Por DANIEL ARIOSTO / La democracia, como sistema de gobierno y de vida, es lo que mejor se ajusta a nuestra vida, teniendo en cuenta las actuales circunstancias del hombre, no cabe dudas de eso.
Es cierto también que presenta serias falencias que, en muchos casos, han sido sorteadas y en otros, se presentan como realidades, males menores que se sostienen como tales.
La falta de transparencia en actos de gobierno; las injusticias; grupos que se imponen sobre otros; la escasa representatividad en lo más amplio de ese concepto; el no respeto de algunas cláusulas del contrato con la sociedad, por parte de los políticos; el alejamiento de esa misma clase política de sus votantes; suelen ser algunos de los escollos con los que nos encontramos en mayor o menor, ante este sistema.
Pero aún con sus falencias, lo que garantiza sin dudas, esta forma de gobierno es el apego a la Ley y el respeto a las instituciones que esta funda, pone en funcionamiento y controla.
La Constitución Nacional en el caso de nuestro país, representa la máxima norma en la cual ampararnos y a la cual, todos los poderes y ciudadanos debemos recurrir de manera permanente.
En muchas oportunidades, hemos hablado de la anomia del pueblo argentino y de cómo nos caracterizamos por no respetar las reglas que regulan la vida en comunidad. Eso es grave, pero, aun así, nos define como sociedad.
Esto mismo se torna realmente catastrófico cuando el no cumplimiento de la Ley y la falta total de respeto a las instituciones o el uso de las mismas para beneficio de un sector o incluso, de una sola persona es llevada a cabo por los más importantes representantes de la voluntad del pueblo, nuestras máximas autoridades.
No es saludable ni conveniente que un representante de un poder opine, desprecie y avasalle a otros, más todavía, es francamente inaceptable. La falta de respeto a las máximas autoridades es verdaderamente un despropósito, porque esa falta de respeto es directamente trasladable a la ley y las instituciones. En general, es una característica de nuestra clase política totalmente acentuada en los últimos tiempos.
Las últimas semanas la crisis política ha sido de tal magnitud que muchos han salido a protestar y los más, observamos atónitos el espectáculo decadente y destructivo, hacia nuestra pobre Argentina.
Sin dudas, nuestra clase política debería ser la principal abanderada en defensa de nuestras leyes, las instituciones, en resumen, de nuestra democracia. Están en ese lugar para cuidarnos a nosotros, a nuestras leyes, en definitiva, al país. Están en falta en ese aspecto también y aunque sin esperanza de que esto cambie, debemos exigir que cumplan con su compromiso y responsabilidad.
Los ciudadanos tenemos que cumplir y exigir que se cumplan las leyes, sin excepciones, prerrogativas, ni privilegios. Garantizar con nuestro apoyo el funcionamiento de las instituciones y por sobre todo, votar informados de manera consciente y responsable a personas idóneas, también conscientes, responsables y respetables, para que nunca más volvamos a vivir tiempos de zozobra y desencanto.