines electoralistas”.
Así lo informó hoy a Télam el presidente del bloque de diputados del Frente San Luis Unido, Alejandro Cacace, que también es candidato a diputado nacional por el Frente Juntos por el Cambio.
El legislador señaló que la denuncia fue realizada en 2017 por un aporte de 80 millones de pesos a la Fundación Mujeres Puntanas, que preside Gisela Vartalitis, “ya que tenemos pruebas que hubo desvío de fondos para la campaña electoral de ese momento y el Alto Tribunal también resolvió el incidente generado porque los jueces locales, tanto del fuero federal como provincial, se habían declarado incompetentes”.
“Durante estos dos años, padecimos que los jueces provinciales y nacionales en San Luis se declararon incompetentes y ahora se nos notificó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dispuso que en la causa por la posible comisión de los delitos de violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, y fraude en perjuicio de la administración pública, intervenga la Justicia Federal”, enfatizó Cacace.
Además del gobernador, están sospechados el vicegobernador, Carlos Ponce; los ministros Sergio Freixes y Natalia Zabala Chacur; el contador General, Daniel Marone; Adolfo Rodríguez Saá y su esposa Vartalitis.
De la acusación se desprende que los fondos girados a la Fundación en una sola cuota y en el lapso de 24 horas, habrían estado destinados a la compra de electrodomésticos, que luego fueron entregados en actividades proselitistas para sostener las candidaturas de los hermanos Rodríguez Saá, que eran candidatos a senadores nacionales.
En la decisión de la Corte, el procurador general de la Nación, Eduardo Ezequiel Casal, argumentó que le corresponde a la Justicia Federal “incorporar los elementos necesarios para darle precisión y resolver” la investigación, explicó el diputado Cacace
Fue en base a esto que, el 13 de agosto, los integrantes de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti determinaron enviar la denuncia al Juzgado Federal de San Luis.
El denunciante añadió que, además, se formalizó la comunicación al juez Penal N° 1 provincial.
