La Municipalidad de General San Martín cedió tres hectáreas frente al Parque Agnesi al Atlético San Martín para construir su predio deportivo, pero Tacurú sostiene que ese mismo espacio había sido otorgado para su uso durante una gestión anterior. Ahora el Concejo Deliberante revisa expedientes, planos, títulos y antecedentes para reconstruir qué ocurrió con las tierras y cómo se superpusieron dos decisiones municipales.

San Martín quedó frente a un problema que no empezó con una pelea entre clubes, sino con una historia de decisiones municipales sobre las mismas tres hectáreas. El terreno ubicado frente al Parque Agnesi fue cedido este año al Atlético San Martín para la construcción de un predio deportivo, pero Tacurú sostiene que ese espacio ya había sido otorgado para su utilización durante la gestión del exintendente Jorge Giménez.

La nueva cesión fue aprobada por unanimidad por el Concejo Deliberante mediante la Ordenanza 3262/26 y presentada como la concreción de un proyecto largamente esperado por el Atlético San Martín para sus divisiones inferiores. El terreno tiene unas tres hectáreas y está ubicado en un sector estratégico del Parque Agnesi, junto al espacio utilizado por Tacurú.

El problema apareció cuando Tacurú planteó que esas tierras ya tenían una historia administrativa anterior. El club sostiene que durante una gestión municipal precedente recibió una cesión de uso sobre aproximadamente tres hectáreas para ampliar sus instalaciones deportivas.

A partir de allí, la pregunta dejó de ser solamente qué institución utilizará el terreno.

La discusión pasó a ser qué decidió la Municipalidad sobre esas tierras en cada momento, qué documentos respaldan esas decisiones y si una nueva cesión podía hacerse sin resolver primero la situación del uso anterior.

Las tierras que ahora obligan a revisar el pasado

Tacurú tiene una historia particular con los terrenos que ocupa actualmente.

La institución fue fundada en 1982 y originalmente contó con unas ocho hectáreas. Esas tierras fueron posteriormente permutadas con la Municipalidad en un proceso vinculado a la ampliación del Aeroclub, y el club recibió otro terreno de una superficie similar.

Con el crecimiento de Tacurú, las ocho hectáreas comenzaron a resultar insuficientes. El club necesitaba más espacio para sus actividades y para ampliar su infraestructura.

Un antecedente relevante aparece alrededor de 2011, cuando Mendoza fue sede de un Mundial Juvenil de Rugby y las instalaciones de Tacurú fueron utilizadas por una de las delegaciones. A partir de aquella experiencia se impulsaron nuevas obras y proyectos para ampliar el predio.

Fue en ese contexto cuando, según los antecedentes que ahora intenta reconstruir el Concejo Deliberante, durante la gestión de Jorge Giménez se otorgó a Tacurú el uso de unas tres hectáreas ubicadas al norte de su predio.

La superficie habría sido destinada a estacionamiento, camarines y actividades vinculadas al hockey y al rugby. El antecedente habría quedado incorporado a un expediente administrativo con participación de funcionarios municipales y representantes de la institución.

El propio Giménez confirmó que durante su gestión se había cedido un espacio a Tacurú para desarrollar una cancha de hockey y otras instalaciones.

Ese antecedente es ahora uno de los puntos centrales del expediente.

Porque si hubo una cesión anterior, la cuestión es determinar exactamente qué se cedió, mediante qué instrumento, durante cuánto tiempo y bajo qué condiciones.

El nuevo destino llegó con una ordenanza

El 14 de septiembre, el Atlético Club San Martín anunció la concreción de un viejo proyecto: tendría tres hectáreas en el Parque Agnesi para desarrollar un predio destinado principalmente a sus divisiones inferiores.

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la Ordenanza 3262/26 y el Municipio formalizó así la entrega del terreno. La iniciativa había sido impulsada por el intendente Raúl Rufeil.

Para el Chacarero, la decisión significó avanzar sobre una necesidad institucional que venía de años atrás.

El proyecto contempla canchas y espacios de entrenamiento para los jóvenes deportistas y fue presentado públicamente como una inversión en el desarrollo de las categorías formativas.

Pero el terreno no estaba aislado de la historia deportiva del departamento.

Estaba junto a Tacurú y, según sostiene ahora esa institución, parte de ese espacio ya había sido incorporado a su actividad durante una administración municipal anterior.

Ahí se produjo la superposición.

Tacurú no dice que las tierras sean suyas

Este punto resulta clave para entender el conflicto.

Tacurú no sostiene que sea propietario de las tres hectáreas. El terreno pertenece a la Municipalidad.

Lo que reclama es que existía un antecedente de cesión de uso que debe ser revisado antes de avanzar con el nuevo destino.

El presidente del club, Gabriel Alonso, llevó el planteo a la Justicia después de que el Municipio comenzara a intervenir sobre el terreno. Pero también dejó en claro que el objetivo de Tacurú no es enfrentarse con el Atlético San Martín.

“No es complejo resolverlo”, planteó Alonso después de una reunión mantenida en el Concejo Deliberante. Según explicó, las instituciones tienen buenas relaciones y el conflicto se encuentra con la Municipalidad y con los antecedentes administrativos de las tierras.

La aclaración es importante porque permite sacar la discusión de un escenario de rivalidad deportiva.

El problema no es Tacurú contra San Martín. El problema es qué hizo la Municipalidad con esas tierras.

Cuando las máquinas llegaron al terreno

La controversia se volvió pública después de que maquinaria municipal ingresara al predio y comenzara trabajos de limpieza y nivelación.

Desde el Municipio se explicó que esos trabajos estaban relacionados inicialmente con la preparación de una playa de estacionamiento para una fecha del Turismo Nacional y que luego el Atlético San Martín comenzaría a trabajar sobre las tres hectáreas.

Para Tacurú, esa intervención aceleró una situación que todavía no estaba resuelta.

El club llevó el planteo al Ministerio Público Fiscal y pidió que no se avanzara sobre el espacio mientras se determinaba qué había ocurrido con la cesión anterior.

La presentación judicial agregó otra dimensión al conflicto.

El fiscal que se apartó

En medio de la discusión judicial apareció otro capítulo.

El fiscal Oscar Sívori decidió apartarse de la causa por sus vínculos con las dos instituciones. Es socio de Tacurú y simpatizante y exsocio activo del Atlético San Martín.

Sívori explicó que su participación inicial había estado vinculada a un intento de mediación entre las partes y no a una decisión sobre el fondo de la controversia. Tras su inhibición, si la presentación continúa por la vía correccional, el expediente quedará a cargo del fiscal Mariano Carabajal, quien se reincorpora luego de una licencia.

El cambio de fiscal, sin embargo, no resuelve la cuestión central.

Los documentos siguen siendo los mismos.

Y son esos documentos los que ahora empiezan a ocupar el centro de la escena.

El Concejo busca reconstruir qué pasó

Mientras la presentación judicial continúa su recorrido, el Concejo Deliberante comenzó a revisar la documentación relacionada con las tierras.

La tarea incluye expedientes, títulos, planos, escrituras, ordenanzas y antecedentes administrativos. También intervienen profesionales vinculados con la agrimensura y la documentación notarial para establecer con precisión la historia del terreno.

El objetivo es reconstruir la secuencia completa.

Primero, qué ocurrió con las ocho hectáreas que recibió Tacurú y que luego fueron objeto de una permuta.

Después, qué superficie quedó en manos municipales.

Más adelante, qué instrumento permitió a Tacurú utilizar las tres hectáreas que ahora reclama.

Y finalmente, qué antecedentes tuvo en cuenta el Ejecutivo municipal cuando impulsó la Ordenanza 3262/26.

La respuesta a esas preguntas puede determinar si las dos decisiones municipales son compatibles o si existe una superposición que debe ser corregida.

Una ordenanza aprobada por unanimidad bajo revisión

La Ordenanza 3262/26 fue aprobada por unanimidad por el Concejo Deliberante.

Ese dato adquiere especial relevancia ahora porque el cuerpo legislativo debe revisar los antecedentes de una decisión que él mismo aprobó.

La cuestión no consiste en afirmar que la ordenanza sea inválida. Eso deberá establecerse a partir de la documentación y, eventualmente, por las autoridades competentes.

La pregunta periodística es anterior.

¿Qué información existía sobre esas tierras cuando se aprobó la nueva cesión?

Si el antecedente de Tacurú estaba documentado, habrá que determinar si fue considerado durante el tratamiento de la ordenanza.

Si no estaba incorporado al expediente, habrá que establecer por qué.

Y si la cesión anterior existía pero había perdido vigencia, será necesario determinar cuándo y cómo ocurrió esa modificación.

Son respuestas que no se pueden obtener de las declaraciones de los protagonistas.

Están en los papeles.

¿Hay lugar para los dos proyectos?

Hay otro dato que puede modificar por completo el conflicto.

El concejal y abogado Walter Sar Sar sostuvo que podría existir superficie suficiente para que Tacurú y Atlético San Martín desarrollen sus respectivos proyectos.

Pero antes de determinar una eventual distribución física, el Concejo entiende que debe resolver la situación jurídica del terreno.

Eso abre una posibilidad distinta.

Si los planos confirman que existe espacio suficiente, el problema podría no ser una disputa por las tres hectáreas completas.

Podría tratarse de una cuestión de delimitación, regularización y reconocimiento de los distintos usos.

En ese escenario, ambas instituciones podrían conservar sus proyectos sin que una tenga que quedar necesariamente desplazada por la otra.

Pero para llegar a ese punto primero habrá que saber qué derechos fueron otorgados anteriormente y cuáles tienen respaldo legal.

La negociación volvió al Concejo

El lunes, representantes de Tacurú y de la Municipalidad volvieron a sentarse alrededor de una mesa en el Concejo Deliberante.

No hubo una solución definitiva.

Sí hubo un acuerdo para volver a reunirse con toda la documentación disponible y buscar una salida. Alonso destacó la predisposición de las partes y sostuvo que no existe una intención de llevar el conflicto hacia una confrontación entre instituciones.

La reunión también permitió confirmar algo que puede resultar determinante para el futuro del caso: el conflicto todavía tiene una instancia política y administrativa antes de quedar completamente atrapado en la vía judicial.

La Municipalidad puede revisar sus propios antecedentes.

El Concejo puede reconstruir el expediente.

Tacurú puede aportar la documentación que sostiene su reclamo.

Y el Atlético San Martín puede defender el derecho que recibió mediante la ordenanza aprobada este año.

Las cuatro preguntas que ahora deben responder los papeles

La disputa puede resumirse en cuatro preguntas concretas.

¿Qué pasó con las ocho hectáreas originales de Tacurú?

La respuesta permitirá determinar qué tierras corresponden al predio actual del club y cuáles permanecieron como patrimonio municipal después de la permuta.

¿Qué cedió exactamente la gestión de Jorge Giménez?

No alcanza con confirmar que existió una cesión. Hay que establecer su superficie, plazo, condiciones e instrumento jurídico.

¿Qué antecedentes tuvo el Ejecutivo al impulsar la Ordenanza 3262/26?

La norma fue aprobada por unanimidad. Ahora será necesario reconstruir qué documentación acompañó el proyecto y qué información estuvo disponible antes de la votación.

¿Pueden convivir los dos proyectos deportivos?

Los primeros planteos dentro del Concejo indican que podría existir una alternativa para ambos clubes. Pero esa posibilidad depende de los planos, la delimitación y, sobre todo, de la situación jurídica.

Tres hectáreas que cuentan mucho más que una pelea entre clubes

La historia de estas tierras terminó poniendo bajo la lupa decisiones tomadas por distintas administraciones municipales.

Una gestión otorgó un uso que Tacurú considera vigente.

Otra decidió ceder el mismo sector al Atlético San Martín.

El Concejo aprobó esa nueva cesión por unanimidad.

Tacurú recurrió a la Justicia.

Un fiscal se apartó por sus vínculos con ambas instituciones.

Y ahora el propio Concejo volvió a los expedientes para intentar reconstruir qué pasó.

La salida, por lo tanto, no parece estar en determinar cuál de los dos clubes tiene más peso en San Martín.

Tampoco en convertir el caso en una disputa entre hinchadas, socios o dirigentes.

La salida está en establecer qué dicen los documentos.

Porque las tres hectáreas siguen perteneciendo al Municipio, pero sobre ellas existen antecedentes de uso, decisiones administrativas y una nueva ordenanza.

Y si dos decisiones municipales terminaron superponiéndose sobre el mismo terreno, el verdadero interrogante no es solamente qué club ocupará ese espacio.

Es cómo se llegó hasta acá.