“Fueron tres años muy dolorosos, nos revictivizamos y angustiamos mucha veces durante el desarrollo del juicio”, aseveró hoy Erica, hermana de una de las víctimas, denunciante, y representante del Colectivo por la restitución de derechos a sobrevivientes del Instituto Próvolo, en el contexto del primer juicio por abusos que se lleva adelante en Mendoza y que ingresó a su etapa de alegatos.
Sobre el pedido de condena de la fiscalía y la querella, que solicitaron la máxima pena, Érica contó sus sensaciones: “Íbamos por la máxima condena, para que tenga firmeza y contundencia para que no vuelva a pasar, para que siente precedentes y se contemple en la elevación a juicio en las otras dos causas”.
Las otras dos a las que hizo referencia son la que tiene imputada a la monja Kosaka Kumiko y, por otro, a la ex directora Graciela Pascual y la religiosa Asunción Martínez.
En los respectivos alegatos, la fiscalía solicitó 45 años de prisión para los ex curas Horacio Corbacho y Nicola Corradi, y 22 años y medio para ex empleado Armando Gómez; en tanto la querella pidió para el primero una pena de 50 años y para los últimos dos, 15.
Érica agregó que “en el trasfondo del juicio vemos que hay una sociedad desigual, una restitución de derecho en el marco del desafío y se pidieron lenguaje de señas en las escuelas, becas para los chicos y condiciones básicas para que tengan un futuro académico y laboral como cualquier persona”.
Sobre la liberación de la ex representante legal, Graciela Pascual, la consideró “repudiable. Fue una semana dura que nos puso en un lugar de autoorganización porque las autoridades no supieron darnos medida de autocuidado”.
Y como ejemplo recordó que “los chicos que se cruzaron a su agresora en Tribunales padecieron escenas de crisis porque ella representa la imagen del horror”.
Los jueces Ariel Spektor, Eduardo Marteranera y Diego lusverti concedieron el pedido de la defensa para liberal a Pascual de su prisión preventiva el 22 de octubre, luego de un pago de 400 mil pesos de fianza y con el uso de una tobillera electrónica ya que está imputada como participe primaria en las denuncias por abuso.
Finalmente, si se confirman las penas, Érica dijo que sentirán “satisfacción” y que será “una base importante para seguir con nuestra vidas cuando se llegue a las penas máximas, se respeten las medidas reparatorias y que el Estado garantice la restitución de derechos”.
Por su parte, el abogado de la víctimas, Oscar Barrera, también reflexionó, hoy, sobre la finalización del juicio a los sacerdotes.
“Nos hemos dado cuenta de que estamos en la punta del iceberg, debajo del agua esto es mucho más grande”, ejemplificó.
“Creo que va hacer hasta imposible que descubramos absolutamente todo, pero estamos satisfechos porque los hechos denunciados están suficientemente probados”, agregó.
Sobre el desarrollo del juicio, Barrera consideró que “el proceso tuvo distintos problemas que fuimos solucionando a medida que se iba desarrollando, y se fue logrando, para las víctimas, una situación de restablecimiento de derechos vulnerados a los chicos”.
“Los chicos fueron discriminados, aparte de ser violados, porque se les impidió pertenecer a su comunidad natural que es la comunidad sordo, se les vulneró su identidad”, resaltó Barrera.
El letrado destacó que “no solo es importante la sentencia penal condenatoria, sino también la medida de reparación para las víctimas y para la comunidad de personas con discapacidad”, concluyó.
