El intendente de la Ciudad de Mendoza destacó la aprobación de la reforma del Código Contravencional que endurece las sanciones por arrojar residuos y protege la infraestructura hídrica. La medida era uno de los pedidos que había planteado durante los últimos meses.
Ulpiano Suarez celebró la aprobación de la reforma del Código Contravencional de Mendoza que endurece las multas por arrojar residuos en espacios públicos y, especialmente, en acequias, canales y otros sistemas de drenaje. El intendente de la Ciudad de Mendoza había planteado durante los últimos meses la necesidad de contar con sanciones más firmes para desalentar estas conductas.
“Qué bueno que lo que venimos impulsando desde la Ciudad de Mendoza haya encontrado apoyo unánime en el Senado de la Provincia”, destacó Suarez después de que la Cámara Alta aprobara por unanimidad la modificación de la normativa.
La nueva legislación establece multas de hasta $1,8 millones para quienes afecten específicamente la infraestructura hídrica y eleva las sanciones hasta $6 millones cuando las infracciones sean cometidas en el marco de actividades vinculadas con empresas u otras personas jurídicas.
Para Suarez, la importancia de la medida excede la limpieza de las calles y los espacios públicos. El intendente vinculó el cuidado de las acequias y los canales con el funcionamiento del sistema de drenaje y con la prevención frente a posibles lluvias intensas.
El reclamo que ahora tiene una respuesta provincial
La Ciudad de Mendoza venía planteando que el arrojo de residuos en cauces y canales generaba un problema que iba más allá de la convivencia urbana.
Durante 2025, el municipio realizó distintos operativos de limpieza en el colector Papagayos y retiró más de 1.100 toneladas de residuos. Según datos difundidos por la comuna, esas tareas representaron un costo superior a $128 millones.
La situación continuó durante este año. El 2 de octubre, un nuevo operativo permitió retirar otras 60 toneladas de residuos del canal Papagayos, con participación de operarios, camiones y maquinaria pesada.
En ese contexto, Suarez había pedido una mayor firmeza en las sanciones para quienes arrojan basura en acequias, canales y cauces. La reforma aprobada por el Senado incorpora ahora un régimen provincial específico para esas conductas.
Qué celebró Suarez de la nueva normativa
El intendente destacó especialmente que la iniciativa haya conseguido respaldo unánime en el Senado.
“Esto no tiene banderas políticas, y está bien que así sea”, sostuvo Suarez, al considerar que el cuidado de la infraestructura hídrica requiere una mirada que exceda las diferencias entre gobiernos y jurisdicciones.
El jefe comunal también remarcó que mantener las acequias y los canales limpios no responde solamente a una cuestión estética.
“Tener las acequias y los canales limpios va más allá de que la Ciudad se vea linda o de cuidar el ambiente”, señaló.
En su análisis, el estado de esos sistemas también adquiere importancia frente a la posibilidad de un aumento de las lluvias asociado al fenómeno de El Niño.
“Ante la posibilidad de que aumenten las lluvias con el fenómeno de El Niño, es también una cuestión de seguridad para los mendocinos”, afirmó.
Las nuevas sanciones para quienes arrojen residuos
La reforma establece multas de entre 1.000 y 2.000 Unidades Fijas para quienes arrojen o acumulen residuos, escombros, malezas, aguas servidas o metales en calles, plazas, parques, acequias, canales, cursos de agua y otros bienes públicos o privados.
A esas multas se podrán sumar arrestos de 10 a 20 días y 30 días de trabajo comunitario de limpieza.
Además, los responsables deberán afrontar los costos derivados de la limpieza, remoción y traslado de los residuos.
Cuando se trate de conductas que afecten específicamente la infraestructura hídrica y de drenaje, las sanciones serán mayores. Las multas llegarán a entre 1.500 y 3.000 Unidades Fijas, mientras que el arresto podrá extenderse entre 15 y 25 días y el trabajo comunitario alcanzará los 25 días.
Qué pasa con las empresas
La nueva normativa también incorpora sanciones para personas jurídicas cuando las infracciones sean cometidas en nombre, al amparo, interés o beneficio de una empresa.
En esos casos, las multas serán de entre 5.000 y 10.000 Unidades Fijas, equivalentes actualmente a unos $3 millones y $6 millones.
También podrán aplicarse sanciones accesorias como el decomiso, la clausura o la inhabilitación del comercio.
La responsabilidad de la empresa será independiente de la que pueda corresponder a la persona que haya cometido materialmente la infracción.
Las multas se duplicarán durante emergencias
Otro de los aspectos destacados de la reforma es el agravamiento de las sanciones durante alertas o emergencias hidrometeorológicas y estados de catástrofe formalmente declarados.
En esas situaciones, los mínimos y máximos de las multas previstas serán duplicados.
El criterio apunta a evitar que residuos, escombros u otros elementos terminen obstruyendo canales, colectores o cauces justamente cuando esas estructuras deben garantizar el escurrimiento del agua ante una contingencia meteorológica.
La reforma también establece que los infractores deberán hacerse cargo de los costos de limpieza y saneamiento que sean necesarios.
La Ciudad ya aplicaba sanciones
El planteo de Suarez se produjo mientras la Ciudad de Mendoza avanzaba con herramientas propias para combatir el arrojo de residuos en su sistema hídrico.
El municipio incorporó este año una figura específica para sancionar el depósito de basura en acequias, cauces, canales y desagües pluviales, además de habilitar herramientas digitales para que los vecinos puedan aportar fotografías y videos en sus denuncias.
La diferencia ahora es que la reforma aprobada por la Legislatura establece un régimen con alcance provincial y fija sanciones específicas para quienes afecten la infraestructura hídrica.
Por eso, Suarez valoró la aprobación como una herramienta que permitirá profundizar el trabajo que ya se viene realizando en la Ciudad y extender ese criterio al resto de Mendoza.
“Contaremos con una muy buena herramienta para que, junto a los demás intendentes, podamos profundizar el cuidado de nuestros cauces y de nuestros vecinos en toda la provincia”, afirmó.
La nueva normativa, de esta manera, suma una herramienta de alcance provincial a una problemática que los municipios vienen enfrentando con operativos de limpieza y prevención. Para la Ciudad de Mendoza, el objetivo es que el costo de retirar la basura no recaiga solamente sobre el Estado y que arrojar residuos en los cauces tenga consecuencias concretas para quienes lo hacen.
