Las provincias destinan en promedio un 3,4 % para mejoras de los aprendizaje dado que casi el 96% de los presupuestos educativos son para salarios, y, aunque entre 2016 y 2018 a partir de un fallo de la Corte Suprema se incrementaron las transferencias nacionales, el gasto educativo provincial bajó en ese período, según un estudio del Observatorio Argentinos por la Educación.

El reporte detalla que el financiamiento de los sistemas educativos provinciales aún conservan una fuerte dependencia de las transferencias de la Nación, entre el 11 y el 53%, pese a que desde 1992 se descentralizó el financiamiento pasando las escuelas a depender de cada uno de los territorios provinciales.

De esta forma los sistemas educativos provinciales cuentan con “escaso margen” para disponer fondos destinados a mejorar aprendizajes, traducidos en programas de formación docente, becas, terminalidad del secundario o mejora en el aprendizaje de matemáticas, y en este contexto, existe, además, “una fuerte asimetría y dispersión” en los niveles de dependencia de la Nación, detalla el estudio..

“En un extremo, en Santiago del Estero el 53% del gasto educativo provincial se financia con fondos nacionales. En 12 provincias, los fondos nacionales representan entre el 30% y el 40%. En el extremo opuesto, en 3 de las provincias patagónicas la participación nacional oscila entre 11% y 15%”, detalla el reporte.

“El bajísimo nivel de inversión en infraestructura y equipamiento no permite esperar ningún salto importante en el sistema. Una mirada de alcance nacional es necesaria para guiar un ambicioso plan de inversión de capital si queremos cambiar la tendencia decadente en los resultados educativos del país”, advirtió Julio Durand, profesor de la Escuela de educación de la Universidad Austral.

Precisó además que actualmente “la concentración del gasto corriente en salarios docentes inmoviliza las posibilidades de iniciativas jurisdiccionales”, en políticas de mejoramiento educativo.

En este punto es la provincia de San Luis, con un 16,5% de su presupuesto educativo destinado a infraestructura y otros bienes durables, la que alcanza el máximo de inversión en este rubro, mientras que Santa Cruz, con el 0,8% es el territorio que menos invierte en equipamiento y mejoras.

“La magnitud que representan los salarios docentes en los presupuestos provinciales conlleva la necesidad de que la Nación financie políticas educativas tendientes a mejorar la equidad”, destacó Agustín Claus, docente de Economía de la Educación de FLACSO y autor del informe.

En tanto, La Rioja es la provincia que menos porcentaje destina a escuelas de gestión privada, con un 3,9% y en el otro extremo se sitúa Córdoba, con el 21,6% de su presupuesto para subvencionar a escuelas de gestión estatal.

El 70% del presupuesto educativo nacional se destina a las universidades -de esos fondos el 99% es para el pago de salarios y sólo el 1% para infraestructura- mientras que el 30% restante, el Estado lo destina a la educación inicial, primaria y secundaria, de los cuales el 44% de los recursos se destina a salarios.

“Argentina enfrenta desafíos educativos de todo tipo. Sería difícil intentar jerarquizarlos. Pero hay uno que podemos considerar, el del financiamiento. Contar con recursos suficientes marca la diferencia entre la voluntad y la realidad, entre la focalización y la universalidad, entre la atracción de docentes motivados y el mero pago de salarios” destacó Alejandro Morduchowicz, economista especialista en educación.

Y agregó además: “El financiamiento educativo importa porque es el requisito fundamental que garantizará las condiciones materiales y pedagógicas para el aprendizaje”.

El informe precisa que “en el 2017, último dato oficial disponible, el gobierno nacional invirtió en educación 161.633 millones de pesos y las provincias, 438.986 millones de pesos, lo que representó un 5,6% del PBI”, lo que no alcanza la meta del 6% que fija la Ley de Educación Nacional.

Axel Rivas, director de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés, destacó que “primero hay que garantizar el cumplimiento de la Ley de Educación Nacional que destina el 6% del PBI a educación y que no se está cumpliendo; segundo, incrementar la equidad en la inversión educativa frente a las inmensas desigualdades de inversión y capacidad presupuestaria de las provincias”.

“También -destacó- compensar desigualdades sociales con más inversión en las zonas y escuelas más vulnerables y por último mejorar la calidad de las políticas educativas para que los recursos tengan sentido e impacto profundo y sustentable”.