El operativo fue encabezado por la ministra de Seguridad y Justicia Mercedes Rus, y el intendente de Guaymallén Marcos Calvente. La vivienda había sido utilizada como guarda de bienes robados y drogas.

La Municipalidad de Guaymallén demolió una vivienda de Rodeo de la Cruz que era utilizada por delincuentes como aguantadero y guarda de bienes robados y drogas. La demolición se realizó en coordinación con el Ministerio de Seguridad y Justicia del Gobierno provincial.

En la mañana del 10 de abril, la ministra Mercedes Rus y el intendente Marcos Calvente, se reunieron en calle Tacuarí de Rodeo de la Cruz, frente a la casa que sería demolida minutos después. Antes Rus y Calvente firmaron un convenio por el que la Municipalidad de Guaymallén se sumó al nuevo protocolo diseñado por el Ministerio, para agilizar las tareas de tapiado o demolición de casas usadas por delincuentes.

Este protocolo fue oficializado a fines de enero de este año. Sin embargo antes la Municipalidad de Guaymallén y el Ministerio de Seguridad y Justicia anteriormente habían intervenido tres propiedades también utilizadas por malvivientes: dos tapiados (uno también en Rodeo de la Cruz y el otro en El Bermejo) y una demolición en Villa Nueva (Avellaneda y Quintana).

El convenio de colaboración es parte del “Programa de Intervención Administrativa sobre Inmuebles con fines de Seguridad Pública y Ciudadana”.

Marcos Calvente recordó que la de esta mañana fue la cuarta intervención conjunta con el Ministerio y la segunda demolición. Luego remarcó que “en intervenciones anteriores, llegar a una demolición implicaba atravesar instancias administrativas y judiciales que no siempre acompañaban los tiempos de la realidad. Podía tratarse de una vivienda usurpada en reiteradas ocasiones, con presencia de elementos robados o droga, pero sin contar aún con los actos administrativos necesarios para intervenir”.

Con la implementación del nuevo protocolo, el jefe comunal destacó que “el proceso se vuelve mucho más dinámico y permite dar respuestas en tiempos acordes a las investigaciones policiales. Esperamos, a partir de esto, poder avanzar con más intervenciones de este tipo, que permiten erradicar problemas vinculados a la seguridad, pero también a lo urbano. Muchas de estas propiedades abandonadas terminan generando focos de conflicto e incluso de insalubridad”.

Calvente también precisó que “los costos de estos operativos, que tienen que ver con la seguridad y la sanidad, son asumidos por el municipio”, y adelantó que tras la demolición “el trabajo continúa con el retiro de los escombros y el cierre del predio, para garantizar condiciones adecuadas de seguridad urbana”.

La ministra Mercedes Rus recordó que el Ministerio viene realizando estas acciones en varios municipios de la provincia: “esta es la intervención número once que llevamos adelante en el marco de este plan contra aguantaderos y contra inmuebles usurpados que, además, concentran el delito. Son lugares que muchas veces se utilizan para ocultar bienes robados o para la venta de droga”, explicó la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, quien supervisó la medida.

Volviendo a la vivienda de calle Tacuarí de Rodeo de la Cruz, agregó que “el inmueble había sido usurpado, pero también era utilizado para dejar elementos sustraídos y se había detectado la presencia de droga. Esto generaba una situación de inseguridad que afectaba directamente a los vecinos y al entorno”.

Rus explicó que las intervenciones son la conclusión de un proceso previo de análisis: “lo que hacemos es avanzar sobre la base de la situación de inseguridad que genera el inmueble, independientemente de que exista o no una condena. Para eso se elaboran informes policiales, se toman denuncias de vecinos y se realizan tareas de investigación que nos permiten constatar el riesgo”.

“Una vez verificada esa situación, se notifica a los titulares registrales y se actúa garantizando el derecho de propiedad, mientras se interviene para evitar que el lugar siga siendo utilizado con fines delictivos”, indicó.

Además, Rus destacó el trabajo que realizan los municipios para concretar la demolición. “Hay un trabajo técnico previo por parte de los municipios y una coordinación con el Ministerio para ejecutar las resoluciones. En muchos casos, incluso, esto representa un alivio para los propietarios, que se ven afectados por la usurpación o el uso delictivo de sus inmuebles”.