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La defensora de los curas y el jardinero pidió la nulidad de todo

Alicia Arlotta, defensora oficial de los curas Nicola Corradi (83) y Horacio Corbacho (61), y del jardinero Armando Gómez (51), acusados de reiterados abusos sexuales en la causa del Instituto Antonio Próvolo, pidió hoy la nulidad de todo lo actuado en la causa que se tramita en la justicia mendocina.

Los acusados están imputados por los delitos de acceso carnal agravado por la guarda y la convivencia preexistente con menores, en concurso real con corrupción de menores, en 28 casos.

Antes de comenzar su alocución, se vivieron momentos de tensión entre la defensora y los querellantes, ya que Arlotta pretendía comenzar recién mañana con su defensa, pero se la obligó a comenzar hoy.

Entonces Arlotta, según las fuentes judiciales, pidió la nulidad de todo lo actuado, basándose en que se “violó el derecho a la legítima defensa”.

La defensora oficial que argumentó que como no hubo “fechas certeras de cuándo se dieron los hechos, no pudo defender correctamente a los imputados”, concluirá mañana su alegato, y se esperan duras réplicas, tanto de los abogados querellantes, como de los fiscales Gustavo Stroppiana, y Alejandro Iturbide.

Previamente, la otra parte de la querella, la de los abogados Oscar Barrera y Leandro Lanci, que actúan en representación de cuatro supuestas víctimas del Instituto Antonio Próvolo, culminaron hoy sus alegatos, solicitando la pena máxima para este tipo de delitos contra la integridad sexual, es decir 50 años de cárcel de cumplimiento efectivo, contra los curas Corradi y Corbacho, mientras que para el jardinero Gómez, pidieron 30 años de reclusión.

El querellante Lanci había comenzado en la audiencia de ayer su exposición, que culminó hoy, y antes de pedir las penas expuso que todos los hechos que se ventilaron en este juicio fueron probatorios de los terribles vejámenes a los que fueron sometidos las cuatro víctimas a la que ellos representan, con pruebas palmatorias irrefutables y pericias psicológicas que avalan todo lo actuado.

Una vez finalizados todos los alegatos de la querella, tenía que empezar a alegar la defensora oficial, Alicia Arlotta, que representa a los tres imputados, quien solicitó aplazar su exposición para el día de mañana, pero tanto los querellantes como la fiscalìa se opusieron tenazmente porque lo consideraron una maniobra dilatoria, como estrategia de la defensa, ya que en dos semanas (el 26 de noviembre) expira el plazo de tres años de las prisiones preventivas.

Si bien, tanto los representantes del Ministerio Público Fiscal, como los abogados querellantes esperan que la semana próxima el Tribunal Penal Colegiado N° 2, compuesto por los jueces Carlos Díaz, Aníbal Crivelli, y Mauricio Juan, dicte sentencia, hoy el cuerpo colegiado solicitó un breve cuarto intermedio, y a su regreso hizo lugar a ese pedido, por lo que resolvió que la defensora Arlotta comenzara hoy con la primera parte de su exposición.

Los dos sacerdotes y el jardinero están acusados de abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y la convivencia preexistente con menores, en concurso real con corrupción de menores, en 28 casos.

Corbacho (61) está siendo juzgado por 16 hechos: tres de abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante; siete de abuso sexual con acceso carnal; cuatro de abuso sexual simple; uno por abuso sexual gravemente ultrajante; y uno por corrupción de menores.

A Corradi (83) se lo juzga por seis hechos: dos por abuso sexual gravemente ultrajante; uno por abuso sexual con acceso carnal y gravemente ultrajante; uno por abuso sexual con acceso carnal; y dos por corrupción de menores.

Si bien el octogenario sacerdote italiano cuenta con 10 hechos menos que el cura argentino, su situación judicial se agrava debido a que oficiaba como regente del Próvolo, y era el responsable de la guarda de los menores allí alojados.

Al jardinero Gómez se le achacan seis hechos: uno por abuso sexual simple; uno por abuso sexual gravemente ultrajante; dos por abuso sexual con acceso carnal y gravemente ultrajante; y dos por corrupción de menores.

La causa tenía un cuarto imputado, el administrativo Jorge Bordón (57), quien hace poco más de un año habría roto un tácito pacto de silencio y reconoció su participación en los 11 hechos de los que se lo acusaba, y en un juicio abreviado fue condenado a una pena de 10 años de prisión, acordada entre su defensa y el fiscal Gustavo Stroppiana.

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