Por CAROLINA JACKY / “En la escuela 1-002 Manuel Blanco Encalada, de Junín, que es la más antigua de la provincia, se generó una polémica impensada. La vicedirectora, Carolina Gutiérrez, saluda al alumnado refiriéndose a ellos como “todos, todas y todes” y esto generó que un grupo de padres elevaran una nota a la Supervisión”, así se refería el periodista Enrique Pfaab de Diario Uno, en su nota.
Ante esa nota la Supervisión pidió a la docente que hiciera un descargo respondiendo a los padres.
Después de la trascendencia pública de este hecho, se tomó conocimiento de que desde la DGE se le solicitó a la Dirección de Orientación y Apoyo Interdisciplinario a las Trayectorias Escolares (DOAITE) que intervenga.
Esta Dirección está a cargo del programa de educación sexual integral y de diversidad de género para que le acerque conceptos a la vicedirectora, esperando su descargo.
En la semana entrante estaría prevista una reunión entre padres, docentes y el delegado de zona, Señor Hugo Martín, para intentar acercar posiciones.
¿Alguien le hizo saber a la DGE que existen dos Convenciones Internacionales, CEDAW y BELEM DO PARA, una Ley Nacional de orden público como la 26.485, otra ley como la 26.743 de identidad de género, y la Ley Micaela (27.499)?
Parece que quien tiene la obligación de educar no se autoeduca.
Obligar a la docente a presentar un descargo es desconocer esas leyes.
Obligar a la docente a presentar un descargo es violatorio a la ley y sería un motivo de incumplimiento a los deberes de funcionario público.Hay un gremio docente, que parece también desconocer el derecho, y que no se ha visto que haya salido a defender a la docente.
Las Convenciones son parte de la Constitución Nacional, hace tiempo que nos independizamos de España, por lo que la RAE está por debajo de nuestra Constitución.
VIVIMOS EN UN MUNDO DE MACHIRULOS
Tan distraídos están todos con las elecciones y en cuidar sus cargos que se olvidan de los derechos.
Si no saben lo que dicen estas Convenciones y las leyes, sería conveniente que las lean y estudien.
Esto es una demostración de que nadie se capacita. Capacitarse no es ir a una charla, ni a dos, eso no sirve de nada, es puro biri – biri. ¿En manos de quien hemos dejado la educación?
¿De qué “acercar posiciones” hablan?
La ley está para cumplirla, no para acercar posiciones.
En un intento de desburrar a los funcionarios que dirigen la educación en la Provincia de Mendoza, y si pueden tomarse unos minutos, invito a que lean lo que dice la Ley 26.485 en su artículo 11 – “Políticas públicas. El Estado nacional implementará el desarrollo de las siguientes acciones prioritarias, promoviendo su articulación y coordinación con los distintos Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo nacional, jurisdicciones provinciales y municipales, universidades y organizaciones de la sociedad civil con competencia en la materia: … 3.- Ministerio de Educación de la Nación: a) Articular en el marco del Consejo Federal de Educación la inclusión en los contenidos mínimos curriculares de la perspectiva de género, el ejercicio de la tolerancia, el respeto y la libertad en las relaciones interpersonales, la igualdad entre los sexos, la democratización de las relaciones familiares y la vigencia de los derechos humanos y la deslegitimación de modelos violentos de resolución de conflictos y de la “violencia contra las mujeres en el espacio público” conocida como “acoso callejero”.
Al respecto su Decreto Reglamentario dice: “a).- Los contenidos mínimos curriculares de la perspectiva de género deben estar incluidos en todos los niveles y modalidades educativas y en todas las instituciones, ya sean de gestión estatal, privada o cooperativa. A los efectos del diseño de la currícula se entiende que el ejercicio de la tolerancia, el respeto y la libertad en las relaciones interpersonales, se relaciona con el tipo de vínculo que se promueve en el ámbito educativo entre mujeres y varones, la asignación de espacios a unos y otras, las expectativas de aprendizaje y la desarticulación de estereotipos de género en las prácticas concretas”.
En el inciso e) de dicho artículo dice: “Promover la revisión y actualización de los libros de texto y materiales didácticos con la finalidad de eliminar los estereotipos de género y los criterios discriminatorios, fomentando la igualdad de derechos, oportunidades y trato entre mujeres y varones”.
La provincia de Mendoza adhirió en forma total a esta ley, aunque parece que ningún funcionario la conoce.
Es la propia DGE la que tiene que contestar a los padres y apoyar a la docente, esa es la actitud que debería tomar. La docente no tiene que dar ninguna explicación.
El incumplimiento a la ley conlleva sanciones, y la revictimización de la docente es un daño que debe repararse.
Espero que este hecho sirva para que nuestros funcionarios de la DGE se instruyan.
Si alguno tiene duda con lo expresado, no entendieron, o les cuesta entender, recomiendo que se informen en los sitios web que amablemente les brindo.
Con este aporte espero que todos, todas y todes aprendan.
Lo sucedido es grave, la misma Ley Micaela nos habla del tipo de gravedad, hecho que puede dar pie al pedido de un jury al Director General de Escuelas.
¿Alguien lo pedirá?
