En medio del juicio a Walter Bento y otros 31 imputados por corrupción judicial, reveladoras declaraciones de abogados destacan la supuesta influencia y sobornos en el sistema legal
La declaración testimonial de dos abogados en la megacausa que tiene en el banquillo de los acusados al suspendido juez federal con competencia electoral Walter Bento, acusado de liderar una asociación ilícita que pedía dinero a cambio de favores en las causas que instruía, y a otros 31 imputados, dio luz hoy a la supuesta manera que tenían de operar.
El abogado especialista en derechos humanos Carlos Varela Álvarez dijo que en las causas que le tocó tramitar en el juzgado federal 1 de Bento “siempre fue en términos de respeto, que normalmente resolvieron como tenían que resolver”.
Agregó que “nunca recibí una cosa que no correspondiera, ya sea por sí o por no, y cuando lo rechazaban obviamente lo apelé”, y se cubrió al definirse como “testigo de oídos y no directo”.
El letrado sacó a la luz una causa de hace varios años por lavado de activos contra el exintendente peronista de Guaymallén Luis Lobos (hoy detenido), y explicó que por entonces lo llamó por teléfono Omar Venier (fallecido) quien era el defensor del exjefe comunal, para alertarlo que de esa causa iba a quedar frenada, y efectivamente así ocurrió.
En relación a la Unidad 32 como lugar de detención, que es la Alcaldía de los Tribunales Federales, donde algunos de los imputados permanecieron encarcelados, Varela Álvarez respondió: “Para mí ese lugar es inhumano”.
Fue más allá al asegurar que pasar alojado en esa dependencia muchos días “que no tenga recreación, salida, visita, eso en términos del Comité contra la Tortura podría ser considerado una tortura”.
“O al menos -agregó- un trato inhumano en los términos de la Convención contra la Tortura”.
En tanto, el abogado Carlos Rafael Figueroa, declaró que fue defensor de otro de los imputados en esta causa, Javier Ortega Pérez, acusado de pagar sobornos para mejorar su calidad procesal.
“Mi cliente repetía constantemente que había abogados que tenían llegada al juez”, y para supuestamente evitar ir a la cárcel “decía que estaba dispuesto a pagar lo que sea”.
Ortega Pérez se encuentra imputado en esta causa por cohecho activo agravado por un hecho en calidad de coautor respecto de su propia situación como presunto sobornador.
Finalmente se terminó contactando con dos abogados: Alejandro Matías Armayo Ciacera, imputado por asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con cohecho activo agravado en calidad de coautor por tres hechos, todos a su vez en concurso real; y con Leopoldo Antonio Ríos Santander, imputados por asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con cohecho activo agravado en calidad de coautor en cuatro hechos, todos a su vez en concurso real.
Figueroa adujo: “Yo hice todo el trabajo (de la defensa de Ortega Pérez), pero cuando apareció Ríos me revocaron de la defensa”, y sostuvo que su entonces defendido le dijo “que no me iba a pagar porque tenía una línea directa al juez”.
El abogado dijo: “A este hombre lo desplumaron”, y agregó que “se habla de 700 mil dólares que les dieron a los hombres que vinieron después de mí (en la defensa de Ortega Pérez). Por eso digo que lo desplumaron, lo estafaron”.
