Desde el Partido Justicialista, PJ, solicitaron que la Oficina de Ética inicie una investigación contra el actual presidente de AySAM, Humberto Mingorance, por su patrimonio

La oposición avanzó con un pedido para investigar el patrimonio de Humberto Mingorance, actual presidente de Agua y Saneamiento Mendoza (AySAM) y exsecretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial.

La medida surgió luego de que la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad un proyecto de Resolución impulsado por el bloque del PJ, por el cual le solicitan a la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública a indagar un presunto enriquecimiento ilícito y otras irregularidades.

“Mingorance ha declarado la adquisición de ocho propiedades inmobiliarias desde el año 2020 hasta la fecha, todas obtenidas después de su asunción como funcionario público. Antes de su ingreso al gobierno, no registraba bienes inmuebles a su nombre, lo que despierta serias sospechas sobre el origen de los fondos utilizados para estas compras”, señalaron los legisladores.

El caso cobra aún más relevancia dado que AySAM ha sido una de las reparticiones que más fondos estatales ha recibido en los últimos años. Solo en diciembre pasado, se le asignaron $4.500 millones para obras presupuestadas, además de otros $6.500 millones en julio de 2024 mediante el Decreto N°1257. La falta de transparencia en el manejo de estos recursos y la falta de controles eficaces ponen en entredicho la administración de la empresa y sus responsables.

A esto se suma una grave omisión en la declaración de Mingorance: el único terreno que registró a su nombre, ubicado en un barrio privado de Gutiérrez, Maipú, supuestamente no contaba con construcciones. Sin embargo, una inspección con drones realizada por la Administración Tributaria de Mendoza (ATM) detectó en el lote una construcción de 284 metros cuadrados que el funcionario no informó en su declaración jurada. Este dato falseado no solo constituye una irregularidad grave, sino que también podría configurar el delito de falsedad ideológica.

La ley N°8993 establece que, de comprobarse esta omisión, la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública debe intimar a Mingorance para rectificar su declaración en un plazo de diez (10) días hábiles. De persistir en su incumplimiento, deberá ser sancionado con una multa, y en caso de que se determine la existencia de delito, se deberá interponer una denuncia penal.

“Además de las propiedades, el incremento patrimonial de Mingorance se evidencia en su parque automotor, que incluye un AUDI Q3 modelo 2014 y una motocicleta MOTOGUZZI V7 III RACER, 2017. Estos bienes refuerzan la necesidad de investigar si su crecimiento económico es compatible con sus ingresos como funcionario público o si se han utilizado mecanismos irregulares para la adquisición de su patrimonio”, agregaron los senadores justicialistas.