En Argentina, el Régimen Penal de Minoridad, promulgado en 1980, durante la última dictadura militar, estableció que la edad de imputabilidad es a los 16 años. El Gobierno pretende reformarlo.

Por CARLOS FERNÁNDEZ / El proyecto de baja de la imputabilidad a los 13 años en Argentina, presentado en el Congreso de la Nación el 28 de junio, tanto por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como por el titular Justicia, Mariano Cúneo Libarona, comenzó a tener reparos de parte de especialistas de Mendoza con mucha experiencia en la Justicia.

El debate se reinició antes de la presentación parlamentaria, cuando se produjo el asesinato a sangre fría del playero Bruno Bussanich, en Rosario, que derivó a fines de marzo en la detención de un joven de 15 años sospechoso de ser el autor material del homicidio.

Luego de que Bullrich anunciara que había girado al Congreso el proyecto de ley para avanzar en ese sentido, el fiscal aclaró que este caso responde a la legislación vigente ahora y que el menor no quedará preso, sino que hará un tratamiento coordinado por el área de Niñez.

Actualmente, entre la posición netamente punitiva y la que contempla respetar derechos de los menores, se alzaron en Mendoza algunas voces de especialista que no aceptan del todo el proyecto oficialista, analizando distintos tipos de delitos e interpretaciones de cómo podrían alcanzados por la futura norma legal luego de que se determine su aplicación posterior.

“Se arranca con un discurso que para mí es de odio”

“Me preocupa la frase, delitos de mayores, penas de mayores”, introdujo en su reflexión la abogada Carolina Jacky, agregando que “es una frase como de venganza, de odio, por lo menos así suena y me preocupa porque muchas de las reformas que se plantean se hacen a la luz de una Constitución nacional que no es la que nos rige“, apuntó con relación a la Constitución de la Nación Argentina de 1853. 

La letrada especialista en Violencia de Género y asuntos penales vinculados a la minoridad, marcó que, “pareciera que se olvidan de las convenciones y tratados internacionales incorporados a la Constitución de 1994. Estamos hablando de la imputabilidad de menores a partir de los 13 años, con un sistema penal donde los lugares de detención tienen que ser otros distintos al de los mayores. Hay una serie de requisitos que se deberán tener en cuenta, pero acordémonos que hay una convención que habla del interés superior del niño“, recordó.

“Ahora, me dirijo a quien dice que lo robó o lo asaltó un menor y que afirma que merece que esté en la cárcel. Cuando un sobrino de él de 13 o 14 años en una diversión, como cuando dicen los chicos, en una jodita, se queda con algo en un supermercado, lo voy a querer ver cuando a ese chico esté direccionado a ir a un penal. ¿Su opinión será la misma? O dirá que acá habrá que entender o comprender… Entonces, el entender y comprender es antes… Y ese antes no creo que se esté produciendo en este país. Se arranca con un discurso que para mí es de odio“, sentenció.

Piden tener en cuenta “las herramientas culturales” de los chicos

“La situación del Instituto de la Edad de Imputabilidad es compleja por varios sentidos. Primero, porque desde cuándo la ley imputa pensando que tiene plena capacidad la persona para comprender la criminalidad del hecho y dirigir las acciones. Eso juega también con otros principios o convenciones constitucionales como son los referidos a los derechos de los niños y adolescentes“, analizó el abogado penalista Pablo Cazabán.

A lo considerado, le sumó, “un aspecto que ser refiere a la capacidad y que no es lo que entiende el común de la gente sobre lo bueno y lo malo. No es tan simple el tema. Si no, también es la capacidad de dirigir las acciones o de tener la capacidad de llevar adelante conductas alternativas dentro del derecho. Y en esto último, tal vez una de las cuestiones más complejas es el tema de las herramientas culturales que esas personas tienen totalmente, a medias o directamente no tienen”.

Y añadió: “Esto va mucho por la capacidad que haya tenido esa persona para acceder a esas herramientas culturales como lo es la educación. Entre otras cosas, la socialización y muchos otros aspectos de herramientas culturales en una sociedad en la que no todos pueden ingresar a la educación formal o si ingresan lo hacen no con todas las posibilidades y hay un alto grado de deserción escolar. Y hay una gran conflictividad intrafamiliar. En familias que tienen disfuncionalidades graves, igualar para abajo esta situación es bastante complejo”.

En un segundo aspecto, Cazabán, manifestó: “Hacer la distinción entre delitos graves y no graves, para tomar distintos límites de edad, para la imputabilidad es un absurdo jurídico absoluto, porque a mi juicio entraría ya en conflicto con un principio de igualdad ante la ley. Se podrá decir que hoy existe eso, pero según lo considera la convención internacional. Por eso es que me parece que bajar la edad de imputabilidad para delitos graves es asistemático como mínimo. Y después subyacen dos aspectos más. Primero el fin de la pena, no lo digo yo, lo dice la Ley de la Ejecución de la Pena, la 24.660 en su artículo primero nos dice que lo que se busca es la resocialización, no el castigo”.

“Entonces, yo me pregunto: ¿están preparados en todo el sistema judicial y penitenciario para la resocialización? ¿Me estoy ocupando de estos aspectos pensando en los menores, porque ellos necesitan un sistema específico que no sea solamente judicial, sino un sistema penitenciario específico? No todas las provincias lo tienen y la Nación no lo tiene, de eso estoy seguro, Por eso no alcanza solo con bajar la edad de imputabilidad, eso es un pensamiento mágico, porque los van a mandar a los mismos lugares, a los mismos institutos, con los mismos instrumentos y las mismas herramientas que tienen hoy, que son muy pocas. Y cuyo fracaso es evidente y esto va anudado con la otra pregunta: ¿para qué? Si la respuesta es porque se necesita que se los castigue, ese no es fin de la pena. Si no cambien la ley que ahora dice que es para resocializar, para lo cual debés tener institutos ordenados, sistemas ordenados y eso requiere inversión”, analizó.

Y cerró: “Una ley de baja de la imputabilidad sin una inversión financiera, económica, de todos los aspectos de recursos humanos que no traiga, eso es pura demagogia y mentirnos entre nosotros“.