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Paquete de medidas para empresas que pagaron coimas

El Gobierno publicó en el Boletín Oficial la resolución 27/2018 de la Oficina Anticorrupción (OA) a cargo de Laura Alonso, que determinó lineamientos que deberán cumplir las compañías involucradas en irregularidades para seguir participando como proveedores del Estado.

Las empresas involucradas en la causa de los cuadernos de las coimas no perderán los contratos vigentes de obra pública ni serán excluidas como proveedores del Estado. El objetivo del Gobierno es no detener la obra pública en momentos de crisis económica, desatada fundamentalmente por la devaluación.

Las compañías seguirán participando en licitaciones y proyectos de Participación Público Privada (PPP) pero deberán excluir a los directivos condenados o arrepentidos por corrupción. Además deberán cumplir con programas de “integridad”, con códigos de buena conducta y medios de denuncia internos.

El Procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías dijo que las compañías que quieran participar de la obra pública deberán pasar “por un tamiz de control”, en una señal de transparencia. El funcionario explicó que por pedido del presidente Mauricio Macri exigirán “que den un paso al costado aquellos accionistas estratégicos que están involucrados en la causa de los cuadernos de las coimas”.

El Gobierno analiza además que las compañías paguen un resarcimiento al Estado por los daños generados por el pago de coimas a funcionarios durante el kirchnerismo, consigna La Nación.

El Procurador del Tesoro explicó que el Estado, a través de la OA, la Sindicatura General de la Nación (Sigen), la Unidad de Información Financiera, la Comisión Nacional de Valores y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia hará un seguimiento para que las compañías “cumplan con los lineamientos éticos” a cargo de toda la obra, al exponer en un almuerzo organizado por el Rotary Club.

“No se puede confundir a las personas jurídicas con las físicas, que son sus accionistas o directores. Estamos hablando de empresas que tiene miles de trabajadores, que tienen el conocimiento para hacer toda la obra pública en el país. El bien común está por encima de todo”, dijo Saravia Frías.

Fijan condiciones para las empresas involucradas en irregularidades

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