El Tribunal Superior de Londres dictaminó que la Argentina debe pagar cerca de 1330 millones de euros. Se trata de la segunda sentencia en contra del país en menos de una semana tras el juicio de YPF y la decisión de la jueza Preska
La Argentina suma un nuevo fallo en contra en los tribunales internacionales en menos de una semana.
En Inglatrra, el juez Simon Picken, del Tribunal Superior Londres, dictaminó culpable al país en el caso conocido como “cupón PBI”.
El Estado argentino fue acusado de modificar la manera de calcular el producto bruto interno (PBI) para evitar pagar los intereses de una deuda emitida en 2005, como canje de los títulos en default en 2001.
En Londres, el Tribunal le dio la razón a los cuatro fondos demandantes, Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald International Limited, y la Argentina deberá pagar daños e indemnizaciones por 643 millones de euros (US$704 millones), según informó la agencia Reuters.
“El juez también dictaminó que la Argentina debe pagar alrededor de 1330 millones de euros en relación con la totalidad de los valores vinculados al PBI, de los cuales los cuatro fondos poseen aproximadamente el 48%”, informó Reuters.
El estudio jurídico Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, que representa a los demandantes, conoce muy bien a la Argentina, ya que defendió a otros fondos en la reestructuración de la deuda que llevó adelante el exministro de Economía Martín Guzmán, en 2020.
Además del juicio en Londres, hay otra demanda idéntica en Nueva York presentada por el fondo Aurelius, pero el juicio todavía no comienza. A fin de año debería iniciarse en la Corte de Distrito Sur de Nueva York, cuya jueza es Loretta Preska, la misma que falló en contra del Estado argentino la semana pasada por la expropiación del 51% de las acciones de YPF. “Ahí hay otros US$415 millones más intereses”, dijo Sebastián Maril, director de Research for Traders, quien sigue de cerca los juicios contra la Argentina en el exterior.
Axel Kicillof también involiucrado
En 2005, el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, y su secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen (actual embajador argentino en Arabia Saudita), presentaron una oferta para canjear los títulos en default de 2001 y propusieron como “endulzante” –término que se utiliza en la jerga financiera– un cupón atado a la evolución del PBI, que pagaba si el país crecía por arriba del 3% del producto (exigía un nivel de crecimiento mayor en los primeros años y después descendía al 3%).
En 2014, Axel Kicillof, actual gobernador de Buenos Aires y ministro de Economía en ese entonces, anunció una modificación en la base de cálculo del PBI, concretamente reducía los números de crecimiento del país de 2013. Con esa modificación, el país no llegaba a crecer por arriba del 3,26% como establecía el cupón para ese año.
Cuando se lanzaron los cupones, en 2005, el Indec tomaba 1993 como año base de cálculo para ir informando el crecimiento de la economía. Pero el año base cambió a 2004 en 2013, en un intento del gobierno de Cristina Kirchner de subsanar una serie estadística que era poco creíble, luego de que, en 2007, se intervino el Indec de la mano de Guillermo Moreno. Desde entonces, además, el Indec dejó de publicar la serie original con base en 1993.
Kicillof fue también quien se encargó de la expropiación del 51% de las acciones de YPF, en 2012, y tomó la decisión de no hacer una oferta por el total de la empresa, como decía el estatuto de la petrolera, diseñado en 1993, cuando comenzó a cotizar en la bolsa de Nueva York.
Debido a esa decisión, los fondos Burford y Eton Park demandaron al Estado argentino, y la jueza Preska falló en contra de la Argentina el viernes pasado, que deberá pagar indemnizaciones de entre US$3500 millones y US$19.000 millones.
