Por NOTICIAS MENDOZA / Los productores pequeños y medianos de la vitivinicultura mendocina, en su mayoría del Este, en la noche del último miércoles de enero de 2019, en Montecaseros, propusieron que la agenda del Gobierno provincial tenga en cuenta un plan plurianual en el que se establezca un acuerdo con el sector privado (compradores de uva) que mejore la condición de crisis “asfixiante” que atraviesan.

Convocados por la Asociación de Productores del Este de Mendoza (APROEM), luego del aguacero que afectó a gran parte de los departamentos de San Martín, Junín y Rivadavia -durante la tarde noche del 30 de enero- unas 200 almas se reunieron fuera del Club Montecaseros con el fin de descargar el enojo -que vienen acumulando hace años, mucho más de tres- por la baja rentabilidad de sus unidades productivas que hoy -según expresaron- no les alcanza para mantener sus viñedos.

Frente a un escenario pesimista, en cuanto a la atención que esperan les brinde el Gobierno provincial, propusieron desde un “caravanazo” hasta un “sitio” a la Casa de Gobierno de Mendoza por el cual llegaron a pedir “no dejar salir a ningún funcionario hasta que nos atiendan”. La arenga incluyó también la posibilidad de “encadenarnos” y la alternativa de “pasar la noche sin dejar salir a nadie hasta que nos reciban”.

Claro, en un estado de bronca que fue subiendo de nivel, mientras iban tomando el micrófono, recordaron viejas promesas de otras gestiones oficiales y hasta de entonces candidatos que actualmente son funcionarios donde saltó el reclamo a la “la gobernadora Laura Montero”.

También que la mentada movilización masiva por la Ruta 7 hacia la Ciudad de Mendoza no se estire demasiado para que la inquietud cobre visibilidad lo más rápido posible. “Que no pase más de una semana” resonó desde uno de los rincones más enconados a favor de una protesta “que llegue hasta Macri”.

Uno de los momentos más tensos se vivió cuando el intendente interino de San Martín, el concejal Horacio Rodríguez -pastor evangelista-, se arrimó hasta el fogón de los desencantados y expresó la necesidad de declarar la emergencia económica del departamento.

En la delegación municipal además hubo representantes de Promoción Económica y dos ediles más del justicialismo. Ellos los invitaron para el jueves a las 10 para seguir las deliberaciones en el mismo edificio comunal.

En definitiva, lo que buscan los productores es una salida inteligente y realizable en la que se considere la formación de precios -y los plazos de pago- de parte de los grandes compradores de uva en Mendoza.

Que el Gobierno articule las medidas necesarias para mejorar el estado de situación frente a cuestiones como la obligación de destinar un porcentaje de uvas a mosto y las responsabilidades frente a tributos provinciales como el derecho al agua que se les impone desde el Departamento General de Irrigación.

Que se les bloquee a las bodegas que importaron vino en el 2017 la cantidad de litros equivalentes a lo que importaron.

Suspender el otorgamiento de nuevas cédulas de viñedos al menos por cinco años hasta tanto contar con políticas y medidas estructurales que permitan revertir la situación por la que atraviesa actualmente el productor primario.

Disolver la COVIAR por incumplimiento de los objetivos propuestos en el plan estratégico vitivinícola 2020.

Prorrogar hasta el 2020 el pago de cuotas de préstamos otorgados por los organismos provinciales y las cuotas de Irrigacion y fondo para lucha contra lobesia botrana, entre otras obligaciones.

Además solicitarle al gobierno provincial que se involucre con la situación actual por la que atraviesa el sector productivo, adoptando las medidas necesarias a fin de diseñar políticas que le permita permanecer dentro de la actividad.

Nota aparte tiene que ver la observancia a las importaciones de vinos a granel, por ejemplo, desde Chile, por lo que denunciaron que en el país trasandino poseen la alternativa legal de rebajar el grado alcohólico con un hasta 7 por ciento de agua.