San Rafael y General Alvear mantienen profundas diferencias políticas, pero comparten una definición central para el Sur mendocino: ambos quieren que continúe el combate aéreo contra el granizo. La discusión ahora pasa por cuántos aviones habrá, quién financiará el operativo y bajo qué condiciones funcionará un sistema que vuelve a llegar a septiembre sin un acuerdo integral.
La Lucha Antigranizo vuelve a convertirse en uno de los principales puntos de tensión entre el Sur mendocino y el Gobierno provincial. Mientras San Rafael reclama una participación concreta de Mendoza y un esquema de largo plazo, General Alvear también sostiene la necesidad de mantener la herramienta para proteger a los productores. En medio de las diferencias políticas entre ambos departamentos y la Provincia, el calendario avanza y las definiciones todavía no aparecen.
El escenario tiene una particularidad que no debería pasar inadvertida. San Rafael, conducido por el peronista Omar Félix, y General Alvear, gobernado por el radical Alejandro Molero, mantienen posiciones políticas muy diferentes y durante los últimos meses protagonizaron distintos cruces por cuestiones regionales. Sin embargo, cuando se trata de la Lucha Antigranizo, la coincidencia aparece con claridad: ninguno de los dos municipios quiere resignar el sistema aéreo.
La diferencia está en las condiciones para sostenerlo.
San Rafael pide tres aviones y un acuerdo de largo plazo para sostener la Lucha Antigranizo
San Rafael pide más aviones y un acuerdo de largo plazo
El Municipio de San Rafael planteó que necesita al menos tres aeronaves para garantizar una operatoria que no quede condicionada ante eventuales desperfectos, tareas de mantenimiento o situaciones que puedan dejar fuera de servicio a alguno de los equipos.
La posición del intendente Omar Félix también incluye otro reclamo: que la Provincia vuelva a participar en el financiamiento y que se establezca un convenio de largo plazo. La propuesta sanrafaelina apunta a un acuerdo de entre ocho y diez años que permita evitar que la continuidad del sistema vuelva a convertirse en una discusión política y presupuestaria cada vez que se aproxima una nueva temporada.
La solicitud tiene como argumento central la previsibilidad. Para los sectores productivos del Sur, la Lucha Antigranizo no puede organizarse sobre la base de decisiones tomadas a último momento, porque la temporada de tormentas comienza independientemente de que las administraciones hayan logrado ponerse de acuerdo.
Después de dos temporadas en las que San Rafael y General Alvear asumieron buena parte del costo del operativo, el reclamo vuelve a plantearse antes del período de mayor riesgo para las producciones agrícolas.
La Provincia mantiene otra postura
Desde el Gobierno de Mendoza, en cambio, se ratificó la disponibilidad de dos aeronaves y del soporte vinculado con la información meteorológica, pero sin aceptar las condiciones económicas planteadas por San Rafael.
Ese punto es uno de los principales nudos de la discusión. Provincia y municipios coinciden en la necesidad de contar con una herramienta de mitigación del granizo, pero no encuentran todavía un punto común respecto de quién debe pagarla, cuántos recursos son necesarios y cuál debe ser el esquema para los próximos años.
La diferencia no es menor. El sistema aéreo requiere aviones disponibles, pilotos, mantenimiento, logística, información meteorológica y una estructura operativa capaz de responder cuando las condiciones atmosféricas lo demandan. Por eso, la discusión sobre la cantidad de aeronaves excede una cuestión numérica: también determina qué capacidad de respuesta tendrá el operativo cuando una tormenta alcance las zonas productivas.
Vargas Arizu, otro foco de tensión
En esta discusión también quedó involucrado el ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, cuya relación con sectores productivos, económicos y empresariales de San Rafael atraviesa un momento de fuerte tensión.
Uno de los episodios que profundizó el malestar se produjo a partir de una comunicación oficial que hizo referencia a la posibilidad de “ceder” aeronaves. Horas después, en declaraciones a FM Vos 94.5, el propio ministro aclaró que los municipios debían afrontar el costo de esas aeronaves.
La diferencia entre ambas formulaciones generó nuevas críticas en San Rafael y volvió a instalar un reclamo que ya había realizado la Cámara de Comercio local: que Vargas Arizu concurriera personalmente al departamento para explicar la política provincial respecto de la Lucha Antigranizo.
La intervención del sector privado tiene relevancia porque la discusión no involucra solamente a los gobiernos. La producción agrícola del Sur mendocino es uno de los sectores directamente expuestos al impacto de las tormentas severas y, por lo tanto, sus representantes reclaman conocer con anticipación cuáles serán las herramientas disponibles.
Una coincidencia que atraviesa la pelea política
La situación también deja expuesta una paradoja regional.
San Rafael y General Alvear tienen diferencias políticas profundas y no siempre coinciden en sus estrategias frente al Gobierno provincial. Sin embargo, en este caso ambos municipios sostienen que la Lucha Antigranizo debe continuar.
Esa coincidencia debería facilitar una discusión regional sobre el sistema, aunque por ahora las diferencias respecto del financiamiento y la cantidad de aeronaves siguen pesando más.
Alvear ya manifestó su voluntad de avanzar con el operativo bajo las condiciones que pueda acordar con la Provincia. San Rafael, en cambio, pretende modificar el esquema y obtener un compromiso provincial de mayor alcance.
Los dos caminos parten de una misma conclusión: el granizo sigue siendo una amenaza concreta para las economías productivas del Sur.
El calendario vuelve a poner presión
El problema es que las tormentas no esperan a que terminen las discusiones administrativas.
Septiembre marca el ingreso a una etapa en la que las condiciones de inestabilidad comienzan a adquirir mayor importancia para la actividad agrícola, y la preocupación aumenta entre productores que necesitan conocer qué capacidad de respuesta existirá cuando aparezcan las primeras tormentas fuertes.
Por eso, la discusión sobre la Lucha Antigranizo no debería quedar reducida a la disputa entre Félix, Molero y el Gobierno provincial. Detrás de las posiciones políticas hay una cuestión concreta: qué sistema tendrá disponible el Sur mendocino cuando una tormenta pueda comprometer una cosecha.
Provincia sostiene una propuesta. San Rafael reclama otra. General Alvear busca avanzar bajo condiciones diferentes. Los productores, mientras tanto, necesitan certezas.
Después de dos temporadas en las que los municipios sostuvieron económicamente buena parte del operativo y cuando ambos departamentos coinciden en que quieren mantener la herramienta, resulta difícil explicar que nuevamente se llegue a septiembre sin un esquema integral definido.
La discusión puede continuar con notas, respuestas, conferencias, comunicados y cruces políticos. Pero el calendario sigue avanzando y las tormentas no van a esperar una resolución administrativa.
Como decía la abuela: el pescado sigue sin vender.
