La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el fallo del Tribunal Oral en el caso Vialidad, que en diciembre de 2022 había condenado a la expresidenta. Por mayoría, Casación decidió no incluir el delito de asociación ilícita. Asimismo, se confirmó la condena a Lázaro Báez y José López, mientras que se mantuvo la absolución de Julio De Vido
En un fallo de más de 1.600 páginas, la Sala IV de Casación ratificó las condenas impuestas a varios involucrados en la causa “Vialidad”. Entre ellos, se encuentran Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas, José López y el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti, quienes fueron condenados a seis años de prisión. Además, Juan Carlos Villafañe recibió una pena de cinco años, mientras que Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibañez fueron sentenciados a cuatro años y seis meses y cuatro años, respectivamente. Mauricio Collareda y Raúl Osvaldo Daruich también fueron condenados a cuatro años y tres años y seis meses, respectivamente.
El tribunal también confirmó las absoluciones de Julio De Vido, exministro de Planificación Federal, y Abel Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas. La sentencia se dio a conocer en una audiencia pública celebrada en los tribunales de Comodoro Py, donde los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña confirmaron la condena a Cristina Kirchner, mientras que Gustavo Hornos propuso agregar el delito de asociación ilícita, tal como solicitó la Fiscalía.
Fuerte custodia policial, doble vallado y “clase pública” a la espera del fallo de Casación.
Cabe destacar que el fallo no tendrá efectos inmediatos, ya que todas las partes pueden apelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un plazo de 10 días hábiles. El máximo tribunal tendrá la última palabra, y si confirma la decisión de Casación, el fallo será firme y podrá ejecutarse. Sin embargo, la Corte no está sujeta a plazos.
La Sala IV de Casación también homologó el decomiso de aproximadamente 84.000 millones de pesos.
Detalles de la sentencia
Los hechos juzgados se refieren a la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales en rutas nacionales y provinciales en Santa Cruz entre 2003 y 2015, en el marco de una notable maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses de la administración pública nacional.
Durante ese período, las obras viales adjudicadas en esa provincia fueron sistemáticamente asignadas a un grupo de empresas vinculadas a Lázaro Báez, cuya formación y crecimiento económico estaban estrechamente relacionados con la asignación de obra pública vial en la jurisdicción.
Lázaro Báez
Estos procesos fueron llevados a cabo mayoritariamente por la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP), actuando bajo delegaciones de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), y ocasionalmente por este último organismo. Los exfuncionarios Nelson Periotti, Raúl Daruich, Mauricio Collareda, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibáñez fueron responsables por convalidar irregularidades en las licitaciones y la ejecución de las obras.
También se implicó a José Francisco López, quien ejercía como Secretario de Obras Públicas, y se evidencia un conjunto de actos del Poder Ejecutivo Nacional que facilitaron la ejecución de la maniobra fraudulenta. Entre ellos, destaca la firma del Decreto PEN 54/09 por parte de Cristina Fernández de Kirchner, con la intervención previa de López, que permitió a la DNV financiar directamente las obras adjudicadas irregularmente a Báez.
El perjuicio económico a la administración pública se estimó en aproximadamente 84,000 millones de pesos.
