El Municipio volvió a pedirle al ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, que confirme qué recursos aportará la Provincia y bajo qué condiciones continuará el sistema. La discusión incluye aeronaves, mantenimiento, seguros, pirotecnia, costos operativos y las deudas que General Alvear mantiene con el fideicomiso y San Rafael.
La Lucha Antigranizo en San Rafael volvió a quedar en el centro de la discusión entre el Municipio y el Gobierno de Mendoza, luego de que la comuna elevara una nueva nota al ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, para reclamar definiciones concretas sobre la continuidad del sistema y los recursos que la Provincia está dispuesta a aportar.
La presentación surgió luego de que las autoridades sanrafaelinas consideraran insuficientes las respuestas recibidas hasta el momento. Según plantearon desde la comuna, la nota enviada por Vargas Arizu el 7 de septiembre dejó varios puntos sin resolver y mantiene abierta la incertidumbre sobre cómo se instrumentará el sistema de mitigación de granizo en el Sur provincial.
El secretario de Hacienda de San Rafael, Sebastián Sáenz, sostuvo que el municipio necesita una respuesta formal y no solamente declaraciones públicas.
“Solicitamos aclaraciones formales al ministro Vargas Arizu ya que su nota del 7 de septiembre deja muchos puntos en el aire y es un tema muy delicado para el sector. No puede quedar solo en algo de la boca para afuera”, señaló.
Sáenz remarcó que San Rafael mantiene su postura a favor de la continuidad de la Lucha Antigranizo, pero sostiene que el esquema no puede quedar exclusivamente bajo responsabilidad municipal.
“San Rafael quiere y necesita la Lucha Antigranizo, pero el Estado provincial no puede retirarse”, afirmó el funcionario.
En ese sentido, advirtió que los aportes provinciales fueron disminuyendo progresivamente y que, bajo esas condiciones, el municipio considera que no es posible sostener el funcionamiento del sistema sin una participación concreta de Mendoza.
“Paulatinamente van aportando cada vez menos y en estas condiciones no se puede abordar. Necesitamos y queremos la Lucha Antigranizo, pero la Provincia tiene que colaborar”, sostuvo.
El funcionario volvió a cuestionar que hasta ahora no existan definiciones precisas sobre el futuro del sistema. “No puede quedar solo en declaraciones mediáticas. Por ahora todos son rumores y biri biri, no tenemos nada en concreto”, expresó.
Qué le pide San Rafael al Gobierno de Mendoza
Uno de los principales objetivos de la nueva nota es obtener respuestas puntuales sobre los recursos que la Provincia está dispuesta a poner a disposición de la Lucha Antigranizo.
Entre los planteos formulados por San Rafael aparece, en primer lugar, la necesidad de conocer si el Gobierno de Mendoza realizará un aporte económico y cuál será el monto previsto.
También se solicitó precisar cuántas aeronaves serán cedidas para la campaña y bajo qué figura se realizará esa entrega. El Municipio quiere saber si serán dos o tres aviones, quién tendrá a su cargo su operación y cuáles serán las condiciones de utilización.
Otro de los puntos centrales está relacionado con el mantenimiento de las aeronaves y los seguros. San Rafael pretende que la Provincia determine expresamente qué organismo o administración asumirá esos costos.
A esto se suma la provisión de pirotecnia y bengalas necesarias para las tareas de mitigación y la definición respecto del 50% del costo operativo que, según los planteos municipales, debería ser contemplado dentro del esquema de financiamiento.
La comuna también pidió conocer si existen propuestas o condiciones planteadas por el Gobierno provincial a General Alvear que no hayan sido comunicadas a San Rafael.
“Necesitamos definiciones, no versiones periodísticas o rumores de pasillo. Necesitamos que el ministro sea claro y taxativo”, enfatizó Sáenz.
La discusión por las deudas de General Alvear
La situación financiera entre los municipios del Sur también quedó incorporada al reclamo. Sáenz cuestionó particularmente las obligaciones pendientes de General Alvear con el fideicomiso y con el propio Municipio de San Rafael.
Según indicó el secretario de Hacienda, General Alvear todavía adeudaría alrededor de $100 millones al fideicomiso. A esa deuda se suma otra obligación con San Rafael, vinculada con distintos gastos que el municipio asegura haber afrontado.
“Desgraciadamente no han pagado todo. El intendente de General Alvear está mal informado o miente, porque todavía debe más de 100 millones al Fideicomiso y Aviación San Rafael no puede terminar de pagar a los pilotos”, afirmó Sáenz.
El funcionario también señaló que General Alvear realizó pagos al Municipio en cuotas y cuestionó que no se hayan contemplado determinados costos financieros y operativos.
Entre los gastos mencionados aparecen la compra de pirotecnia, respecto de la cual aseguró que fueron remitidas las facturas correspondientes, y los pagos adicionales realizados a los radaristas.
La discusión por estos recursos es parte del reclamo más amplio de San Rafael para establecer con claridad cuánto aporta cada jurisdicción y cuáles son las responsabilidades que deberá asumir cada una durante la próxima campaña.
Paulo Campi cuestionó la distribución de responsabilidades
El secretario de Gobierno de San Rafael, Paulo Campi, también se refirió a la falta de definiciones y planteó que el esquema propuesto por la Provincia genera un problema de equidad para los departamentos del Sur.
“Nos preocupan los rumores, trascendidos y falta de seriedad en las respuestas. Hemos sido claros con los pedidos”, afirmó.
Campi sostuvo que existe una “falta de equidad con las necesidades del sur mendocino” y cuestionó que la Provincia pueda transferir recursos o equipamiento sin asumir también los costos necesarios para que el sistema pueda funcionar.
“El Gobierno no puede desligarse de la responsabilidad que le corresponde por ley”, planteó.
Para graficar su posición, comparó el esquema con una eventual transferencia de una tarea municipal a los vecinos sin los recursos necesarios para llevarla adelante: “Es como si el Municipio decidiera dejar de hacer la recolección y le cede el camión a los vecinos, pero sin chofer o combustible; eso es solo trasladar los problemas”.
El funcionario también comparó el tratamiento de la Lucha Antigranizo con otros programas productivos financiados por la Provincia. Recordó que el Gobierno mendocino afronta íntegramente el combate de la Lobesia Botrana y sostuvo que, de las aproximadamente 130.000 hectáreas afectadas en Mendoza, unas 800 corresponden al Sur, según los datos mencionados por el Municipio.
Campi también hizo referencia al Seguro Agrícola y afirmó que en los departamentos sureños se realiza un aporte mayor en relación con las necesidades existentes.
Arscone pidió terminar con las definiciones pendientes
El presidente del Concejo Deliberante de San Rafael, Nahuel Arscone, se sumó al reclamo y cuestionó la falta de certezas sobre el futuro de la Lucha Antigranizo.
“Le pedimos al Gobierno provincial y al ministro Vargas Arizu que den definiciones ya que esto es desgastante. Nos tienen secuestrados a los sureños con este tema. Nos piden que siendo rehenes nos hagamos cargo de nuestro propio rescate”, expresó.
Arscone también apuntó contra el intendente de General Alvear, Alejandro Molero, en el marco de la discusión entre ambos municipios por el funcionamiento y financiamiento del sistema.
“Vargas Arizu tiene que contestar y Molero dedicarse a cuidar a los alvearenses, no ser un vocero del gobernador”, sostuvo.
Finalmente, reclamó que la discusión deje de estar atravesada por disputas políticas y se concentre en la situación de los productores del Sur.
“Acá hay que defender a los productores, no hacer de esto un planteo político”, afirmó, y pidió a los dirigentes de la región que expresen una posición sobre la continuidad de la protección de las actividades agrícolas.
Mientras el Municipio espera una respuesta formal del Ministerio de Producción, la discusión por la Lucha Antigranizo permanece abierta. Para San Rafael, el próximo paso debe ser una definición concreta sobre aeronaves, financiamiento, insumos, mantenimiento y responsabilidades, antes de que el sistema vuelva a quedar sujeto a anuncios, trascendidos o acuerdos que todavía no fueron formalizados.
