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La muerte de nueve personas agrava la crisis en Bolivia

La muerte en fuertes disturbios de al menos nueve personas agravó hoy aún más la profunda situación que sufre Bolivia, mientras los políticos intentan avanzar hacia unas nuevas elecciones, como solución a la crisis en el país desde la renuncia de Evo Morales.

Los féretros de algunos de los fallecidos comenzaron este sábado a llegar a Cochabamba, capital de la región homónima, la más castigada por la violencia desatada tras los comicios del 20 de octubre que desembocaron en la forzada salida de Morales del país.

Los ataúdes de cinco de los fallecidos en los disturbios del viernes fueron recibidos con gritos clamando justicia frente al Instituto de Investigaciones Forenses en Cochabamba, en el centro del país.

Familiares y amigos insistieron en las denuncias sobre una dura intervención de policías y militares el día antes, cuando una marcha de cocaleros afines a su líder Evo Morales intentaba entrar en Cochabamba.

“Acaso somos perros”, se preguntaban, para denunciar ante las cámaras que “no pueden matar de esta manera”, reportaron medios locales.

El Gobierno interino de la autopraclamada presidenta Jeanine Áñez mantiene que no está claro que los disparos mortales fueran de policías y militares, que desde el lunes pasado patrullan conjuntamente para intentar mantener el orden tras el caos en que se sumió Bolivia con la salida de Morales ese día camino de su asilo en México.

Un equipo de forenses enviado por la Fiscalía investiga las muertes en los disturbios más graves desde las elecciones, con más de un centenar de heridos y cerca de 200 detenidos.

El gobierno interino emitió hoy un decreto para eximir a las Fuerzas Armadas de responsabilidades penales en la represión, según un texto al que pudo acceder la agencia de noticias Télam.

“El personal de las Fuerzas Armadas, que participe en los operativos para el restablecimiento del orden y estabilidad pública, estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad”, estableció el decreto conocido hoy pero que cuenta con fecha del viernes.

Asimismo, añadió que “Las FFAA deberán enmarcar sus actuaciones conforme lo establece el Manual del Uso de la Fuerza aprobado, pudiendo hacer uso de todos los medios disponibles al riesgo de los operativos”, lo que habilita a las fuerzas del orden a contrarrestar las manifestaciones con armas de fuego.

Las protestas en Bolivia ya dejaban 22 muertos, más de 500 heridos y de 600 detenidos desde los comicios en los que Morales fue reelegido para un cuarto mandato consecutivo, hasta que el domingo la Organización de Estados Americanos (OEA) señaló “graves irregularidades” y Morales, forzado por las FFAA, renunció a la Presidencia.

La única salida a la crisis más profunda en Bolivia desde la “guerra del gas” de 2003, que dejó más de 60 muertos, parece ser por ahora una nueva cita con las urnas, un proceso que podría demorarse unos tres meses.

Para agilizarlo, hoy el Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales, que controla el Parlamento, anunció para el martes una sesión que inicie el proceso, que pasa primero por nombrar un nuevo órgano electoral que suceda al anterior, cuyos miembros están procesados y algunos ya en prisión por el supuesto fraude del 20 de octubre.

Ese órgano electoral debe salir de una Asamblea Legislativa en la que el MAS tiene mayoría de dos tercios, frente a una oposición que sustenta el gobierno provisional de Áñez, que reiteró hoy que su objetivo es lograr nuevas elecciones, pero para ello tiene que entenderse con el MAS en un Parlamento que aún no se ha pronunciado sobre la renuncia de Morales.

Una de las primeras decisiones de Áñez en torno a la política exterior fue apartarse radicalmente de los aliados políticos de su antecesor, empezando por Cuba y Venezuela.

Un grupo de 226 médicos cubanos partió hoy a su país desde Santa Cruz, tras las denuncias de las nuevas autoridades del país de que entre esos profesionales hay quienes instigan la violencia en el país.

Entretanto, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció hoy un “uso innecesario o desproporcionado de la fuerza” por parte de las fuerzas de seguridad en Bolivia.

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