El Municipio de San Rafael detectó reparaciones con balizamiento deficiente en distintos puntos de la ciudad y advirtió que exigirá el cumplimiento de la normativa vigente. El reclamo vuelve a abrir una discusión sobre quién controla las intervenciones que empresas de servicios realizan sobre las calles y quién debe responder cuando los trabajos quedan sin una señalización adecuada.

El Municipio de San Rafael reclamó a las empresas prestadoras de servicios que cumplan con las normas de señalización después de intervenir las calles, luego de detectar sectores donde las reparaciones quedaron con un balizamiento deficiente.

La comuna advirtió que en algunos casos las marcaciones resultaron muy precarias y llegaron a estar conformadas únicamente por ramas y cintas, una situación que incrementa el riesgo para quienes circulan por esos lugares, especialmente durante la noche.

El planteo municipal no se limita a pedir mayor precaución a los automovilistas. También apunta directamente a las empresas responsables de las intervenciones y vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que ya había generado reclamos anteriores: quién debe garantizar que una obra sobre la vía pública quede correctamente señalizada y quién responde cuando eso no sucede.

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La normativa que el Municipio exige cumplir

Desde la comuna señalaron que las empresas deberán ajustarse a las disposiciones de la Ordenanza 3029 y la Resolución 286, que establecen características y procedimientos para la señalización posterior a las roturas realizadas sobre la vía pública.

La exigencia apunta a que una intervención no termine generando un riesgo mayor que el que provocó originalmente la obra.

Cuando una empresa rompe una calle para ejecutar una reparación, el problema no termina cuando concluyen los trabajos sobre el servicio. También debe quedar garantizada la seguridad de quienes utilizan esa arteria mientras la superficie no recupera sus condiciones normales.

En ese punto se concentra buena parte del reclamo municipal.

La comuna sostiene que las empresas responsables deben realizar una correcta demarcación y señalización de los sectores intervenidos, con elementos que permitan advertir el obstáculo con suficiente anticipación y que resulten visibles durante la noche.

Ramas y cintas: el punto que encendió el reclamo

Uno de los elementos más llamativos de la advertencia municipal es la referencia a señalizaciones realizadas solamente con ramas y cintas.

Más allá de la precariedad de esos elementos, el problema es que una intervención sobre la calzada puede encontrarse en un sector de circulación intensa y convertirse en un obstáculo difícil de advertir.

La situación adquiere otra dimensión durante la noche, cuando la visibilidad disminuye y una señalización improvisada puede resultar insuficiente para que un conductor detecte a tiempo una rotura, un desnivel o una zona de trabajo.

Por eso, el Municipio decidió reforzar preventivamente algunos puntos mientras reclama que las empresas cumplan con sus obligaciones.

El Municipio hizo un balizado de emergencia

La comuna informó que realizó un balizado de emergencia en sectores de alto tránsito para mejorar la visibilidad durante la noche.

Los puntos mencionados son 9 de Julio y Cabildo, Braña y Los Franceses y el trazado de avenida Espejo.

La intervención municipal tiene un objetivo concreto: reducir el riesgo mientras permanecen las condiciones que motivaron el reclamo.

Pero la decisión también deja planteada una pregunta que excede la cuestión estrictamente vial.

Si una empresa interviene una calle y la señalización posterior es deficiente, ¿quién debe hacerse cargo de garantizar que ese sector sea seguro hasta que quede reparado?

La respuesta no necesariamente se agota en la empresa que realiza físicamente el trabajo.

El antecedente que agrega otra dimensión al reclamo

El Municipio de San Rafael ya había planteado una discusión similar en agosto, cuando anunció acciones contra contratistas vinculados con obras de servicios públicos por deficiencias en sectores intervenidos de las avenidas Yrigoyen y Granaderos.

En aquella oportunidad, el planteo municipal no se limitó a la empresa que ejecutaba la obra. Según publicó la prensa local, desde Ordenamiento Territorial se señaló que también podía existir responsabilidad del “ente promotor”, es decir, de quien encarga la intervención y debe controlar que se respeten las condiciones técnicas y de seguridad.

Ese antecedente es importante porque muestra que el Municipio viene ampliando la discusión: no se trata solamente de determinar quién hizo una zanja o una reparación, sino también de establecer quién autorizó el trabajo, quién lo controla y quién debe responder por las condiciones en las que queda la calle.

El vínculo con las empresas de servicios

En este punto aparece el aspecto institucional que puede transformar el episodio en un conflicto de mayor alcance.

No todas las intervenciones que se realizan sobre las calles de San Rafael tienen necesariamente origen municipal. Una empresa puede trabajar sobre infraestructura eléctrica, agua, cloacas, gas u otros servicios y ejecutar tareas por encargo de una compañía, un organismo o un ente determinado.

Por eso, para establecer si existe un conflicto directo entre el Municipio y la Provincia en este caso puntual, resulta indispensable identificar qué empresas realizaron las intervenciones cuestionadas y quién las contrató o autorizó.

Ese dato es el que permitirá establecer si detrás del reclamo municipal hay solamente un incumplimiento de contratistas privados o si, además, existe una disputa por competencias entre la administración departamental y organismos provinciales.

La Municipalidad tiene un área específica de Ordenamiento Territorial y una estructura normativa propia para regular cuestiones vinculadas con el territorio y las intervenciones urbanas.

La discusión aparece cuando esas reglas deben aplicarse sobre obras que no son ejecutadas directamente por el Municipio.

Una relación que ya tuvo cruces por infraestructura

La relación entre San Rafael y otros niveles del Estado ya ha estado atravesada por discusiones sobre infraestructura.

En noviembre de 2025, por ejemplo, el intendente Omar Félix cuestionó el atraso de inversiones energéticas en el departamento durante el anuncio de la ampliación de una estación transformadora de EDEMSA. En esa misma oportunidad defendió la decisión municipal de avanzar con recursos propios en el gasoducto de San Rafael y General Alvear, una obra que, según explicó, originalmente había recibido fondos nacionales y que terminó siendo afrontada por la comuna ante la falta de aportes provinciales.

Ese antecedente no permite afirmar que el actual problema de balizamiento sea parte de la misma disputa. Pero sí muestra que la relación entre San Rafael y otros niveles de gobierno viene incluyendo discusiones sobre quién debe financiar, ejecutar y controlar obras de infraestructura.

Por eso resulta relevante determinar quién está detrás de las reparaciones que ahora cuestiona el Municipio.

La discusión de fondo: quién responde por la calle

El problema inmediato es sencillo de explicar: una calle rota o intervenida debe quedar correctamente señalizada.

Lo más interesante periodísticamente está en lo que viene después.

Cuando una empresa necesita abrir una calle para realizar una obra de servicios, hay una cadena de responsabilidades que debería poder reconstruirse: quién autoriza la intervención, quién ejecuta el trabajo, quién controla a la contratista, quién verifica la reparación y quién garantiza la seguridad del tránsito mientras la calle permanece afectada.

Si alguna de esas responsabilidades queda difusa, el costo termina trasladándose al usuario de la vía pública.

Y eso es precisamente lo que el Municipio intenta evitar al exigir el cumplimiento de la Ordenanza 3029 y la Resolución 286.

El reclamo municipal apunta ahora a las empresas

Por el momento, la posición expresada por la comuna es concreta: las empresas responsables deberán cumplir con las condiciones de señalización establecidas y los sectores intervenidos deben quedar correctamente demarcados.

Mientras tanto, el Municipio decidió reforzar el balizamiento en puntos determinados para reducir el riesgo durante la noche.

La advertencia a los conductores se mantiene: circular con máxima precaución por las zonas intervenidas, particularmente en 9 de Julio y Cabildo, Braña y Los Franceses y avenida Espejo.

Pero el verdadero interrogante que deja el episodio es otro: quién está detrás de cada una de esas obras y quién tiene la obligación de controlar que las calles de San Rafael no queden convertidas en trampas para quienes circulan por ellas.

Ese es el dato que puede determinar si estamos ante un problema puntual de contratistas o ante un nuevo capítulo de la disputa por las responsabilidades entre el Municipio y otros organismos del Estado.