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Violencia de género: cuando la ley no es bien aplicada

Abr 4, 2021

Por CARLOS FERNÁNDEZ / Desde este mismo espacio es que en reiteradas ocasiones se ha solicitado que tanto el Poder Judicial, como las oficinas de la mujer de las municipalidades de Mendoza y hasta los claustros académicos se capaciten en perspectiva y violencia de género según lo que se define en la Ley 26.485.

En esa citada ley se ofrece la definición de violencia contra la mujer que en su artículo 4 define que «se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal

Esto ocurre generalmente cuando se está ante una víctima, mujer, quien demuestra no poder defenderse por si misma e incluso por no poseer los recursos o el asesoramiento legal disponible para hacerlo.

Ahora bien, ocurre que, como con cualquier otra ley en la República Argentina, puede ser interpretada a favor o en contra de una de las partes o, en el peor de los casos, manipulada con el fin de darle rienda suelta a una venganza. Podríamos decir en este caso, por una infidelidad que bien podría desarmar la constitución de una familia, pero sin producir dolores innecesarios que a la larga perjudican a uno de los intereses supremos de estos casos y que son los chicos, los hijos de ambos, los menores que quedan dentro de un litigio en el que nada pueden hacer ellos.

Según la abogada mendocina Carolina Jacky, «existen unos audios, obrantes en la causa, que no demuestran la relación desigual de poder entre el hombre y la mujer que en otro momento de sus vidas fueron marido y mujer. Todo lo contrario».

Nos referimos a la causa donde el actual imputado por abuso sexual agravado es David Carballo. Quien hace aproximadamente 2 años que está con prisión domiciliaria. Lo cual significa que bien podría estar en la cárcel ante tamaña denuncia.

Antes de la denuncia penal realizada por la esposa, él le había iniciado el correspondiente juicio de divorcio y habiendo consignado alimentos para los hijos menores fruto de dicha relación de pareja.

De la misma manera, con anterioridad a la denuncia penal de la esposa, él ya la había denunciado por irrumpir en su departamento luego de que se separó de ella.

Una vez conocida la denuncia de la supuesta víctima, ella, una pericia del Cuerpo Médico Forense no acreditó que la mujer hubiera sido abusada en la forma y modo en que se denunció.

Ante declaraciones testimoniales de escenas de celos de ella contra él la defensa pidió un examen psicológico de la presunta víctima, oponiéndose la fiscal, doctora Mónica Fernández Poblet, y la querella. A lo que la Jueza de Garantías resolvió a favor de la defensa ordenando la pericia.

La denunciante no concurrió a ninguna de las citaciones. Y cuando lo hizo se opuso a cumplir con la orden judicial.

Como se explicó en un párrafo anterior, existen audios en la causa donde no se advierte una relación desigual de poder que afecte a la mujer. Todo lo contrario.

En esta trama que bien podría significar el guión para una película de estilo, se debe saber que Cecilia Diez es una funcionaria de la Municipalidad de la Capital. Quien además fue compañera de la denunciante en la Facultad de Psicología, de donde ya egresó la denunciante.

Ella, la supuesta víctima, la denunciante, menciona en los audios a Cecilia, quien ya testificó a favor de la presunta víctima.

Pese a estas pruebas la fiscalía siguió adelante con la imputación solicitando la elevación a juicio.

Para el trámite que será este martes 6 de abril la defensa ha pedido el sobreseimiento y la nulidad del requerimiento fiscal.

Por ello es que con vehemencia la defensa acusó a la fiscalía de «fundamentalismo feminista», considerando un grave apartamiento del derecho aplicable y sin perspectiva de género. 

La defensa también denunció un trato discriminatorio hacia su defendido, demora en producir la prueba, y entrega de la prueba con posterioridad al requerimiento fiscal.

«Esto no es defender la Ley de Violencia de Género 26.485, ni las Convenciones Internacionales. Esto demuestra una falta de perspectiva de género en desmedro de los derechos que invoca defender. Convirtiendo a la Unidad Fiscal de Violencia de Género en un tribunal de inquisición que el Procurador de la Suprema Corte de Justicia tiene la obligación de solucionar», sentenció Jacky.

Audios que constan en la causa:

1- Conversación entre la supuesta víctima y el supuesto victimario donde se amenaza con dejarlo sin trabajo:

2- Mensaje donde se explica la publicación de una foto y una advertencia:

3- Mensaje donde se menciona a Cecilia y el uso de la fuerza pública:

4- Mensaje donde se critica una conducta del hombre:

5- Mensaje donde se amenaza con una denuncia:

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