Por CAROLINA JACKY / Cuando a la Justicia se le cae la venda de sus ojos es el día en que tus derechos y garantías están en peligro.

La tentación de tener una Suprema Corte (Provincial) o una Corte Suprema (Nacional) que responda a los intereses del Poder Ejecutivo ha sido una experiencia ya vivida en nuestro país, una justicia sin venda.

La venda es para que no haga distinción entre unos y otros, es la virtud de la imparcialidad, pero siempre la tentación de Presidentes y Gobernadores, que en todo los casos luego necesitan la aprobación del Senado, para tener su propia justicia.

 A nivel nacional el Senado siempre estuvo en poder del justicialismo, siendo esta fuerza política la que habilitó a todos los miembros de la actual Corte. El error de muchos dirigentes políticos es creer que la Corte está para obedecer sus órdenes, las Cortes están para el control de constitucionalidad sobre los otros dos poderes, así funciona un sistema republicano y no autocrático.

Meter mano en la Corte para tener una justicia amiga, ha sido propio de oficialismo y oposición. Para lograr esto algunos modificaron la cantidad de miembros que la componen, y así tener una Corte adicta, cómo no recordar la Corte de Menem.

Cuando no se tienen las mayorías legislativas necesarias para hacer esto, se puede llegar por renuncias, jubilación o Juicio Político, algo de esto le aconteció a la Corte de Menem, permitiendo al Presidente Néstor Kirchner designar a varios de los Ministros de la Corte Nacional. En esto es de destacar que para su designación se privilegió el pensamiento y trayectoria de estos en el mundo del derecho, antes que su militancia o dependencia partidaria.

Cuando nos referimos a la Suprema Corte mendocina hay que destacar que de los últimos Gobernadores, fue Alfredo Cornejo el que pudo incidir en el nombramiento de tres de ellos, lo que no es poco.

Fuerte resistencia tuvo la designación del Dr. José Valerio, con antigua y activa militancia en la juventud radical, ocupando un cargo legislativo provincial allá en 1983 con la famosa lista 3 que llevó a Alfonsín como Presidente y a Llaver de Gobernador, para luego ingresar como magistrado al Poder Judicial, sin dejar nunca de estar identificado partidariamente, pero la oposición a su designación fue más por sus antecedentes patriarcales, misóginos y de discriminación que se le atribuían a algunos de sus fallos y posición en la cátedra en la Universidad. No se puede dejar de destacar sus años en la magistratura, alejado de la militancia partidaria activa.

Fue la designación del actual Presidente de la Corte, Dr. Dalmiro Garay, posiblemente lo que demostraba una coptación política partidaria por parte del Poder Ejecutivo, y la que provocó mayor resistencia. El Dr. Dalmiro Garay venía de ser Ministro de Gobierno, ministro político del Gobernador Cornejo, y por supuesto con militancia activa en el radicalismo.

Hasta acá, estas designaciones fueron acompañadas por la mayoría propia de Cambia Mendoza en el Senado Provincial, sin que nadie, desde ese espacio denunciara la gravedad institucional que esto significaba.

Tampoco la oposición advirtió a la opinión pública de lo que esto significaba y de los derechos y garantías que los ciudadanos podíamos ir perdiendo, posiblemente porque ellos también lo hicieron en su momento acá en Mendoza e insistentemente lo propugnan a nivel nacional.

En este caso les recuerdo una frase que todos conocemos en el mundo del derecho “nadie puede alegar su propia torpeza”, es evidente que el PJ padece de un problema de no saber elegir.

En Mendoza, fueron los docentes los primeros en sentir en carne propia, con los fallos que declararon constitucional el “item aula”, que una Corte se puede olvidar de derechos convencionales de derechos humanos cuando cumple órdenes del Ejecutivo.

De los otros miembros de la Corte Provincial, tenemos al Dr. Pedro Llorente, quien llegó de la mano del Gobernador Santiago Llaver, decano entre los demás, y luego llegó el Dr. Mario Adaro, designado por Celso Jaque. Lo más parecido al caso del Dr. Garay, salvo por el bajo perfil con que participó en este Tribunal, destacándose hoy por el Juez de la Innovación tecnológica, representándose, el mismo, con un avatar, dando otra impronta a la vieja justicia de papel, para pasar a la digital.

Fue el Gobernador Francisco Perez que posteriormente designa dos de los actuales miembros del Alto Tribunal. Así fue como llegó el Dr. Omar Palermo, del que nadie le puede criticar su trayectoria profesional dentro de la justicia y en el mundo del derecho, donde podremos compartir o no su pensamiento jurídico, pero hablamos de derecho y no de política partidaria. Tampoco pretendamos que los miembros de la Corte, cualquiera sea ella, lleguen en un plato volador, son parte de la sociedad, solo debemos esperar que se ajusten al derecho, a la Constitución, y no que respondan órdenes del Ejecutivo. Este último Gobernador Justicialista tuvo la oportunidad de designar al Dr. Julio Gomez, quien, más allá de identificarse con ese partido, la mayor parte de su vida profesional transcurrió en el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza. Por un voto del Senado, llegó al máximo Tribunal, que gracias a la ausencia con aviso del FIT, representado por la Senadora Noelia Barbeito, logró ingresar.

Finalmente es la Dra. María Teresa Day quien, a pesar de un fuerte cuestionamiento formal, por imposición de la mayoría legislativa y Cortesana llega al Superior Tribunal, propuesta por el Gobernador Rodolfo Suarez, con pleno apoyo del ex Gobernador Alfredo Cornejo. Ex coordinadora del Ministerio Público Fiscal, tuvo como jefe al ex Procurador de la Corte Dr. Rodolfo González y al actual, Dr. Alejandro Gulle. Una Ministra con gran influencia y conocimiento de las internas del mundo de los fiscales, que destacan como de mano dura y de fidelidad absoluta. Se dice que es quien, junto con el Dr. Garay se encarga de disciplinar la tropa.

Ahí estaría el verdadero poder político partidario de la Corte.

La línea que divide una Corte con venda a una sin venda es la independencia de criterio, la que prioriza la Constitución, las Convenciones Internacionales y la ley ante que los deseos del poder político de turno, o del político de turno.

En los últimos tiempos la Corte de Mendoza se politizó constituyéndose en un brazo del Poder Ejecutivo, respaldando sus actos, más allá de la Carta Magna, atravesada por la política partidaria.

Ha sido objeto de fuertes cuestionamientos, con el imprudente accionar de forzar situaciones sin importar su desprestigio.

El concurso de aspirantes es un ejemplo de ello, teñido de corrupción, ventas de exámenes, filtración de respuestas, y todo vinculado con el partido político gobernante, y en vez de anular todo el concurso, buscando como ocultar la supuesta maniobra que vuelve a lesionar la institucionalidad, sigue adelante, no importa el costo político.

La Corte tiene superintendencia sobre todos los jueces, no así sobre los fiscales quienes dependen del Ministerio Público Fiscal, a cargo del Procurador Dr. Alejandro Gulle.

Ante la renuncia del ex Procurador Dr. Rodolfo González, el entonces Gobernador Cornejo designó al Dr. Alejandro Gulle, en este caso un profesional de carrera dentro del Poder Judicial, quien llegó a ser Juez de Cámara del Crimen, como lo fue el Dr. José Valerio, pero sin una militancia activa, se lo relaciona con Julio Cobos. Es profesor universitario y con un perfil de fuerte defensa a las víctimas de delitos, alejado del pensamiento garantista que anida en otros espacios de la justicia. Nuevamente, como en el caso del Dr. Palermo, podemos no estar de acuerdo con su pensamiento jurídico, pero no podemos adjudicarles dependencia política partidaria.

En la práctica es el encargado de dar los lineamientos de trabajo a los fiscales, pero es un error creer que los fiscales actúan como marionetas del Procurador, esto es desconocer la intimidad de ese espacio judicial, amén que despreciar el trabajo de abogados defensores y querellantes. La diferencia entre la Procuración y la Corte, es que la primera no termina decidiendo nada, la que decide en definitiva es la Corte, ahí esta el poder. Son los jueces los que condenan, sobreseen o archivan las causas, no los fiscales, y mucho depende de los abogados defensores y querellantes.

Los ciudadanos debemos aprender que para hacer valer nuestros derechos debemos buscar los mejores profesionales para litigar, ya sea para la defensa o para la querella, solo así se puede luchar contra el sistema, y lograr que la Justicia se ponga la venda.