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#NiUnaMenos: responsabilidad estatal y canónica

Jun 2, 2020

Sobrevivientes de la violencia de género y los familiares de las víctimas de femicidio han encontrado tanto en la responsabilidad institucional ante el fuero civil como en la estatal ante los organismos internacionales, nuevas vías para reclamar, no sólo reparación individual, sino cambios normativos o de políticas que contribuyan a la lucha contra estas violaciones a los derechos humanos.

Dos ejemplos en este sentido son el primer pedido de reparación presentado contra el Estado argentino ante la ONU por un femicidio, y las dos primeras demandas civiles interpuestas contra la Iglesia Católica en Argentina por el «daño derivado de la violencia de género».

El pasado 26 de mayo, las organizaciones Atravesados por el Femicidio (Argentina) y Justicia y Reparación (Chile) presentaron ante el CEDAW (Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer) de la ONU, el femicidio de Florencia Albornoz, quien durante dos años había denunciado infructuosamente a su agresor, un policía bonaerense.

La presentación «está fundada en las violaciones a los derechos humanos que sufrió» entre 2008 y 2010 «por parte del Estado argentino, consecuencia de no haberle brindado la protección y vías de acceso a la justicia», con un desenlace fatal para ella.

Florencia tenía 22 años y dos hijos menores cuando fue asesinada en 2010 por su ex pareja Miguel Ángel Mazó, quien hizo uso de su arma reglamentaria para quitarle la vida, a pesar de que existía una restricción perimetral y aprovechándose de la «amplia impunidad» que le daba su condición de policía.

Mazó fue condenado a 18 años de prisión en 2012 y ese mismo año los familiares iniciaron una acción civil contra la provincia de Buenos Aires para solicitar una indemnización por daños que al día de hoy «sigue en la etapa inicial del proceso».

«El paradigma a discutir es el de la omisión de parte del Estado, que es tan brutal como la acción», dijo a Télam el abogado Christian Berndt Castiglione, fundador de Justicia y Reparación, un equipo de litigio en derechos humanos de alcance regional.

El abogado explicó que la idea era reunir casos ocurridos en Argentina «de manera colectiva y no individual», en los meses previos a que el país «rinda examen» ante Cedaw, transcurridos cuatro años de la última revisión.

«Pero el Covid19 nos impidió esa recopilación y elegimos presentar este único caso que es el más completo y simbólico», dijo.

Berndt describió el crimen y las instancias que lo posibilitaron o que perpetúan la falta de reparación, como «un patrón brutal» de «vulneración de derechos».

«Además de fallar en el seguimiento y cuando uno de sus agentes se convierta en femicida con un arma estatal, los tribunales argentinos tienen la actuación vergonzosa con 10 años de demora en la demanda civil, que todavía está en pañales», analizó.

La otra innovación en la búsqueda de reparación integral por parte de víctimas es protagonizada por dos mujeres que presentaron sendas demandas contra el Arzobispado de Mendoza por «daños y perjuicios» derivados, en un caso, de un supuesto abuso sexual cometido por un sacerdote y, en otro, de la presunta violencia institucional con la que habría respondido esta dependencia ante una denuncia de violencia de género contra un diácono.

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La primera demanda civil por violencia de género contra la Iglesia Católica en Argentina fue presentada por una mujer que estuvo 15 años en pareja con un hombre que no sólo la obligó a abortar en dos oportunidades y le ocultó que era diácono permanente, sino que la abandonó cuando ella descubrió su condición y que el hombre tenía una familia paralela.

La mujer hizo una presentación en el Arzobispado de Mendoza con el objetivo de que su ex pareja fuera sancionado con su expulsión, y si bien se inició una investigación preliminar en el marco de la legislación canónica, no se le permitió ningún tipo de participación en el expediente que no fuera resistir a diferentes intentos de «manipulación»; razón por la cual decidió recurrir al fuero civil.

La segunda demanda fue presentada en mayo último por una mujer de 38 años que asegura haber sido violada cuando tenía 16 por un sacerdote que con engaños la hizo entrar a su departamento y se aprovechó de una descompensación para violentarla.

Según sus dichos, desde entonces y a lo largo de los 23 años transcurridos, sufrió periódicamente acoso y hostigamiento por parte del agresor.

Y sin bien la víctima aún no pudo realizar la denuncia penal, interpuso una demanda contra el Arzobispado y el sacerdote Alberto Daniel Sardá (57), que actualmente se desempeña como vicario parroquial en dos capillas de El Algarrobal.

Además de la indemnización económica, la demanda solicita «se ordene al demandado a cumplir con una capacitación conforme la dispone la Ley Micaela» y que el arzobispado agregue este contenido «a la currícula del seminario».

Ambos expedientes están a cargo de la jueza Eugenia Ibazata, que ya prohibió al arzobispado trasladar a Sardá y a éste «tomar contacto con la demandante».

«La Iglesia es una usina generadora de violencia de género por los patrones socioculturales machistas que la rigen», dijo a Télam el abogado patrocinante Carlos Lombardi.

El principal argumento exculpatorio del Arzobispado en ambas demandas es el Concordato firmado por el Estado y la Santa Sede en 1966, que faculta a la Iglesia Católica a aplicar sus propias normas jurídicas. Anticipándose a esto, en ambas demandas se pide se declare inconstitucionalidad del concordato.

«El concordato no tiene jerarquía de tratado internacional, si bien su jerarquía es superior a la de las leyes nacionales; y por lo tanto la iglesia tiene que ajustarse al estado constitucional de derecho», explicó el abogado.

Para Lombardi, la derogación de este Concordato «es una asignatura pendiente de la democracia» porque permitió la creación de «un enclave jurídico que funciona de manera paralela» y permite que «los sacerdotes juzgan a sacerdotes por delitos con barniz canónico».

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