Por CAROLINA JACKY / De Oriana Fallaci a Bernardo Neustadt

Eso fue en tiempos de la dictadura militar, y por alguna razón es lo que inspira esta nota.

La República Argentina se ha caracterizado en ser una sociedad que no respeta sus instituciones ni el orden jurídico.
Las distintas intervenciones militares que interrumpieron procesos democráticos, subvirtieron el orden constitucional, pero dejaron su huella en la sociedad y obviamente en sus representantes.

Aún hoy encontramos quienes nos hablan de que deberían volver los militares, y lo expresan con toda naturalidad.
Una de las virtudes que invocan de esos gobiernos, es que con los militares había orden y había seguridad, ambas conseguidas en base a la fuerza o por el terror.

La falta de respeto a la ley no solo fue prerrogativa de los militares, sino que la sociedad, al llegar la democracia, solo se quedó con el derecho a votar, y equiparó la democracia como un derecho a hacer lo que se quiera sin importar nada más.
En ese hacer lo que quiera y como quiera fue un actuar muy común en todos estos años de recuperación de la democracia.
Por ahora democracia es solo votar, elegir, y las mayorías siempre tienen la razón… “los voto el pueblo”, olvidándose que también el pueblo voto a las minorías, y que sobre el voto y sobre mayorías y minorías hay algo superior… el ORDEN JURIDICO.

Ese conjunto de normas que conforman la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales integrados a ella, como las Constituciones Provinciales están por arriba de todos nosotros, todos debemos respetarlas.
Todos debemos respetar la ley, aunque nos parezca injusta, eso es el ORDEN JURIDICO y es lo que hace al ORDEN INSTITUCIONAL.
La Democracia no es solo votar.
Esto de votar es lo que más les interesa a los políticos, pero lo que menos atención le presta el pueblo.
El pueblo esta más preocupado porque los políticos le resuelvan temas como la inseguridad, la inflación, la salud, etc., que cumplan con sus promesas electorales. Esto nunca se cumplió, y la pregunta es, ¿ES ESTO LO ÚNICO QUE LE QUEDA AL PUEBLO?

Hasta el momento parece que sí, salvo que quien gobierne lleve las cosas hasta tal punto, para que el pueblo salga y grite “QUE SE VAYAN TODOS”, pero por un rato, porque en un par de años todos vuelven.
En esta “democracia imperfecta” en que esta inmersa nuestra República Argentina, nadie se preocupa por la institucionalidad, por eso estamos ante tanta inseguridad jurídica.

Nadie respeta las ordenes judiciales, pero especialmente el Estado.
Cuando un juez le ordena pagar una sentencia a ANSES, lo que debe hacer dentro de un plazo determinado, NO LO HACE, y así tenemos jubilados esperando más de un año ese cumplimiento.
Cuando se dicta una ley de blanqueo de capitales donde los familiares de los funcionarios no pueden presentarse, el mismo presidente con un decreto modifica la ley.
De ese blanqueo saldría el dinero para pagar la Reparación Histórica, y esta famosa Defraudación Histórica es esperada por miles de jubilados.
Reducir el beneficio previsional a miles de jubilados y pensionados, y modificar el cálculo para el otorgamiento de los beneficios, en detrimento de la clase pasiva, es ir contra la Constitución Nacional y las Convenciones Internacionales, pero si han ganado las elecciones tienen el derecho de violar la ley, algo a lo que nos tiene acostumbrados esta extraña democracia que nadie se atreve a refundar.
Cuando un Juez le ordena al Estado hacer cesar la violencia de género hacia una de sus mujeres trabajadoras, hay que emplazarlo a cumplir.
Hasta llegamos a ver como el Estado se defiende de las demandas por violencia de género, tratando de demostrar que no es discriminación hacia la mujer policía descontarle como enfermedad los días que falta por problemas en su embarazo.
O ver como el Ministerio de Seguridad de la Nación en una causa por violencia de género, personal de uno de sus organismos de seguridad se niega a recibir una orden judicial, y hasta por escrito indican que lo hacen en cumplimiento de una ley que está muy por debajo de las Convenciones Internacionales, pero que podemos esperar de quien esta a cargo de esa cartera, que “antidemocráticamente” arenga a sus subordinados a no respetar las órdenes judiciales.
No respetamos a la Justicia, ni tampoco los Tratados Internacionales que tenemos firmado.
Nos parece muy bien que un asesor presidencial hable a favor de la pena de muerte, cuando para poder establecer la pena de muerte tendríamos que denunciar tratados internacionales con el consiguiente repudio internacional.
Ante esto, no nos sorprendemos, ya que estamos acostumbrados a vivir fuera del mundo, y respetar poco las normas jurídicas.
Así estamos como estamos, pero no pretendamos que alguien venga a invertir, y no me refiero a los que vienen porque le otorgamos prebendas o negocios de dudosa legalidad.
Hoy tener empresas off shore parece ético y normal, hasta tenemos un ministro de la Nación cuyo trabajo anterior era constituirlas.
Si la autoridad máxima del Poder Ejecutivo Nacional sale a enfrentar al Poder Judicial, convalidando a su Ministra de Seguridad, pretendiendo instalar la ley del far west.
Cuantos hechos de violencia de género tenemos en manos de miembros de las fuerzas de seguridad que usando su arma o dejando esta en manos de otro ha terminado todo en tragedia.
Quienes integran esas fuerzas bien saben que hay muchos que no deberían empuñar un arma, que hay muchos que tampoco deberían vestir el uniforme, pero también saben lo poco que se hace para estar evaluando las aptitudes físicas y psíquicas de los miembros de la fuerza.
Por otro lado, tenemos una Justicia que no cumple con su trabajo, que parece especular políticamente con algunas causas, y muchas de ellas solo se activan o se desactivan para tiempos electorales, no importa quien sea el gobierno de turno.

Quien se opone o critica es tildado de “destituyente”, y que a nadie se le ocurra pedir la destitución de un gobernador o un presidente, porque parece que desconocen que existe el JUICIO POLITICO.
Como no reconocemos a las instituciones y no respetamos el orden jurídico, tenemos finales como el del 2001.
Lo más grave es la pérdida de derechos, esto irrita, esto crea violencia en la sociedad, cuando los derechos son vulnerados desde los poderes del estado, entonces los “destituyentes” son quienes nos gobiernan y representan.
La solución SIEMPRE esta en el orden jurídico, y allí debemos recurrir, debemos luchar por nuestros derechos con las armas propias de una sociedad democrática, y no de una sociedad fascista.

#NI UNA MENOS
CEPyC Carolina JACKY