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Tribunales de Familia: vergüenza de la Justicia de Mendoza

Jul 12, 2020

Por CAROLINA JACKY / Paralizar por toda una semana el ingreso de cualquier tipo de presentación ante los Tribunales de Familia en la Provincia de Mendoza reviste características de “gravedad institucional” en la Justicia local.

Puntualmente por el impedimento al acceso a la justicia, especialmente en causas, en su mayoría protegidas por Tratados Internacionales. Esto hace responsables a todos aquellos que nada han hecho hasta la fecha para evitar el colapso de este fuero. Más aún, debiendo responder por su negligencia e impericia.

Por una Resolución del Ministro de la Corte Dr. Julio Gómez, se impidió el acceso digital a la justicia de familia. Así reza su comunicado en el portal web. “Señor Profesional sepa disculpar las molestias, el servicio se encuentra temporariamente suspendido para el fuero de familia por Resolución N° 32 del Sr. Ministro Coordinador del Fuero. Si su presentación está relacionada con la temática -Violencia Familiar o Protección de Derechos-, por favor ingresar a través del Portal Web del Poder Judicial en el sitio Abordaje Violencia Familiar. Muchas gracias”

Algunos dirán que no obstante se dejó abierta la posibilidad de acceso por medio del portal del sitio de Abordaje de Violencia Familiar.

Quienes manifiesten esto, o nunca han litigado y nunca han asistido a quienes deben acceder a a la justicia, o son unos verdaderos hipócritas.

Durante una semana paralizaron los Tribunales de Familia de Mendoza y esto no le hace bien a la Justicia.

Durante una semana paralizaron los Tribunales de Familia de Mendoza y esto no le hace bien a la Justicia.

Desde este lugar ya se criticó duramente el Código Procesal de Familia y se enumeraron las inconstitucionalidades que posee.

Esta crítica se realizó desde el mismo momento en que se presentó como proyecto.

Un Código que no fue consultado con quienes realmente trabajan en las áreas de la mujer, género y diversidad. Por supuesto que tampoco se lo debatió entre los profesionales que litigan en esta materia.

Existe la duda si realmente fue consultado y debatido por los jueces de ese fuero. Los que hoy también son responsables de seguir los lineamientos del Superior que terminaron con este escándalo.

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Cuando los dioses te abandonan te regalan la soberbia

La soberbia de algunos “juristas” sin experiencia en el litigio y sin formación en perspectiva de género, sumada a la soberbia de algunos gobernantes, llevaron adelante este Código como parte de la revolución de lo sencillo.

Tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo, y finalmente el Poder Judicial tienen directa responsabilidad por esta denegación de justicia.

El Gobierno de Mendoza tiene responsabilidad civil por los daños y perjuicios. Así también aquellos jueces que se hayan apartado de las Convenciones Internacionales o de Leyes Nacionales de orden público.

La falta de capacitación en perspectiva de género ya estaba impuesta por la Ley 26.485 en el año 2009 y hoy con la Ley Micaela. Así se suma una irresponsabilidad más para aquellos que no apliquen dichas normas.

Demandas por daños y perjuicios según la Ley 26.485

Para los enamorados del Código Procesal de Familia y Violencia Familiar de Mendoza que en su solo título denota el desconocimiento de la Ley 26.485 (Violencia Doméstica). Para los que convocan a audiencias de conciliación o mediación existiendo un contexto de violencia de género. Para los que demoran meses y años en fijar una cuota alimentaria y desconocen las medidas de protección introducidas por la Ley 26.485. Para todos ellos, y ante el colapso de la justicia de familia, llegarán las demandas por daños y perjuicios que expresamente contempla la Ley 26.485.

Son cientos y tal vez miles las víctimas de esta negligencia del Estado, discriminadas y violentadas desde el área administrativa DINAF-OAL hasta de distintos Juzgados de Familia.

Hemos perdido vidas por esta inoperancia, también han sido violentados distintos derechos humanos.

Esto requiere una urgente atención, pero en el mientras tanto hay que provocar la atención de nuestros gobernantes y nuestros jueces.

Cada uno desde su lugar y con las herramientas que posee debe provocar el cambio. Y para quien ha elegido ejercer la profesión de abogado y defender estos derechos, el camino es uno solo: accionar contra el Estado, sus funcionarios o magistrados.

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