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Violación, aborto y la responsabilidad del Estado

Por CAROLINA JACKY / En estos días el caso de Tucumán se sumó a otros tantos que venimos tomando conocimiento, niñas de 11, 12 o 13 años embarazadas. Así se nos presentan los casos, cuando lo correcto debería ser “embarazadas producto de una violación”. Seguramente se me corregirá diciendo que no es necesario indicar violación, porque se entiende que si es una niña, ES VIOLACIÓN. No existe el consentimiento, estamos ante un delito, y lo primero es atender a esa niña. Es verdad, pero pareciera que muchos no lo tienen claro, o con toda intencionalidad evitan decirlo para impedir que esa menor y sus representantes legales decidan libremente sobre un derecho que tienen y les asiste, INTERRUMPIR ESE EMBARAZO.

Desde 1920 el Código Penal Argentino autoriza realizar el aborto en este caso, por lo que despenaliza su realización. Es obligación de TODOS respetar y cumplir con la decisión de esa niña, TIENE DERECHO A SER ESCUCHADA, y nada puede oponerse a este derecho.

A esta disposición de nuestro Código Penal se suman tres Convenciones Internacionales que la Ley 26.485 menciona en su artículo 3, las tres de derechos humanos, incorporadas a nuestra Constitución Nacional, las que con claridad indican el derecho de la mujer, y en este caso de la niña. Una y otra tienen la misma protección y derecho, EL DERECHO A DECIDIR SOBRE SU PROPIO CUERPO, expresamente indican que tienen el derecho de decidir cuántos hijos tener, y van tan a fondo que ordenan a los países firmantes a derogar toda disposición legal que castigue penalmente la interrupción del embarazo.

Argentina ya ha sido sancionada internacionalmente por no cumplir, y de continuar con el comportamiento que últimamente está realizando, recibirá mayores sanciones. Las leyes están para ser cumplidas, estas normas están por sobre cualquier protocolo, no corresponde invertir el orden de prelación de las leyes, y quien impida a una de estas niñas cumplir con su derecho deberá ser castigado duramente.

El Estado Nacional, como los Estados Provinciales son responsables del cumplimiento, y deben arbitrar los medios para cumplir con la ley. Ya es hora que se designen los hospitales o centros asistenciales donde se realizarán estas prácticas y que se hagan conocer en la población. Esta es una obligación que tiene nuestro gobierno.

Se tomarán todos los recaudos para guardar la identidad de las víctimas de violación, más aún cuando son niñas, y se deberá proveer del presupuesto correspondiente para el traslado de estas niñas hasta esos centros habilitados al efecto, brindándole toda la protección asistencial y jurídica que requieran. ESTO ES CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA LEY, y basta de hipocresía.

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