La muerte de Héctor Enrique Pelayes en un tiroteo con un delincuente liberado puso en evidencia las fallas del sistema judicial en Mendoza. La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, no ocultó su frustración y apuntó contra decisiones que, según ella, ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos
El trágico fallecimiento de Héctor Enrique Pelayes, un policía retirado que murió en un violento enfrentamiento con un delincuente en Guaymallén, ha desatado una ola de indignación en Mendoza. La ministra de Seguridad de la provincia, Mercedes Rus, utilizó sus redes sociales para lamentar la pérdida y, sobre todo, para señalar severas fallas en el sistema judicial que habrían facilitado este desenlace.
“Lamentamos profundamente la pérdida del policía retirado Héctor Enrique Pelayes, quien murió en un enfrentamiento con un delincuente que no debería haber estado en libertad. Desde el Ministerio de Seguridad de Mendoza no negamos los problemas; nos ponemos al frente y trabajamos en ello”, comenzó diciendo la ministra. Sin embargo, sus palabras se enfocaron rápidamente en lo que consideró una injusticia flagrante.
Rus no dudó en señalar que Roberto Pereyra, el delincuente involucrado en el tiroteo, nunca debió haber sido liberado. “A pesar de que el Código Penal prohíbe la libertad condicional para quienes cometen homicidios en ocasión de robo, y de que la Oficina Técnico Criminológica (OTC) dictaminó en contra de su liberación, Roberto Pereyra fue puesto en libertad condicional. La Dirección de Derechos Humanos de la Corte solicitó su liberación, haciendo caso omiso a nuestras leyes”, denunció la funcionaria.
La ministra subrayó que estas decisiones judiciales no solo contradicen las leyes vigentes, sino que también ponen en peligro a la sociedad, al permitir que criminales reincidentes vuelvan a las calles. “Es difícil lograr seguridad si no hay justicia”, sentenció Rus, visiblemente frustrada por lo que percibe como una desconexión entre las decisiones judiciales y la seguridad pública.
En respuesta a estas preocupaciones, Rus destacó la reciente aprobación de la Ley 9565, que introduce la figura del Oficial de Libertad Vigilada, un mecanismo destinado a ejercer un control más estricto y presencial sobre las personas liberadas de prisión. Además, mencionó la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario (9569), diseñada para mejorar la seguridad interna de los centros penitenciarios y prevenir que se sigan cometiendo delitos desde dentro de las cárceles.
Policía retirado Héctor Enrique Pelayes, muerto en un tiroteo con un delincuente.
Finalmente, la ministra reiteró su compromiso con la seguridad de los ciudadanos y exigió que el sistema judicial actúe con mayor rigor para evitar que tragedias como la muerte de Pelayes se repitan. “Nuestra prioridad es proteger a los ciudadanos y garantizar que los responsables de actos criminales reciban el castigo que la sociedad espera”, concluyó Rus.
