El órgano electoral provincial convocó a una reunión con un temario general, dejando fuera la definición sobre la Convención Constituyente de San Rafael en un contexto de fuerte tensión política entre el Gobierno y el PJ del Sur.

La Junta Electoral de Mendoza se reunirá este lunes con una agenda que evita abordar uno de los temas más sensibles del escenario político actual: la Convención Constituyente de San Rafael. La omisión se da en medio del conflicto abierto entre el gobernador Alfredo Cornejo y los dirigentes peronistas Omar Félix y Emir Félix, quienes impulsan la autonomía municipal en el Sur provincial.

Fuentes consultadas confirmaron que la convocatoria se formalizó el lunes 30 de marzo de 2026, minutos después de que el mandatario provincial anunciara su plan de reforma constitucional y la presentación de un conflicto de poderes contra la Municipalidad de San Rafael. La medida busca frenar la convocatoria a una convención constituyente local para redactar su propia Carta Orgánica.

¿Por qué la Junta Electoral no tratará la Convención de San Rafael?

La agenda difundida por la Junta Electoral de Mendoza tiene un carácter generalista y no incluye ningún punto vinculado con la situación de San Rafael. Esto resulta clave, ya que es este organismo el encargado de validar la conformación de la convención constituyente sanrafaelina.

La decisión de excluir el tema se interpreta como un movimiento político en un escenario de alta tensión institucional. La definición sobre la Convención sigue pendiente, mientras los plazos corren y el conflicto escala.

¿Cómo está integrada la Junta Electoral y qué peso tiene el oficialismo?

La Junta Electoral de Mendoza está conformada por los siete ministros de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, el presidente de la Cámara de Diputados y la vicegobernadora, en su rol de presidenta provisional del Senado.

El organismo es presidido por Dalmiro Garay, identificado políticamente con el oficialismo. En este contexto, la correlación de fuerzas internas resulta favorable al gobernador Cornejo, quien cuenta con influencia tanto en el máximo tribunal como en las autoridades legislativas.

¿Qué rol cumple Jorge Albarracín en este escenario?

La figura operativa clave dentro del organismo es Jorge Albarracín, secretario de la Junta Electoral y referente histórico del radicalismo mendocino, con vínculos con la línea interna Causa Nacional, fundada por José Genoud.

Su rol es central, ya que tiene injerencia directa en la ejecución administrativa de los procesos electorales. En este caso, podría facilitar o bloquear la logística necesaria para avanzar con la elección de convencionales constituyentes en San Rafael.

¿Qué implica la disputa por la autonomía municipal en Mendoza?

El conflicto por la autonomía municipal se convirtió en un eje central de la agenda política provincial. El gobernador Alfredo Cornejo impulsa una reforma constitucional que busca establecer un marco regulatorio claro para los municipios, limitando su capacidad tributaria y evitando la creación de nuevos impuestos.

En paralelo, el Ejecutivo presentó un conflicto de poderes ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza para frenar la convención constituyente de San Rafael, promovida por Emir Félix y respaldada por Omar Félix.

La estrategia oficial combina así dos frentes: uno legislativo, con el envío de una enmienda constitucional, y otro judicial, con el objetivo de suspender el proceso local.

¿Qué papel juega la Suprema Corte en este conflicto?

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza enfrenta un doble rol en esta disputa. Por un lado, sus miembros integran la Junta Electoral, encargada de validar los procesos electorales. Por otro, la Sala II del tribunal debe resolver la medida cautelar presentada por el Ejecutivo para frenar la convención sanrafaelina.

Esta situación coloca al máximo tribunal en una posición delicada, al actuar simultáneamente como árbitro electoral y juez constitucional en un conflicto de alto voltaje político.

¿Qué dicen desde el peronismo mendocino?

Dentro del peronismo provincial, la iniciativa de San Rafael generó apoyos, aunque también cautela. Varios intendentes opositores siguen de cerca el desarrollo del conflicto, conscientes de que el desenlace marcará el alcance real de la autonomía municipal en Mendoza.

Sin embargo, no hay una postura unificada. Algunos sectores temen que la estrategia confrontativa de los hermanos Félix acelere una reforma constitucional más amplia, en la que el oficialismo pueda imponer cambios estructurales que modifiquen el equilibrio de poder en toda la provincia.

¿Puede frenarse la Convención Constituyente de San Rafael?

El proceso enfrenta un escenario incierto. Si la Junta Electoral de Mendoza decide no avanzar bajo el argumento de la “incertidumbre jurídica”, la convocatoria podría quedar en un limbo administrativo.

Para el sector que impulsa la autonomía, esta demora representa una maniobra para agotar los tiempos legales y evitar que la Convención sesione con legitimidad antes de que avance la reforma constitucional promovida por el Gobierno provincial.

La resolución final dependerá tanto de una definición política como de un fallo judicial de alto impacto institucional.