Cuestionan una decisión de la Dirección General de Escuelas y advierten sobre un cambio de uso del suelo que afectaría la vida barrial
Vecinos de Mayor Drummond, en el departamento de Luján de Cuyo, expresaron públicamente su malestar ante la decisión de la Dirección General de Escuelas (DGE) de transferir un terreno al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) para la construcción de soluciones habitacionales. La medida generó rechazo en la comunidad, que reclama que el predio sea destinado a la construcción de la Escuela 6-045, tal como estaba previsto originalmente.
Como parte de la protesta, los vecinos iniciaron una recolección de firmas en Change.org y además financiaron una solicitada publicada el domingo en la página 3 del diario Los Andes, donde dejaron asentada su oposición a la iniciativa oficial.
¿Por qué los vecinos se oponen a la cesión del terreno al IPV?
En el texto difundido, los vecinos sostienen que el terreno “pertenece a la provincia de Mendoza con destino específico a la efectivización del cargo de construcción de la Escuela 6-045 de Mayor Drummond”, y advierten que su transferencia al IPV implicaría incumplir el cargo de donación establecido.
“No solo la DGE debe actuar con responsabilidad hacia los ciudadanos perjudicados y honrar la palabra empeñada, sino que el cargo de construcción de la escuela debe ejecutarse en beneficio de la comunidad de Mayor Drummond”, señalaron.
¿Dónde está ubicado el terreno en disputa?
Según detallaron los vecinos, el loteo se encuentra ubicado en calle Guiñazú, entre Choele Choel y Abdón Zgaib, y el cambio de destino tendría como objetivo reubicar a 14 familias que actualmente viven en un asentamiento sobre la traza del metrotranvía.
La comunidad cuestiona el cambio de uso del suelo y alerta sobre las consecuencias urbanísticas y sociales de la decisión.
¿Qué advertencias hicieron ante el Concejo Deliberante?
En una carta enviada al Honorable Concejo Deliberante de Luján de Cuyo, los vecinos calificaron la posible cesión como una “falta grave” por parte del Estado provincial y denunciaron un abuso de poder.
“Consideramos que la concreción de esta donación al IPV interferiría en nuestra vida barrial, imponiéndonos por la fuerza del Estado la convivencia de aproximadamente 60 personas en un terreno de poca superficie, sin cumplir con el código de edificación”, expresaron.
El reclamo vecinal continúa abierto y suma adhesiones, mientras exigen que se respete el destino original del terreno y se avance con la construcción del establecimiento educativo prometido.
